La Administración García Padilla, a traves de la Junta Reglamentadora de las Telecomunicaciones (JRT), viabilizó la visita a Puerto Rico del exjuez español Baltasar Garzón para que hablara sobre 'Las amenazas actuales a la libertad de expresión y el acceso a la información'.

Garzón discursó el martes en el Teatro Tapia después de que el propio Gobernador tuviera una intervención que fue más memorable por un chiste poco gracioso sobre las fotomultas, que por lo que dijera sobre la transparencia y el acceso a la información. Luego los organizadores lo excusaron y se fue sin escuchar al invitado.

Todo lo cual cristaliza preciosamente la actitud de su Gobierno ante los temas de transparencia y acceso a la información: 'hablo lo que me da la gana ofreciendo la interpretación acomodaticia y desenfocada de que libertad de expresión y acceso a la información es que todo el mundo esté conectado a la internet... y luego le doy la espalda a los que saben y me voy sin escucharlos'.

Sufrimos de un Gobierno en el que la pantalla lo es todo. Desde la Administración Rosselló, cuando por La Fortaleza caminaban rasputines como Álvaro Cifuentes y Alberto Goachet, no había en Puerto Rico una administración pública tan enamorada de la demagogia y la manipulación de información.

Los ejemplos abundan desde el día uno, pero tomemos los recién empollados. Esta administración empuja una ristra de impuestos en aras de balancear las finanzas públicas, pero incumplen con la ley que obliga a las agencias a divulgar qué están haciendo para recortar gastos. Empujan impuestos sin revelarle al país ni a la Legislatura los planes que evitarían que luego necesitemos más impuestos para arreglar los mismos problemas. Empujan un sistema de fotomultas sin divulgar las justificaciones para un proceso de contratación de 'emergencia' y sin explicar a la ciudadanía cómo será la expedición y revisión de las multas.

Y en una movida que los revela como estudiantes aventajados de la escuela de la antidemocracia, empujan una Reforma Contributiva que va a trastocar la dinámica social entera sin querer soltar un solo dato concreto de lo que se propone y de lo que ya saben por virtud de los asesores millonarios que todos nosotros le pagamos con nuestras contribuciones. Desde que la firma KPMG entregó su estudio sobre la Reforma Contributiva al Departamento de Hacienda el 31 de octubre pasado, NotiCel y otras voces han reclamado que se haga público. Más recientemente, en una respuesta al medio especializado en negocios Sincomillas.com, el Departamento de Hacienda se inventó la teoría de que es público después de que un comité lo revise y se lo pase al Gobernador violando enteramente el derecho constitucional de acceso a la información que dicta que toda información que el Gobierno recibe se presume pública sin que nadie tenga que 'revisarlo'. Un entramado que delata cómo los asesores legales del Gobernador calcan tácticas de otros gobiernos olvidándose que, distinto a otros lugares, en Puerto Rico el acceso a la información es un derecho constitucional y no una mera expresión estatutaria. Pero encima de la violación constitucional, Hacienda entendió apropiado añadir que divulgar el informe en este momento 'podría abonar a la desinformación y confusión, lo que no es compatible con el compromiso de esta Administración con la transparencia y comunicación efectiva'. Sí, estimados y estimadas lectores, Hacienda cree que ustedes no están listos todavía para conocer las conclusiones que sus asesores, pagados por ustedes, le han dado sobre la reforma y que es el Gobierno el que va a decidir cuándo es que ustedes estarán listos para conocerlas, si es que algún día lo estarán.

En manos del gobernador Alejandro García Padilla y sus rasputines, la Rama Ejecutiva le lleva la delantera a los demás poderes gubernamentales en cuanto a falta de transparencia. En momentos en que la Legislatura propicia la publicación de datos importantes sobre Educación (una información que había sido ocultada al público por meses en el Ejecutivo), en que el Capitolio se convierte en sede para actividades de desarrollo de aplicaciones, y que la Rama Judicial mantiene un puntiagudo pero beneficioso diálogo público entre sus jerarcas sobre la transparencia de sus finanzas y gerencia, en La Fortaleza están más alineados con las dictaduras que Garzón investigó, que con los gobiernos progresistas del siglo 21.

A lo mejor si el Gobernador se hubiera quedado, y si no lo vencía el sueño por los efectos del almuerzo, o si no tenía algún mensaje de texto de su esposa que contestar, o si no lo ocupaban para sacarle fotos, o si no se embelezaba con el imponente candelabro del Teatro Tapia, hubiera escuchado a Garzón decir una verdad muy contemporánea y fundamental: que solamente hay dos procederes en la administración pública... o se es transparente, o se es una dictadura.