El gobernador Ricardo Rosselló Nevares impartió un veto al proyecto del Senado 404 que pretendía dejar sin efecto, para ciertos policías, los recortes al retiro que le impuso la pasada Administración a los empleados públicos mediante la Ley 3 de 2013 luego que la Junta de Control Fiscal (JCF) comunicara que la medida no era certificable sin establecer nuevos impuestos o sin identificar recortes adicionales en el Gobierno.

La medida perseguía que cerca de 2,000 policías pudieran acogerse a un retiro con el 75% de su salario y para que otros optaran por un retiro temprano a los 50 años.

'La Junta determinó que el sistema PayGo incorporado en el Plan Fiscal no contempla el impacto que tendría esta medida. El incumplimiento con el Plan Fiscal socavaría la capacidad del Gobierno de pagar el salario de sus empleados públicos, incluyendo a estos policías, y las pensiones de todos nuestros retirados, y nos obligaría a imponer contribuciones que afecten a sectores vulnerables de la sociedad', detalló el secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario Cortés, en comunicado de prensa.

Gobernador enumera otras medidas a favor de la Policía

Rosselló Nevares identificó varias medidas aprobadas y en agenda para hacerle justicia a los policías:

La Ley 8-2017 excluyó a los policías de las disposiciones de movilidad asegurando sus puestos.

La Ley 20-2017 permite reclutar a policías retirados como reservistas para que puedan generar ingresos adicionales y, en cuanto a los policías activos, se mantuvo el pago de horas extras libre de contribuciones.

La Ley 26-2017 excluyó a los policías y maestros de los ajustes a las licencias de vacaciones.

Se impulsará el Proyecto de la Cámara 650 para viabilizar que los policías coticen para los beneficios del seguro social sin afectar su salario.

Proyecto de la Cámara 1102 (aprobado en la Cámara)permitirá a los policías y a los retirados utilizar su arma, uniforme y/o credenciales para proveer servicios de seguridad para que puedan generar ingresos adicionales.

Proyecto de la Cámara 799flexibiliza la edad de retiro obligatorio aumentándola de 58 años a 62 años.

Próximamente, se presentará una reforma abarcadora a los sistemas de retiro.

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