Durante la tarde de hoy jueves, el Senado acogió el informe presentado por la senadora Rossana López León que detalla su incumplimiento con la Ley de Salud Mental y recomienda la designación de un monitor para APS Healthcare, a pesar de que la empresa que provee estos servicios en Mi Salud movió a sus cabilderos para disuadir a varios legisladores, según denunciara el portavoz de mayoría Aníbal Jose Torres.

Mientras, varias organizaciones abogaron para que la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) fiscalice y preste los servicios a este sector. De hecho, el grupo autodenominado Coalición Pro Salud Mental abogó para que ASSMCA tenga un mayor rol en la prestación de los servicios y en el monitoreo del cumplimiento del contrato entre APS y ASES.

La doctora Sara Huertas, quien representa a Alianza Salud para el Pueblo dentro de la Coalición, reprobó que a la misma vez que el Gobierno favorece la privatización de los servicios de salud mental se estén 'desmantelando' los programas gubernamentales. De igual modo, Huertas resaltó que debe haber otras medidas para que ASSMCA no tenga que eliminar servicios argumentando que las nuevas directrices de la Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA, por sus siglas en inglés) le obligan a delegar funciones a APS Healthcare en los centros de salud mental de la agencia.

No obstante, el senador Torres aseguró que no se seguirá permitiendo que APS continúe lucrándose del contrato que mantienen con la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) como los únicos proveedores de los servicios de salud mental de Mi Salud, sin que brinden la atención que los pacientes requieren.

Entretanto, pacientes del Centro de Salud Mental de San Patricio llegaron hasta el Capitolio y expresaron su preocupación a este diario de que APS sea su proveedor. El consenso es que con los servicios ofrecidos por ASSMCA han logrado una estabilidad que estaría en riesgo ante los limitados y deficientes servicios ofrecidos por APS, que solo se enfoca en la expedición de recetas.

Por su parte, el presidente del Grupo de Apoyo Comunitario San Patricio, Víctor Báez, entidad que busca que se reabra el histórico pleito de clase de Roberto Navarro Ayala v. Rafael Hernández Colón, catalogó como una 'traición' hacia los pacientes el que la administradora de ASSMCA, Carmen Graulau Serrano, quiera delegar las funciones de la agencia a APS.

En cuanto a la reapuertura del pleito, la doctora Huertas señaló que preferiría que a nivel local se atiendan las deficiencias en los servicios de de este sector, aunque estaría de acuerdo con que el Tribunal Federal reabra el caso y se asigne un monitor federal.

Asimismo, Huertas acogió la recomendación de la senadora López León para que la Legislatura asigne a un monitor externo que vele por el cumplimiento de las cláusulas contractuales entre APS y ASES como medida que permitiría la participación de las organizaciones.

De otro lado, la doctora Myrangelisse Ríos Pelati, de la Asociación Puertorriqueña de Psiquiatras de Niños y Adolescentes, indicó que la Coalición también solicita que se cree una Junta de Evaluación adscrita a la ASSMCA compuesta por psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, representantes de la sociedad civil, entre otros.

La Junta velaría por el cumplimiento de los contratos, y la implementación y calidad de los servicios. La recomendación es que el centro de la Junta sea la Universidad de Puerto Rico y el comité de Salud Mental del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico.

La Coalición, que también tiene representación del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, recomendó un cambio en el modelo de la prestación de servicios de salud mental, en el que un psiquiatra sea el líder del equipo interdisciplinario. De igual forma, proponen que se unifiquen los programas dirigidos hacia la población pediátrica.

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