Los alcaldes populares acordaron pedirle al gobernador Alejandro García Padilla que remueva a Jose Pagan como presidente del Banco Gubernamental de Fomento y que desista de reducir el .5% el impuesto de ventas y uso para no afectar las arcas de los municipios.

El presidente de la Asociación de Alcaldes, José A. Santiago, dijo que los 47 alcaldes populares aprobaron una resolución en su reunión mensual del martes que rechaza el nombramiento de Pagán por entender que éste está atentando contra las finanzas de los municipios.

Los comentarios de Santiago fueron en respuesta a una pregunta de NotiCel en torno a su opinión sobre la decisión de Pagán de limitar las emisiones de bonos para lo que resta del año. Pagán dijo que tomaba la decisión ante la 'volatilidad del mercado municipal' debido a que los mercados financieros continúan viéndose adversamente afectados por la bancarrota de la ciudad de Detroit y por los aumentos en los costos de tomar prestado que han sufrido todos los emisores de deuda en los mercados municipales, no solamente Puerto Rico.

Santiago dijo que entiende que Pagán, quien es miembro de la junta del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, tiene una 'visión errónea de los municipios' al sugerir que los municipios son responsables de la precaria situación del BGF y de no pagar.

La deuda pública de Puerto Rico al 2012 era de $64 billones y unos $4 billones son deuda municipal.

Santiago dijo que la deuda municipal está garantizada por varias fuentes como el CAE, la contribución especial adicional que cobra el CRIM a las propiedades.

El alcalde de Comerío acusó a Pagán de atentar contra las finanzas de los municipios al no entregar información que les permita explorar otras alternativas de financiamiento para llevar a cabo obra pública.

'Tenemos ofertas de la banca privada que nos permite refinanciar la deuda a intereses más bajos que el BGF y que representaría una economía a los municipios pero ha sido difícil obtener información (del BGF)', dijo Santiago.

'La matrícula aprobó una resolución para que se le pida al gobernador que lo remueva', declaró.

De otra parte, la asociación le pedirá al gobernador que desista de bajar el .5 por ciento al impuesto de ventas y uso pautado para entrar en vigor en febrero. Santiago dijo que en la alternativa, le pedirán que se recorte el .5 por ciento del IVU que se cobra para el gobierno central para no afectar las finanzas de los municipios.

Santiago dijo que la información preliminar que tienen es en el sentido de que no se lograrán los recaudos estimados con el IVU. Por lo tanto, reducir el impuesto ocasionaría un disloque en las finanzas de los municipios.

'Nuestro reclamo será que no se le reduzca y que si insiste en hacerlo que sea en la aportación estatal. Confío en que se mantenga el dialogo con el gobernador', dijo.

De otra parte, los alcaldes resaltaron su preocupación ante los cambios en la ley de retiro que aumentan la aportación de los municipios en $2,000 por cada empleado municipal jubilado.

Santiago dijo que el dinero adicional representa millones para los municipios.

'Conforme a la ley, eso el CRIM lo descuenta de las remesas que es el dinero que se usa para pagar nómina', dijo Santiago.