Mientras que varias entidades gubernamentales y no gubernamentales han defendido la independencia del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR), el primer ejecutivo Ricardo Rosselló Nevares ha insistido desde La Fortaleza que debe ser privatizada.

Ayer se registró la suspensión del director ejecutivo del IEPR, Mario Marazzi-Santiago, así como la radicación por parte de este de una demanda para lograr revertir esa decisión. Mientras, hoy el tribunal atiende otra demanda en la que se impugna la legalidad de los nombramientos en la Junta de Directores de la entidad.

Por una parte, surge un reclamo que apoya la independencia del IEPR para fiscalizar los datos públicos, mientras que por otro, se alude a la necesidad de transferirlo a manos privadas precisamente para potenciar sus capacidades investigativas y evitar la intervención político-partidista.

El 21 de diciembre de 2016, por ejemplo, el informe final del Comite de Trabajo Congresional sobre el Desarrollo Económico de Puerto Rico (Task Force), establecido bajo la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica para Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en ingles), respaldó el rol del IEPR en la Isla y recomendó al gobierno que asignara una suma de dinero apropiada para continuar sus operaciones de gran envergadura. Tambien defendió la independencia de la entidad, que fue fundada en el 2003, pero comenzó a laborar en el 2007.

El Instituto es una entidad gubernamental autónoma con la encomienda de coordinar el servicio de producción de estadísticas del Gobierno para asegurar que los sistemas de recopilación de datos y estadísticas, en los que se basan las políticas públicas, esten completos, sean confiables y sean de acceso rápido y universal.

En su inventario, accesible a traves de www.estadisticas.pr, hay sobre 300 ítems, además de custodiar 100 conjuntos de datos o 'data sets' por medio de www.data.pr.gov y sobre 40 tablas y más de 6,000 indicadores a traves de www.indicadores.pr.

A traves de los años, los gobernantes se han inclinado por anunciar acuerdos y planes de trabajo en conjunto con el IEPR, sin embargo, las dificultades entre ambas partes parecieron comenzar en el 2017 tras la publicación de datos referentes a los puestos de empleados públicos.

Repasemos los puntos más controvertibles de los pasados dos años entre el Gobierno y el IEPR:

13 de julio de 2017: Datos del IEPR dan a entender que se dio una merma de 4,559 empleados transitorios durante los primeros seis meses de mandato del gobernador Rosselló Nevares. La información fue reseñada en la prensa, lo cual provocó una reacción por parte de funcionarios de La Fortaleza.

El secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón Rosario Cortes, y el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Jose Iván Marrero Rosado, negaron que se hayan despedido empleados públicos, ya que el Gobernador prometió cero despidos en su Administración. En esa línea, aludieron que las estadísticas que heredó el gobierno entrante eran arcaicas, imprecisas e incorrectas.

En respuesta, Marazzi-Santiago, aclara que la entidad nunca emitió expresiones sobre las cifras, pero los números se basan en datos que los jefes de agencia del gobierno le certifican mensualmente a la Oficina del Contralor de Puerto Rico bajo la Ley de Reforma Fiscal de 2006.

'Nos parece que las expresiones del Secretario de Asuntos Públicos están basadas en alguna información incorrecta o confusión. Desconocíamos hasta hoy que, en efecto, tenía dudas o cuestionamientos sobre los datos publicados. De hecho, en ninguna de nuestras conversaciones con el Tesoro Federal y con la Junta de Supervisión Fiscal, se nos habían expresado las preocupaciones levantadas por el Secretario de Asuntos Públicos. Estamos a las órdenes para atender sus dudas', exclamó Marazzi-Santiago.

20 de julio de 2017: Luego de desmentir parte de las estadísticas que manejaba el IEPR, el Secretario de Asuntos Públicos y Política Pública y el Director de OGP, se comprometen con la contralora de Puerto Rico, Yezmín Valdivieso, con mejorar los reportes del Gobierno.

