Según testimonios, recomendaron la compra de un millón de pruebas a $38 cada una, en lugar de 500,000 a $10, entre otras determinaciones.

El doctor Segundo Rodríguez Quilichini, quien lidera el “Task Force” médico que asesora a la gobernadora Wanda Vázquez Garced sobre la emergencia del coronavirus, o COVID-19, así como el doctor Juan L. Salgado Morales, fueron señalados como los responsables de introducir, avalar y ordenar la compra de la empresa Apex General Contractors (APEX) para recibir un millón de pruebas rápidas por $38 millones.

Según el testimonio bajo juramento de Adil Rosa Rivera, quien hasta el 15 de abril continúa destacada como secretaria auxiliar del Departamento de Salud, APEX ofrecía un millón de pruebas a $38 cada una, mientras que la empresa Glovex podía dar 500,000 pruebas a $10 cada una.

Sin embargo, fueron estos dos funcionarios los que insistieron sobre la compra a APEX.

“¿De quién fue la orden de comprar pruebas a $38 y no a $10?”, preguntó el representante Juan Oscar Morales Rodríguez, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes.

“El doctor Segundo Rodríguez y el doctor Salgado”, contestó Rosa Rivera.

En un testimonio previo durante el día, se informó que el «Task Force» evaluó la compra durante una reunión en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), en Caguas. El cónclave contó con la presencia de Rosa Rivera, Mabel Cabeza Rivera, ex jefa de personal de Salud, y los integrantes del “Task Force” Médico, así como la analista de compras de Salud Mariel Rivera Rivera.

Rivera Rivera fue quien mostró desde su computadora la cotización de lo que inicialmente eran 200,000 pruebas rápidas a una empresa representada por el licenciado Juan Maldonado de Jesús, que luego se revelaría como APEX, y un opúsculo de los ofrecimientos.

Según Rosa Rivera, por su parte, un correo electrónico comprueba que Maldonado de Jesús había enviado una propuesta de cotización a Cabeza Rivera, Rodríguez Quilichini y al doctor Roberto Rosso antes de ser contactado por ella y por Rivera Rivera.

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“Yo recuerdo que Mabel Cabeza nos llamaba para darnos seguimiento de cuántos ventiladores se habían comprado. El doctor Rodríguez me da el número de teléfono [de Maldonado de Jesús] de forma presencial. Entiendo que se le llamó, se le pidió que cotizara, una cotización que yo nunca vi. Fue el 24 de marzo. Él hace alusión que ‘según enviado anteriormente por correo electrónico, aquí la cotización’”, narró Rosa Rivera.

Más temprano durante la vista ejecutiva de la Comisión de Salud se explicó que inicialmente APEX había enviado una cotización para ventiladores. Luego, pasada la medianoche, envió la propuesta de 200,000 pruebas a $73.95 cada una. Empero, ante pedidos del «Task Force» Médico, Maldonado de Jesús aumentó la oferta a un millón de pruebas con un precio descontado de $38 cada una.

Las pruebas, en cambio, no tenían el aval de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

Al preguntársele por qué decidieron escoger una empresa que no había provisto productos anteriormente y no parecía tener experiencia alguna en la venta de artículos relacionados al campo de la salud, Rosa Rivera indicó que las demás empresas que habían sido contratadas no habían cumplido con los acuerdos de entregas hasta la fecha.

“Lo que sucede es que el ‘Task Force’, ante como estaban subiendo los casos, ellos determinan que para hacer el ‘contact training’ no podemos estar haciendo cinco mil pruebas, dos mil pruebitas. Ese es el análisis de los expertos que escucho allí. Primero habían requerido tres millones de pruebas. Hasta yo me choqué, porque no sé de dónde sacaban esa métrica y la doctora Marcia [Cruz] me explica y me dice que de ‘rapid kits’ necesitaban 1.5 millones entre otras compañías”, abundó Rosa Rivera.

De acuerdo a una serie de mensajes de texto filtrados en el fin de semana, Maldonado de Jesús, quien también es exdirector ejecutivo de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), contactó a Rodríguez Quilichini, en lo que hoy se recalcó que fue el contacto inicial para la fallida compra millonaria de pruebas rápidas para COVID-19.

