En la medida que el Tribunal Supremo estatal falle a favor del planteamiento en Jonathan Rodríguez v. Estado Libre Asociado (ELA) de Puerto Rico sobre la inconstitucionalidad de varios artículos en la Ley 404 de Armas, que presuntamente viola estatutos de derecho fundamental de los individuos, la Segunda Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos -que permite a los ciudadanos poseer armas sin la rigurosidad establecida por la ley estatal- podría validarse en la Isla, según explicó Osvaldo Sandoval Báez, uno de los abogados que representa a los 877 demandantes en ese caso.

La posibilidad de que el rigor de las leyes locales sucumba ante el mandato constitucional federal surge tras las históricas decisiones del Tribunal Supremo federal en los casos de Puerto Rico v. Sánchez Valle el pasado viernes, y el de la llamada 'quiebra criolla' este lunes, las cuales ratificaron los poderes plenarios del Congreso sobre Puerto Rico como territorio y desarticularon cualquier ley estatal que confligiese con un estatuto federal basado en la no soberanía.

'Esos casos dicen que Puerto Rico no es un estado y que no tiene soberanía. Toda la jurisprudencia que ha habido en cuanto a las leyes de armas que hay en los estados, su premisa inicial es que los estados, bajo su soberanía, pueden regular ciertos aspectos de derecho pero al ellos decir que Puerto Rico no tiene soberanía quiere decir que si hay una ley federal, esa ley va por encima de cualquier ley criolla que haya porque aquí no hay soberanía', explicó el letrado.

'Nosotros, al ser una criatura del Congreso, donde quiera que exista una ley congresional, la estatal no procede', insistió.

Con ese argumento, Sandoval Báez espera tener el aval del Supremo estatal para incluir en su argumento ambos fallos del Supremo federal, que a su entender, serían la ficha que prevalecería sobre el fallo del Tribunal Apelativo que favoreció la postura del Departamento de Justicia estatal sobre la Ley de Armas de Puerto Rico.

'No pretendo tener una bola de cristal, pero yo creo que eso va a depender si lo atiende el Supremo en pleno o si se le asigna a un panel. Si se le asigna a un panel y nos toca un panel de los mismos jueces que decidieron Sánchez Valle aquí, yo entiendo que deben decidir a nuestro favor, porque ya lo hicieron en ese caso', explicó el abogado.

'El Supremo federal lo que hizo fue confirmar al Supremo estatal. Sánchez Valle es un caso de doble exposición bajo la cláusula constitucional americana del ‘doublejeopardy' (doble exposición) y el Supremo de Puerto Rico dijo que es verdad, que no lo puede juzgar dos veces y es el Secretario de Justicia quien apela al Supremo federal, ellos lo que hicieron fue confirmar al de aquí, o sea que nosotros estamos en una buena posición porque yo lo que le voy a decir al Supremo es ‘oye, sé consistente con lo que resolviste'', planteó.

Tras la masacre registrada el sábado en la discoteca gayPulse, enOrlando, serios cuestionamientosafloraron sobre la regulación en la venta de armas en los Estados Unidos. Según los datos del Archivo de Violencia por Armas de Fuego enwww.shootingtracker.com, en poco más de tres años y medio, se reportaron mil tiroteos masivos con el saldo de cientos de muertos y miles de heridos a lo largo y ancho del País, mostrando un nefasto incremento en esta práctica en las últimas tres décadas.

Aquí en Puerto Rico, NotiCel contactó varias armerías para solicitar una carabina AR-15, como la utilizada por el perpetrador de los crímenes en la Florida, las cuales indicaron tener disponibles en ese formato y el de pistola.

Las armerías indicaron que al ser armas semiautomáticas, una persona con licencia podría adquirirla localmente con facilidad por una suma que fluctúa entre $1,400 y $1,700 por unidad.

Sin embargo, Sandoval Báez aseguró que el procedimiento utilizado en los Estados Unidos para la compra de armas de fuego por los ciudadanos realmente no es tan diferente al de Puerto Rico.

'En Estados Unidos si una persona fuera a comprar un arma, solo tiene que llegar a una armería, debidamente licenciado, le muestra su identificación que demuestre que es ciudadano y mayor de edad, y ellos le van a llenar un formulario federal, que es el formulario de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) número 4473. Ellos entran al sistema National Crime Information Center (NCIC) y ese sistema da una de tres contestaciones, ‘proceder', ‘denegado' o ‘retener'', explicó.

'En Puerto Rico la Policía coge tu información y tiene que correr un NCIC igual que allá, pero cada vez que vas a una armería a comprar un arma, se vuelve y se corre el NCIC federal con la 4473 sin la intervención de la Policía y eso ya se está haciendo desde 1968. Así que, para qué se tiene que hacer ese procedimiento a través de la Uniformada? La Policía de Puerto Rico defiende su licencia porque ellos hacen cerca de $2 millones anuales en todo lo que la gente le tiene que pagar', señaló a la vez que aseguró que el proceso de obtener una licencia para armas de fuego puede demorarse hasta seis meses.

Sobre la preocupación de algunos sectores de que la imposición en la Isla de la Segunda Enmienda de la Constitución federal tenga el efecto de venta de armas indiscriminada en las megatiendas por departamentos, el letrado descartó esa posibilidad toda vez que estas empresas también tienen que someterse a un proceso riguroso de permisos para vender este tipo de producto.

'Pudiera establecerse, sí, pero eso va a depender de que esa tienda solicite y obtenga la Federal Firearms License (FFL), o licencia federal para vender armas de fuego y ya eso es otro asunto aparte. Si el Tribunal resuelve que tenemos la razón, eso no quiere decir que mañana Wal-Mart puede venir y ponerse a vender armas así porque así. Independientemente, y es igual en Estados Unidos, si la tienda quiere vender rifles, tiene que aplicar para una licencia federal, les pedirán unos requerimientos y, más importante aún, los federales le van a instalar el sistema para correr el proceso federal de la 4473 y el NCIC', dijo.

Sandoval Báez no precisó cuánto tiempo podría tomarle someter el nuevo argumento al Tribunal Supremo estatal en el caso de Jonathan Rodríguez v. ELA o cuánto tiempo le podría demorar a este foro emitir un fallo.