En un comunicado de prensa, el Director de OGP explicó que por los pasados años las agencias de gobierno remitían información incorrecta a la Oficina del Contralor, que a su vez era recogida por el Instituto de Estadísticas.

21 de julio de 2017: El Gobernador anuncia una serie de cambios a la composición de la Junta de Directores de lEPR amparado en la Ley 3 del 2017, estatuto que lo faculta a remover miembros de juntas directivas en el gobierno.

En primera instancia, anuncia la destitución de Antonio Fernós Sagebien, Ana L. Dávila Román, Marta Álvarez Burgos y Sonia Balet Dalmau. Mientras, 'dejó en su posición' a Arnaldo Cruz Sanabria, quien fue nombrado el 28 de julio de 2016 y fue cofundador de Abre Puerto Rico, entidad sin fines de lucro que aboga por el acceso a la información pública.

Por otra parte, nomina al licenciado Alex López Echegaray y a la contadora público autorizada Bethsie Rosa Reyes a la Junta. De acuerdo al funcionario, el grupo sería conformado por la presidenta de la Junta de Planificación, María Gordillo Perez, y tendría a su cargo la designación de un nuevo Director Ejecutivo para la entidad.

22 de julio de 2017: El IEPR emite una opinión legal en la cual condena las acciones de Rosselló Nevares y las cataloga como nulas. En ese aspecto, radicó una solicitud de sentencia declaratoria ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, para que se dilucide la controversia sobre la Junta de Directores y los cambios.

24 de julio de 2017: En declaraciones escritas, el Director Ejecutivo del IEPR acepta ser nominado como director ejecutivo para ocupar el cargo por un segundo termino, o lo mismo que una decada adicional.

25 de julio de 2017: El secretario de la Gobernación, William Villafañe Ramos, pide a Marazzi-Santiago que reconozca a los nuevos integrantes del IEPR nombrados por el Gobernador el 21 de julio. Además, señaló que su nominación fue realizada en una reunión fuera del marco de la ley, debido a que los integrantes que participaron en el cónclave habían sido destituidos de su cargo tras los nombramientos del Primer Ejecutivo.

'El gobernador le ha pedido que colabore en la transformación del Instituto para mejorar la divulgación y análisis de datos públicos como el mismo Marazzi ha pedido en el pasado desde su cargo como director ejecutivo. Esperamos que escuche el pedido y se aleje del discurso de aquellos que se resisten al cambio y quieren perpetuar un sistema de estadísticas deficiente en el Gobierno', concluyó Villafañe Ramos.

22 de julio de 2017 al 2 de enero de 2018: Durante este período, se registran mociones y replicas en el Tribunal de San Juan respecto al caso del IEPR y los miembros de la Junta de Directores.

Los documentos de ambas partes tienen fechas del 7, 9, 14, 17 y 29 de agosto, del 1 de septiembre, el 27 y el 30 de noviembre, el 11 y el 20 de diciembre, todas del 2017 y el 2 de enero de 2018.

8 de enero de 2018: Al amparo de la reorganización de gobierno, el Secretario de Asuntos Públicos y Política Pública anuncia la privatización del IEPR a cargo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), al añadir las funciones de estadísticas del Banco Gubernamental de Fomento y de la Junta de Planificación.

'El gobernador se comprometió con darle independencia real al Instituto de Estadísticas y externalizarlo al sector privado para fortalecer su transparencia y credibilidad', explicó el Secretario de Asuntos Públicos y Política Pública.

22 de enero de 2018: Marazzi-Santiago cuestionó la propuesta de fusionar al IEPR con el DDEC en vías de privatizarlo en un futuro. Catalogó la medida como 'extraña' y dejó entrever que se trataba de un subterfugio para que la Asamblea Legislativa no evalúe debidamente las operaciones del IEPR.

25 de enero de 2018: La Asociación Americana de Estadísticas (ASA, por sus siglas en ingles) divulga una petición cibernetica titulada 'Cuentas claras: Preservemos la autonomía y la imparcialidad del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico', en la cual hace un llamado al gobernador Rosselló Nevares y a los miembros de la Legislatura a desistir de la transferencia de las funciones del IEPR y su posterior privatización.

