La Asociación de Industriales de Puerto Rico iniciará una intensa campaña de medios, reuniones y cartas a senadores republicanos en Washington para lograr que se excluya a Puerto Rico de las penalidades que impone la reforma contributiva federal.

Rodrigo Masses, presidente de los industriales exigió al senador republicano de Florida, Marco Rubio, que se convierta en un aliado de Puerto Rico en este proceso, antes que la diáspora puertorriqueña le pase factura por ser el responsable del desastre económico de la isla.

'A Marco Rubio lo que debería preocuparle es que lo que le ocurra a Puerto Rico no le caiga a el en los hombros. Porque si le cae a el en los hombros, esa diáspora que se está organizando cada día mejor, está acostumbrada a votar. Marco Rubio tiene un deber y una responsabilidad y le estamos pidiendo que, en efecto, se levante y defienda a quien tiene que defender', emplazó Masses.

El Congreso de los Estados Unidos discute una reforma contributiva que perjudicaría las finanzas de la Isla ya que propone penalidades de hasta 20% a todas las importaciones a EEUU. Tanto la Cámara de Representantes y Senado Federal aprobaron versiones distintas por lo que pasa ahora a comite de reconciliación o conferencia.

Masses dijo que a pesar de todas las gestiones del gobierno y del sector privado a Puerto Rico no se le ha atendido de forma adecuada, que de aprobarse podría afectar 70 mil empleosa directos y más de 300 mil empleos indirectos.

'Tenemos todos los esfuerzos orientados a que en efecto de reconciliación se pueda atender el caso. Nosotros tenemos que lograr que un senador (republicano) se levante y haga lo que tiene que hacer por Puerto Rico', señaló.

Masses dijo que existe mucha preocupación por el efecto devastador que tendría la reforma tributaria, por lo que una delegación del sector privado sostendrá reuniones con los congresistas en los próximos días para que se haga justicia a las compañías foráneas en Puerro Rico que compiten en desventaja por las regulaciones federales, salarios mínimos federales y la obligación de usar barcos de bandera americana.

El grupo cabildeará para que se excluya a Puerto Rico de las penalidades. EL objetivo será lograr incluir en el comite de conferencia enmiendas que saquen total o parcialmente a la isla de los nuevos impuestos que se proponen para las Corporaciones de Control Foráneo (CFC).

'Todo eso cuesta dinero. No nos han tomado en serio todavía. Para las empresas que están dentro de la sección 931 del Código de Rentas Internas, que por lo tanto son CFC, se les excluya de aquel arbitrio impositivo si alguno finalmente sobrevive en este proyecto. Las empresas en Puerto Rico son empresas que están en suelo estadounidense y merecen un trato a algo que están en Uruguay china etc.', sostuvo.

'No es que me des un beneficio, es que seas justo', dijo por su parte Antonio J. Colorado, miembro de la junta de directores de la Asociación de Industriales.

Las visitas de los industriales a Washington están coordinadas con la oficina de la comisionada residente Jennifer González y la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico y buscarán explicar el impacto y las consecuencias de esta legislación.

'Si madura como pinta sería catastrófico para todos, posiblemente porque esto lo único que nos queda', sostuvo.

El líder de los industriales minimizó las diferencias entre las propuestas que ha defendido el gobernador Ricardo Rosselló, la comisionada residente en Washington, Jennifer González y líderes de partido políticos de oposición sobre las enmiendas a la medida.

Esta semana los presidentes legislativos saldrían para Washington a entregar una resolución que apoya que se trate a Puerto Rico como al resto de los estados de EEUU.

'Por ahí vamos todos. Aunque podemos tener voces distintas por ahí vamos todos. La posición del gobierno oficial está clara. La comisionada residente está totalmente comprometida con defender ya sea una exclusión total o parcial. Lo que ha dicho es que no cree que se logre una exclusión total. Pero una parcial si es lograble', aseguró.

'Y es parte de lo que hemos ido preparando el terreno desde hace años. Sabíamos que algo impositivo tenía un mejor escenario que una exclusión total, en un escenario menos bueno una parcial', insistió. Planteó que la opinión de González se basa sobre las alternativas más viables en el lenguaje a incluirse en el proyecto de reconciliación ya que está en el fragor de la discusión de los congresistas.