El senador por acumulación Cirilo Tirado Rivera alegó el lunes que son falsas las alegaciones de los líderes legislativos del Partido Nuevo Progresista (PNP), quienes supuestamente, tratan de separarse del millonario escándalo de cotizaciones falsas.

'El caso está actualmente ante los tribunales y cada día que pasa se evidencia claramente que quien supervisaba la Superintendencia del Capitolio en el cuatrienio pasado era Thomas Rivera Schatz y quien supervisaba la Oficina de Servicios Legislativos era Jenniffer González. Hoy es la propia contralora Yesmín Valdivieso quien asegura que la investigación continúa su curso de manera paralela al caso judicial y por más enredos que Rivera Schatz y Jenniffer González pretendan hacer, las pruebas de la corrupción en el Capitolio el cuatrienio pasado están ahí', aseguró Tirado Rivera en un comunicado de prensa.

El senador popular recordó que 'es uso y costumbre que la supervisión de ambas oficinas se turna entre Cámara y Senado en cada cuatrienio y quienes nombran, deciden, quitan y ponen son los presidentes legislativos. Por más que ambos traten de esconderse, las pruebas están ahí, así como las declaraciones juradas de quienes eran sus empleados'.

Tirado dijo referirse al caso iniciado el viernes, 18 de agosto del 2015, cuando el Ministerio Público radicó un total de 73 cargos contra dos personas y 5 funcionarios públicos que supuestamente operaban un esquema fraudulento desde la Superintendencia del Capitolio, el cual permitió la erogación que supera 2.9 millones de dólares en fondos públicos para obras de remodelación de sus predios entre 2010 y 2012.

'Este es un caso donde los acusados se allanaron a la determinación de causa para que se les pudiera entregar la documentación bajo la Regla 45 ya que era sumamente voluminosa. Este es un caso sólido, con sobre mil páginas de documentación y 80 declaraciones juradas. Quienes supervisaban y quienes son responsables son Rivera Schatz y Jenniffer González', señaló.

Mencionó que el supuesto esquema surgió cuando el PNP no prevaleció en las elecciones del 2012 y se inició un proceso para remodelar oficinas que serían ocupadas por los legisladores que habían perdido la mayoría parlamentaria.

'Este esquema acumuló 141 transacciones en las que se falsificaron documentos y se apropiaron ilegalmente de dineros del erario mediante la presentación de cotizaciones falsas de obras de construcción, actuaciones que privaron al Estado de una justa competencia entre licitadores para otorgar órdenes de compra por servicios al menor costo posible', argumentó Tirado.

Según el legislador, el millonario escándalo fue descubierto durante una auditoría de la Superintendencia del Capitolio realizada por los auditores Jesús Cruz y Héctor Ortiz de la Oficina del Contralor. La auditoría e investigación contó con la colaboración de la División de Análisis de Datos, Forense Digital y Desarrollo Tecnológico, creada por la Contralora en el 2012. Dicha dependencia realizó un análisis forense digital de las computadoras de la Superintendencia y halló evidencia que forma parte de las acusaciones. Dicha investigación continúa abierta.