3 de febrero de 2018: 15 congresistas de los Estados Unidos remitieron una carta en contra de la consolidación del IEPR con el DDEC al citar que de esa manera se perdería el acceso a datos confiables. Días despues, la Red de Transparencia, que agrupa a organizaciones y medios de comunicación que defienden la transparencia y el acceso a la información, mostró su preocupación ante la intención del gobierno colocar al Instituto de Estadísticas.

7 de febrero de 2018: Marazzi-Santiago argumenta que el proyecto legislativo que propone la fusión del IEPR en el DDEC violenta disposiciones de política pública federal y estatal dirigidas a evitar la manipulación de datos y estadísticas.

12 de febrero de 2018: El gobernador Rosselló Nevares retira la presentación del Plan de Reorganización del DDEC y la presentación de una medida nueva con el fin de implementar el insumo de la industria turística. Sin embargo, la porción referente a la externalización del IEPR permaneció intacta.

14 de febrero de 2018: La Junta de Control Fiscal (JCF) defiende la independencia del IEPR y solicita al Gobernador que desista de su plan de consolidarlo al DDEC.

'Mantener el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico como una agencia independiente y a parte del Gobierno de Puerto Rico es esencial para garantizar la transparencia y la credibilidad de las estadísticas del Gobierno', manifestó la directora ejecutiva de la entidad financiera, Natalie Jaresko.

El gesto fue agradecido por Marazzi-Santiago el 16 de febrero.

20 y 27 de febrero de 2018: Al igual que en los meses previos, el procedimiento entre las partes en el Tribunal de San Juan continúa. El 27 de febrero, específicamente, se celebra una vista argumentativa, la cual dejó sometido el caso ante consideración del juez Anthony Cuevas Ramos

8 de marzo de 2018: El Tribunal de San Juan, por voz del juez Cuevas Ramos, ordena la restitución de Fernós Sagebien, Dávila Román, Álvarez Burgos y Balet Dalmau a la Junta de Directores del Instituto.

16 de marzo de 2018: Ante la derrota en el Tribunal de San Juan, el Gobernador acude al Tribunal Supremo, entidad que decreta 'no ha lugar' a los recursos de auxilio presentados en el caso del IEPR. El Supremo recuerda que, tal como disponen las reglas procesales, tiene que esperar a que el Tribunal de Apelaciones pase juicio sobre el caso y tome su determinación.

20 de marzo de 2018: El Tribunal Apelativo determina no ha lugar a la reconsideración sometida por Rosselló Nevares.

28 de marzo de 2018: El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Gerardo J. Portela Franco, requiere a Marazzi-Santiago que entregue información financiera respecto a las operaciones del IEPR. El pedido se hizo a traves de una carta que fijaba el 6 de abril de 2018 como fecha límite de cumplimiento. Entre los documentos solicitados se encuentra un inventario de cuentas bancarias y sus balances por los pasados dos años, así como detalles de gastos.

6 de abril de 2018: Marazzi-Santiago, quien había mencionado que la información solicitada por AAFAF se encontraba en el portal del IEPR, desglosa en una misiva de cinco páginas que la entidad que dirige tomará pasos adicionales 'para continuar sirviendo como modelo de transparencia y de sana administración pública para todas las entidades públicas de Puerto Rico, incluyendo, desde luego, a la AAFAF'.

Como parte del compromiso, autorizó la divulgación de información de las cuentas bancarias del ente a toda persona natural o jurídica que la solicite.

31 de mayo de 2018: El IEPR demanda al Registro Demográfico y al Departamento de Salud en aras de que se publiquen detalles sobre las muertes individuales de las víctimas del huracán María.

23 de agosto de 2018: En medio de requerimientos de información a la Rama Ejecutiva y la Rama Legislativa, la JCF firma un memorando de entendimiento con el IEPR y la Oficina de la Contralora para la recopilación y análisis de datos de las instrumentalidades del Gobierno, contratos, certificaciones, y transferencias.

