El secretario de Justicia, Cesar Miranda, adelantó que el proyecto que crearía la Junta de Control Fiscal que supervisará el propuesto plan de ajuste fiscal conlleva ciertos retos constitucionales.

Miranda explicó que el plan de ajuste fiscal se está elaborando con dos equipos y simultáneamente se trabaja con la creación de la Junta de Control Fiscal, la cual entraría en funciones a la vez que el plan. Tan reciente como el miércoles la Junta sostuvo una reunión, según circulara en la prensa.

La creación de dicha Junta fue sugerida por el informe de la economista Anne Krueger. Según la economista, dicha Junta debe estar integrada por personas con experiencia dentro y fuera del Estado Libre Asociado y debe tener poderes especiales para hacer implantar el plan, hacer recortes y controlar gastos.

Organizaciones del sector privado ya pidieron tener dos representantes en la Junta y que la misma pueda atender de forma expedita las cargas contributivas tanto del sector empresarial como a nivel individual.

Según Miranda, la Junta propuesta para Puerto Rico es distinta a otras juntas que se han creado en otros lugares porque aquellas lidiaron con quiebras o posible incumplimiento de deuda de ciudades. La Junta que se crearía en Puerto Rico será una de jurisdicción estadual por lo que su ámbito es distinto, pero en todos los casos podría tener convergencia con áreas de poder reservadas por la Constitución a las Ramas Ejecutiva y Legislativa.

'Esas son las áreas de mayor preocupación que hay que atender en un momento dado', explicó Miranda recientemente. 'Desde la designación de personas que van a estar en la Junta de Control Fiscal, que es una capacidad hoy del Ejecutivo exclusivamente, hasta ciertas actuaciones que pueda llevar a cabo esa Junta de Control Fiscal que podrían ser de alguna forma coexistentes con funciones que son del Ejecutivo. Son cosas que tenemos que armonizar para que la Junta funcione y sobre todo para que tenga la credibilidad que yo creo que la comunidad financiera busca', detalló el Secretario.

El representante Luis Vega Ramos, quien presidió la Comisión de lo Jurídico, dijo que la medida que crearía la Junta de Control Fiscal tendrá que analizarse con cuidado porque la Junta no puede ser una que imponga política pública, que imponga contribuciones o que apruebe presupuestos porque esas son funciones que le pertenecen a la Rama Legislativa. Del mismo modo, sostuvo que la Junta tampoco debe tener el poder de despedir personas porque el poder nominador es algo reservado a la Rama Ejecutiva.

No obstante, el Representante dijo que la Junta debe tener el poder de evaluar el presupuesto y ofrecer a la Rama Ejecutiva opiniones sobre recortes. También entiende que se le debe de dar poder para requerir información o hacer investigaciones.'Pero no puede sustituir las facultades delegadas a las Ramas (de gobierno) por la Constitución', recalcó.