El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), emitió una alerta sobre la intervención indebida del Gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló.

Rosselló les señaló públicamente a los integrantes de la Rama Judicial, que el país estará observando. Las declaraciones del Gobernador se producen ante las eventuales radicaciones de cargos penales contra personas a las que se les pudiera estar imputando la comisión de delitos por los sucesos acaecidos el Primero de Mayo.

'En su comunicación televisada de ayer lunes, el gobernador emitió un mensaje que bien pudiera interpretarse como una presión indebida hacia la judicatura. Hizo un llamado a los tribunales a asumir su responsabilidad en el trámite adjudicativo contra personas acusadas de delito por los sucesos de violencia ocurridos en la manifestación del Primero de Mayo, como si quienes integran la Rama Judicial hubieran evadido tal responsabilidad en el pasado o pudieran estar renuentes a ejercerla en el presente o futuro,' indicó el presidente el CAAPR, Alejandro Torres Rivera.

De igual forma, el CAAPR aprovechó la oportunidad para recordarle al Gobernardor que, más allá de cualquiera de las particulares visiones en torno a tales sucesos, todo ciudadano tiene derecho a una presunción de inocencia y le corresponde al Estado el peso de probar su culpabilidad más allá de duda razonable. Es a base de la prueba que el Tribunal reciba, y no a base de presiones externas, que los casos deben ser adjudicados.

'De la misma manera que la Rama Judicial no puede intervenir, salvo en el ejercicio de los poderes constitucionales que le permite la interpretación de las leyes que aprueba la Asamblea Legislativa y sanciona la Rama Ejecutiva, esta última no tiene autoridad constitucional alguna para indicarle a la Rama Judicial cómo ésta debe proceder en el ejercicio de sus poderes y prerrogativas constitucionales', enfatizó el abogado.

Los jueces y juezas en Puerto Rico están obligados a resolver las controversias legales a base de la prueba que ante ellos y ellas desfile sin presiones de clase alguna. 'Esa función de adjudicación debe ser una libre, ajustada al derecho y sostenida por la prueba desfilada ante ellos en el proceso judicial', señaló el presidente del Colegio.

El CAAPR considera que lesiona y erosiona la independencia judicial afirmar, en un mensaje público al país en lo que concierne a sus funciones como adjudicadores, que 'el pueblo los está observando'.

El ejercicio del poder de decisión de cada juez o jueza no puede estar sometido a presiones impuestas por otras ramas de gobierno. La independencia judicial es parte de las garantías de cada ciudadano en los procesos adjudicativos. 'Mal puede llamarse democracia aquel sistema donde la judicatura rinda sus prerrogativas y su independencia adjudicativa a los otros poderes constitucionales', indicó Torres Rivera.

El presidente del Colegio invitó a la propia Rama Judicial a que se exprese en defensa de esa independencia tan importante para el país y la ciudadanía en general.