Detrás del proyecto de escrutinio electrónico se mueven cabilderos empujando de un lado a otro para que se eliminen o se mantengan los requisitos limitativos impuestos por el Senado que reducirían el número de compañías que podrían licitar.

Al presente el proyecto que viabilizaría el escrutinio electrónico está pendiente de discusión en comité de conferencia, luego de ser aprobado en ambos cuerpos, debido a que el Senado insiste en que la firma que se seleccione para el proyecto cumpla con ciertos requisitos que la Cámara entiende que limitaría el abanico de compañías que podrían licitar. El más restrictivo de los requisitos es que la firma esté certificada por el Election Assistance Commission como cumplimiento con ciertos 'voting system guidelines' del 2005, o los 'voting system standards' del 2002.

Aunque el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara, José 'Conny'Varela dice que solo una o dos compañías podrían licitar si se mantiene el requisito impuesto por el Senado, la realidad es que existen ocho compañías que cumplen con ambos requisitos según el U.S. Election Assistance Commission. Estas son Dominion Voting Systems, ES<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>&S, MicroVote, Unisyn Voting Solutions, Hart Intercivic Voting, Avante, Precise Voting y Everyone Counts./p

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La realidad es que eliminar el requisito ampliaría el proceso a otras compañías que no podrían participar, entre las que se menciona ProComp, Electronic Voting Systems y Microbase, las cuales trabajaron en el voto electrónico en Brasil. También está interesada Smartmatic, compañía que llevó a cabo el escrutinio en Venezuela y quien tuvo de aliado al excomisionado electoral novoprogresista, Edwin Mundo, y ahora, según fuentes, al comisionado electoral popular Eder Ortiz. Luego de la publicación original de esta nota, Mundo negó que, en el pasado o presente, endose alguna de las compañías de escrutinio electrónico./p

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Otra que se menciona es Indra Sistemas, compañía de tecnología con base española que tiene de su lado a la exgobernadora Sila Calderón./p

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Según información de fuentes, las compañías que no tienen la certificación podrían tener base para demandar ya que la resolución senatorial que establece los requisitos estaría quitándole facultades a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), impuestas por la ley que le permite hacer el escrutinio electrónico. Además el requisito de la certificación es uno que no lo impone la ley federal, por lo cual, se afecta el debido proceso de ley, según fuentes./p

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De otra parte, se comenta en el Capitolio que la firma de abogados McConnell Valdés representa a Dominion Voting Systems Corporation, una de las compañías que tiene la certificación y se beneficiaría si se mantiene el requisito de la certificación.En una recién entrevista, el socio administrador del bufete Arturo García Solá dijo que representan una compañía interesada en el proyecto de escrutinio electrónico, pero no quiso revelar su nombre. No obstante, aseguró que el rol de la firma es ayudar a la compañía a cumplir con los requisitos de licitación o permisos y no hacen labor de cabildeo./p

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Dominion Voting Systems Corporation y Unisyn Voting Solutions participaron en el fallido intento de la CEE de implantar el escrutinio electrónico para las elecciones de 2012.Luego de que la CEE seleccionara y defendiera su selección en los tribunales como la única firma capaz en ley para implantar el escrutinio electrónico, Unisyn Voting Solutionsdecidió retirarse del proceso en mayo de 2012 al alegar que no tenía tiempo suficiente para crear la programación necesaria para las elecciones./p

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En aquella ocasión, el entonces presidente de la CEE, Héctor Conty, culpó al Tribunal Superior por haber ordenado una paralización de los procesos que impidió que la firma pudiera hacer su trabajo./p

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Posteriormente, la CEEnegoció con Dominion Voting Systems Corporation para que pusiera en vigor el escrutinio electrónico, pero en junio 2012 terminó las negociaciones porque la empresa no aceptó cubrir el riesgo de la posibilidad de no poder entregar a tiempo con un bono de ejecucióno fianza de $12 millones./p

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Mientras, el presidente de la Comisión,Varela, dijo que desea que el proceso contenga lenguaje que permita la mayor participación de compañías en el escrutinio electrónico.Además,declaró que desconoce los motivos por los cuales su contraparte en el Senado y autor de la medida, Ángel Rosa, desea imponer el requisito de la certificación./p

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La enmienda de la Cámara permitiría que compañías que no tengan la certificación puedan participar de la licitación si proveen evidencia de que su proceso ha sido usado efectivo en al menos tres países./p

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Por su parte, la senadora Margarita Nolasco, coautora de la medida, dijo que el requisito de la certificación asegura que las máquinas o sistemas de escrutinio son confiables porque cumplen con los estándares. Nolasco dijo que en un país donde rige la desconfianza al gobierno, es necesario asegurarse que el proceso tenga un alto nivel de confiabilidad. También cuestionó qué entidad establece que en países como Venezuela, Colombia o Perú el uso de las máquinas sea efectivo./p

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Según información constatada por NotiCel, solo 13 estados requieren la certificación federal. El resto no lo requieren o solo piden que los sistemas se prueben de alguna manera frente a los estándares federales. Nolasco dijo que aunque muchos estados no tienen el requisito de la certificación establecido por ley, si lo tienen establecido por reglamento./p

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NotiCel no pudo obtener una reacción de Rosa pero en las vistas de la medida, el senador expresó su interés de que el proceso fuese abierto./p

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Según el informe senatorial de la medida, la propia CEE advirtió que imponer los requisitos de certificación podría reducir la cantidad de licitadores en la subasta para el proyecto. Entretanto, Varela afirmo que desconoce si Rosa accederá a cambiar el lenguaje del proyecto./p

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em*Modificada./em/p