Basado en los mensajes, en los que Maldonado de Jesus alude a que conoce al exasesor legislativo Eduardo “Tito” Laureano, el exfuncionario puso a disposición un inventario de equipos de protección personal.

Laureano conoce a Rodríguez Quilichini y tuvo contratos en el Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico, donde el doctor se desempeña como rector.

Cuando a Rodríguez Quilichini se le increpó sobre APEX durante un programa especial televisado del «Task Force», catalogó los cuestionamientos como un “chisme” e insistió en que el ente asesor no intervenía en los procesos de compra de Salud. Luego de esta transmisión, el próximo programa especial no contó con intervenciones de la prensa y se anunció que esa sería la norma desde ese momento.

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Le ofrecen inmunidad

Luego de esa revelación, el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) José Aponte Hernández propuso al Presidente de la Comisión de Salud ofrecerle inmunidad a Rosa Rivera.

Ese procedimiento requiere que los abogados de Rosa Rivera intercambien información con los abogados de la Comisión de Salud para determinar cuán válidos son los ofrecimientos de Rosa Rivera.

En caso de aceptar, la Comisión de Salud tiene que rendirle un informe confidencial al pleno de la Cámara de Representantes con los ofrecimientos. El pleno, entonces, llevaría a votación la decisión de otorgarle la inmunidad. Si se aprueba, esa inmunidad solo es aplicable a los delitos estatales, no los federales.

Rosa Rivera, quien estaba acompañada de su abogado Ángel Triano, indicó que evaluaría la propuesta, por lo que recibió dos días para considerarlo.

Debe comunicar su decisión el jueves a las 10 a.m. En caso de rechazarla, debe estar preparada para continuar la vista ejecutiva y contestar las preguntas de los legisladores.

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El representante del Partido Popular Democrático (PPD), Rafael «Tatito» Hernández Montañez, catalogó como «prematura» la oferta de inmunidad.

«Primero el testigo tiene que dar una oferta de prueba que vincule a un persona de mayor jerarquía en el esquema de corrupción», argumentó Hernández Montañez.

Mientras, el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, aseguró que se mantendría atento al proceso que se comunicó en plena vista sin discusión previa.

«Voy a estar bien vigilante a este proceso. Teóricamente en las inmunidades no se puede procesar en nada a los delitos cometidos a nivel estatal. No le aplica a nivel federal», mencionó Márquez Lebrón.

Implican más Rodríguez Quilichini

Por otra parte, Rosa Rivera señaló a Rodríguez Quilichini como quien impartía órdenes a empleados y contratistas de Salud por encima de la autoridad de la jefatura de esa agencia.

Entre las decisiones que se le atribuye, figura el haber cambiado el lugar de entrega de 500 pruebas rápidas, o “test kits”, al COE en Caguas, en vez del Laboratorio de Salud Pública del Departamento, como la entonces secretaria Concepción Quiñones de Longo originalmente había ordenado.

En una carta, la exfuncionaria constató que hubo un fallo administrativo con 500 “test kits” provenientes de la empresa Quest Diagnostics. De acuerdo a la misiva, el gerente general de Quest, Miguel C. Ribas, recibió instrucciones para cambiar el lugar de entrega de los “test kits” al COE y la persona designada a recibirlas, en este caso Cabeza Rivera.

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Por órdenes de Rodríguez Quilichini, Rosa Rivera confesó que fue ella quien llamó a Ribas. “Las conté, las revisé y una vez esa era la cantidad de pruebas, firmé el documento. Se enviaron a un área establecida en el COE bajo llave. Estaba personal del ‘Task Force’”, reveló la Secretaria Auxiliar.

La primera alusión a esta forma de usurpación de poderes por parte de Rodríguez Quilichini provino de Quiñones de Longo, quien renunció a su cargo por discrepancias con la Gobernadora y por acciones del “Task Force” que no detalló.

En la primera vista ejecutiva, Quiñones de Longo aseguró que otros empleados de la agencia y asesores ligados a La Fortaleza actuaron por encima de su rol como jefa en la toma de decisiones y en la ejecución de compras millonarias ante la emergencia del COVID-19.