Desde diciembre de 2006, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en ingles) investiga en profundidad sobre las muertes de confinados en la Institución Correccional Guerrero en Aguadilla. Aunque han publicado hallazgos de la misma, ni la Legislatura, Corrección, el Gobernador o la Comisión de Derechos Civiles ha tomado acción al respecto.

En el transcurso de dicha investigación se obtuvo información sobre las muertes de por lo menos 53 confinados, los cuales casi en su totalidad se encontraban detenidos en espera de vista o sumariados. Por ello, la Legislatura se comprometió en investigar las causas de dichas muertes, pero dichas investigaciones nunca se realizaron.

Ayer un rotativo del país, haciendo referencia a una declaración jurada de un testigo de los hechos relatados, informó sobre el uso indiscriminado por oficiales correccionales de pistolas paralizantes de carga eléctrica contra confinados dentro de sus celdas.

A este dato le sigue una alegación previa sobre 14 confinados y la familia de un confinado muerto por fuerza excesiva con rotenes contra confinados que se encontraban sometidos a la obediencia. Se alega que esta conducta abusiva por parte del estado contra personas bajo su custodia se debe a una campaña dirigida a someter a los confinandos a la obediencia general.

Estos reportajes se suman a querellas previas recibidas por la ACLU, mediante declaración jurada, sobre el uso desmedido de gas pimienta dentro de las celdas de los confinados como forma de castigo.

Para la ACLU sin duda alguna, de ser ciertas las alegaciones estaríamos ante un grave patrón de violaciones de libertades civiles fundamentales y violaciones de derechos humanos proscritos por el derecho internacional.

La ACLU de Puerto Rico está comprometida en continuar la investigación y dar seguimiento a su informe sobre las muertes en las cárceles de Puerto Rico, con miras a causar cambio en los protocolos aplicados en las instituciones carcelarias sobre el uso de armas menos letales contraseres humanos bajo la custodia del estado.

No obstante, la ACLU aprovechó mediante comunicación escrita en hacer un llamado enérgico al gobernador Alejandro García Padilla, Senado de Puerto Rico y el Secretario de Corrección de turno a