De las tres ramas en las que se divide el gobierno de Puerto Rico, no hay duda que la que más cambios y sacudidas recibió durante el 2014 fue la Rama Judicial, sección que enfrentó cambios sustanciales en su gerencia, investigaciones federales por corrupción, y hasta el arresto sin precedentes de uno de sus miembros.

Tal es el caso del juez superior de Aguadilla , Manuel Acevedo Hernández, suspendido por el Tribunal Supremo y en espera de juicio, tras ser acusado de conspiración y soborno al supuestamente recibir dinero, prendas y pagos de deudas de Lutgardo Acevedo López, acusado de homicidio negligente, para que lo absolviera de las acusaciones en su contra.

En esa lista de radicación de casos federales a miembros de la judicatura se añadió recientemente el reconocido abogado y recaudador del Partido Popular Democrático ( PPD ), Juan Ramón Zalduondo Viera, acusado hace apenas una semana por lavado de dinero y conspiración al aparentemente gestionar grandes cantidades para el desarrollo de proyectos de construcción.

Acevedo Hernández y Zalduondo Viera no son los únicos con cargos federales. También está el abogado y notario Antonio Peluzzo Perotín , quien fue arrestado por ser el líder de un esquema para conseguir licencias fraudulentas de armas de fuego en la Isla.

Esos arrestos ocurrieron luego que las autoridades federales anunciaran una unidad especializada para investigar la corrupción judicial en el país. Aunque fueron varios los nombres que se mencionaron eran objeto de investigación, al momento, solo esos tres han trascendido aunque las pesquisas continúan.

Las detenciones y procesos judiciales contra los miembros de la rama provocaron cambios en esa ramificación del gobierno. Uno de ellos fue la salida de la jueza administradora de la Oficina de la Administración de los Tribunales ( OAT ), Sonia Ivette Vélez Colón, quien abandonó su puesto en medio del escándalo.

Otro cambio, aunque no necesariamente por las investigaciones, fue el del juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Federico Hernández Denton , quien se retiró tras casi tres décadas en ese foro. La silla la ocupó su compañera, Liana Fiol Matta , quien tan pronto asumió la presidencia, comenzó un plan de ajustes.

Uno de ellos fue las enmiendas a las Reglas de Procedimiento Judicial para fortalecer la fiscalización a los jueces y juezas . Esa resolución permite que la OAT pueda investigar querellas anónimas o confidenciales que antes, sin información exacta, eran archivadas.

Ese proceso fue objetado por el presidente del Colegio de Abogados, Mark Anthony Bimbela , quien dijo le preocupa puedan darse denuncias falsas.

'Ciertamente el pueblo tiene el derecho y la obligación de fiscalizar las tres ramas de gobierno, pero ese mecanismo (el de presentación de querellas) debe ser más formal', indicó a este medio.

Agregó, por otra parte, que la Administración de los Tribunales debe viabilizar un programa que garantice el libre partidismo para la nominación y renominación de jueces. Recordó, asimismo, que el Colegio de Abogados contaba con una comisión para esos fines, pero fue desarticulada.

'También debe crearse una escuela judicial de tal forma que las personas que tengan vocación para la judicatura sean los que soliciten ingresar y sean aceptadas. Que de allí, en ese núcleo, el gobernador pueda nombrar a las mejores personas para ocupar posiciones en la rama judicial. Eso daría objetividad, claridad y transparencia al proceso y devolvería la confianza al proceso', dijo.

Al ser cuestionado sobre los arrestos de miembros de la Rama Judicial, el letrado aseguró que esas detenciones solo son una cantidad mínima de los miembros de la judicatura.

'Esos señalamientos evidencian una cosa: que los buenos somos más, que la abogacía, al igual que cualquier otra profesión, está sujeta a que las personas confundan sus roles y tomen direcciones erradas o permitan ser seducidos por la tentación del lucro y dinero fácil. La realidad es que cuando evaluamos que hay de 14 a 15 mil abogados en el país y que esto ocurra pues, los buenos somos más', comentó.

'Nadie está por encima de la ley. Nadie. Por más relaciones con la ley o el gobierno que tenga. Esa es la mayor lección que nos ofrece ese proceso. Tenemos que darle mayores herramientas a las agencias investigativas para que el pueblo tenga confianza y certeza que las personas que delinquen sepan que tendrán un proceso justo. Esas son las lecciones que debemos enfatizar', agregó.