Casellas pide que no se diga ni pío sobre asesinato de esposa en caso federal
La defensa de Pablo Casellas Toro, convicto por el asesinato de su esposa, pidió al juez de su caso federal que no se permita a fiscalía mencionar nada relacionado al caso de asesinato de su esposa, ni que se presente evidencia relativa a ese delito, tal como el de la perito forense Rosa Rodríguez.
La solicitud está contenida en sendas mociones que el abogado de Casellas, Francisco Rebollo,sometió al juez Joseph Goodwin, quien preside el caso federal en el que Casellas enfrenta cargos de mentirle a un alguacil federal que investigaba el supuesto carjacking que el convicto sufrió pero que nunca ocurrió.
De hecho, una de las solicitudes es también para que el pliego acusatorio federal sea desestimado porque la defensa entiende que los cargos están mal presentados ya que sólo fue una entrevista con el alguacil por lo que, a lo sumo, el abogado entiende que debe ser un cargo único en vez de varios.
Casellas, quien cumple sentencia de 109 años por la muerte de su esposa, supuestamente mintió a un alguacil federal durante una entrevista el 18 de junio de 2012 al decirle que: el día anterior, 17, fue a un campo de tiro para práctica con sus armas, que un individuo provocó que detuviera su vehículo, y que lo obligaron, a punta de pistola, a moverse al asiento del pasajero.
La fiscalía federal ha dicho que pretende introducir en su caso el testimonio de Rodríguez, que resultó controversial en el juicio por asesinato al opinar que la esposa de Casellas había sido ejecutada por una persona conocida para ella que tenía destreza en el manejo de armas. Además, quieren presentar prueba de balística para probar que armas reportadas por Casellas como robadas en ese carjacking aparecieron ocupadas en su hogar semanas después, cuando ocurrió el asesinato de su esposa.
El juez Goodwin tiene pendiente una solicitud de la defensa de trasladar el juicio a una jurisdicción 'neutral', como Boston, pero antes de decidirlo ha ordenado que se realice una encuesta entre los jurados potenciales en Puerto Rico para medir su nivel de prejuicio hacía el acusado.