Washington, D.C. - No fue una discusión fácil. Y a veces no estuvo muy clara.

En la complicada y a veces confusa vista en la sala del Tribunal Supremo de los Estados Unidos llena a capacidad el martes, la discusión sobre la constitucionalidad de la llamada ley de quiebra criolla alternaba entre lo ilógico y lo frustrante.

Planteamientos sobre la exclusión de Puerto Rico de la ley de quiebra federal hace más de 30 años, con sus provisiones relacionadas y a veces aparentemente contradictorias, acaloraban el debate. Los malabares verbales sobre la definición cambiante del término 'estado' entre una parte de la ley y otra provocaban dolores de cabeza.

Llegó al punto de que, en tono jocoso, el juez Stephen Breyer, en plena discusión con el abogado representando el gobierno de Puerto Rico, Christopher Landau, le comentó sobre las contorsiones terminológicas, 'Puede ser que sea así, pero yo no puedo decir que un avión (en los estatutos) significa que es un caballo.'

Eso empezó a dejar claro la dificultad que enfrentaban. En el argumento oral del caso Puerto Rico v. Franklin California Tax Free Trust, se explicó que Puerto Rico fue excluído de la ley de quiebras federal cuando la enmendaron en el 1984. Los acreedores que reclaman $20 mil millones en deuda de la Autoridad de Energía Electrica se valieron de esta exclusión para afirmar que la isla no tiene la autoridad para aprobar una ley de quiebras local, creada para atender la crisis fiscal centrada en $73 mil millones en deuda pública.

El Primer Circuito de Apelaciones en Boston, siguiendo la interpretación más estrictamente textual de la ley federal, dictaminó que los acreedores tenían la razón. El Gobierno de Puerto Rico apeló al Tribunal Supremo con un argumento nuevo: Como la ley de quiebras federal ya excluía a Puerto Rico, la provisión en la ley que, según los acreedores, le impedía a la isla crear su propia ley de quiebras tampoco le aplicaba.

A medida que procedía la discusión, algunos de los jueces más liberales parecían estar más receptivos a este argumento. Pero la insistencia de saber la razón por la cual el Congreso excluyó a Puerto Rico de la ley de quiebra federal, una 'manera rara y misteriosa' de hacer un cambio tan dramático, según la juez Elena Kagan, incrementaba la frustración entre los jueces.

La juez Ruth Bader Ginsburg, de forma pertubada y un poco angustiada, comentó, 'Por qué el Congreso pondría a Puerto Rico en esta situación de tierra sin nadie? Por qué el Congreso pondría a Puerto Rico en la posición anómala de no poder reestructurar su deuda?'

A falta de documentación legislativa ni antecedente jurídico para suplir una respuesta, los abogados acudieron a la especulación o a argumentos legales que no parecieron convencer a los jueces.

Y a medida que aumentaba la frustración, la posición del gobierno parecía ganar más adeptos entre los jueces, o por lo menos entre los liberales quienes, a diferencia de los tres más conservadores, participaron muy activamente en el proceso. La juez Kagan manifestó que llegó a la vista casi convencida del mérito del argumento de los acreedores, pero la discusión durante el argumento oral la hizo cambiar de parecer.

Solo siete jueces participaron del argumento oral dada la vacante por la muerte del juez Antonin Scalia y la inhibición del juez conservador Samuel Alito por tener inversiones en una de las compañías de los acreedores en el caso. Tomando en cuenta la participación de los cuatro jueces liberales, que constituían la mayoría el martes, varios analistas y oficiales del gobierno de Puerto Rico dijeron sentirse optimistas de que el Tribunal va a fallar a su favor. El juez John Roberts hizo una sola pregunta y los otros dos jueces conservadores, Clarence Thomas y Anthony Kennedy, no hicieron preguntas ni ofrecieron comentarios.

La juez puertorriqueña Sonia Sotomayor fue la que más participó, afirmando que la situación le quitaba los poderes soberanos a Puerto Rico para resolver sus problemas financieros y manejar sus asuntos. Tildó de 'provisión coercitiva' la que, según los acreedores, le prohibía a Puerto Rico crear la ley de quiebra criolla.

Hasta pareció criticar a los acreedores indirectamente al preguntarle a su abogado Matthew McGill si su argumento establecía que si el 98 por ciento de los acreedores de la isla querían trabajar con Puerto Rico para reestructurar la deuda y el 'dos por ciento de buitres' no querían hacerlo, si a pesar de ello, Puerto Rico no tendría el poder soberano para actuar.

De forma indirecta, McGill contestó en lo afirmativo. Y ripostó que al ser excluído de la ley de quiebra federal y estar prohibido de crear su propia ley para reestructurar la deuda, la alternativa para Puerto Rico era acudir al Congreso para ayuda o para cambiar la ley.

Aunque el caso ante el Tribunal buscaba resolver una controversia en lo práctico – el asegurar la protección legal y beneficios financieros que conlleva la reestructuración de la deuda pública, ya sea en el marco legal federal o en la local – el caso sirvió para traer a colación una vez más este año el tema del status politico de Puerto Rico al máximo foro judicial federal.

En la vista del caso Puerto Rico v. Sánchez Valle el 13 de enero, la discusión se centró plenamente en la fuerza y las características de la soberanía que el gobierno actual de Puerto Rico reclama tener, o si Puerto Rico sigue siendo un territorio sujeto a la voluntad del Congreso estadounidense. Ambos demandantes en ese caso reclamaron que Puerto Rico no tenía la soberanía requerida para que se les acusara por el mismo delito en la corte federal y en la corte estatal, lo cual resulta en una doble exposición criminal prohibida por la constitución.

En la vista del martes, lidiando con la controversia sobre la constitucionalidad de la ley de quiebra criolla, el status político de Puerto Rico y el tema de la soberanía de la isla se tocó un poco más indirectamente.

La complejidad de la discusión sobre las leyes de quiebra y el limbo judicial inquietante en que se encuentra Puerto Rico para reestructurar su deuda pública parecía reflejar lo complicado que es el tratar el tema del status político puertorriqueño, único en el mundo, y sus particularidades a veces ambiguas.

Para algunos activistas y políticos en la isla, ya era hora que el máximo foro federal analizara, debatiera y ofreciera sus opiniones sobre el status de Puerto Rico. Afirmaron que hay más conciencia en Washington sobre el tema en el 2016 porque la crisis fiscal amenaza la estabilidad del mercado de bonos estadounidenses y al bolsillo de acreedores con influencia en el Congreso. Pero les parece bien que la discusión se dé.

'Yo creo que es maravilloso que esto está ocurriendo porque ya era tiempo que se develara el secreto de la relación colonial entre Puerto Rico y los Estados Unidos,' afirmó Carlos Iván Gorrín, abogado del Partido Independentista Puertorriqueño y profesor en la Facultad de Derecho en la Universidad Interamericana, al salir de la vista del martes en el Tribunal Supremo en Washington.

Pero Gorrín lamenta el que ocurra 'por una crisis económica que se va a convertir en una debacle humanitaria muy próximamente, dependiendo de lo que hagan las autoridades que tienen el sartén agarrado por el mango a los dos lados de esta avenida, aquí en la Corte Suprema y al frente en el Congreso de los Estados Unidos.'

Transcripción de la vista en el caso Puerto Rico v. Franklin Cal. Tax-Free Trust - NotiCel_18145