22 de octubre de 2018: A la expareja de Marazzi-Santiago le fue concedida una orden de protección en contra del funcionario porque el hombre buscaba controlarla y llegaba al cuido del hijo de ambos sin avisar. Dos semanas antes de esta solicitud, la mujer había archivado otra orden luego de alcanzar un acuerdo con el, pero según el Tribunal, estaba nerviosa, temblorosa y llorosa.

De inmediato, varias legisladoras y grupos que representan a la mujer exigieron la renuncia de Marazzi-Santiago.

29 de octubre de 2018: Marazzi-Santiago solicita a la Junta de Directores del IEPR que lo separen temporeramente de su cargo para resolver 'sus asuntos personales', en referencia a la orden de protección en su contra. En su lugar, el IEPR nombró al doctor Orville M. Disdier Flores.

En horas de la mañana, el gobernador Rosselló Nevares dijo que si Marazzi-Santiago no podía aclarar la situación de violencia de genero, debía renunciar a su cargo.

28 de noviembre de 2018: El Gobernador realiza tres nombramientos a la Junta de Directores del IEPR. Estos son: Manuel Laboy Rivera, secretario del DDEC, el economista Nicolás Muñoz y Harry Santiago Perez, contador público autorizado.

3 de diciembre de 2018: La Junta de Directores del IEPR emite una nueva solicitud de renuncia al director ejecutivo Marazzi-Santiago que contó con la aprobación de seis de los siete miembros de la Junta, contrario a la vez anterior cuando la votación contó con cuatro votos a favor, dos en contra y un abstenido. Al mismo tiempo, la Junta rechaza otorgarle un tiempo adicional, solicitado por Marazzi-Santiago, para contestar la petición.

4 de diciembre de 2018: El Director Ejecutivo del IEPR asegura que su salida de la entidad está impulsada por consideraciones político partidistas. Señala, además, que próximamente solicitaría una investigación al Tribunal sobre la divulgación indebida de la orden de protección en su contra, documento que permanece bajo una mordaza judicial.

14 de diciembre de 2018: En una reunión ordinaria, la Junta de Directores del IEPR avala de manera unánime la formulación de cargos y el inicio de un procedimiento administrativo contra Marazzi-Santiago por este incumplir el requisito de integridad personal requerido por ley para ocupar su cargo. La decisión surgió a raíz de la orden de protección en su contra, solicitada por su esposa.

27 de diciembre de 2018: Marazzi-Santiago apela la orden de protección por violencia de genero que pesa en su contra, según solicitada por su expareja, al plantear que el Tribunal de Primera Instancia erró al conceder la orden sin que existiera un patrón de violencia.

22 de enero de 2019: Marazzi-Santiago regresa a la cabeza del IEPR como director ejecutivo. A la misma vez, y mediante un comunicado de prensa, se anuncia la radicación de una demanda para cuestionar la validez de los tres nombramientos hechos por el Gobernador a la Junta de Directores del Instituto. Sin embargo, el presidente de la Junta de Directores del IEPR, Arnaldo Cruz, aseguró que la demanda fue idea única de Marazzi-Santiago y se concretó con recursos del Instituto.

23 de enero de 2019: En conferencia de prensa sobre la expansión de la empresa Honeywell, Rosselló Nevares reitera su pedido de renuncia a Marazzi-Santiago, a la vez que defendió los tres nombramientos que hizo a la Junta de de Directores del IEPR y que son impugnados en los tribunales. 'Van a estar protegidos por ley… (Los nombramientos) no son nulos. Se evaluó', respondió.

24 de enero de 2019: Ante la insistencia del Gobernador, Marazzi-Santiago se reafirma en su silla en el IEPR y alegó que Rosselló Nevares utilizaba el incidente de violencia de genero y la orden de protección para politizar al Instituto. En entrevista radial, el funcionario negó ser un agresor.

30 de enero de 2019: Marazzi-Santiago es suspendido por la Junta del Instituto y radica una demanda impugnando dicha determinación.

31 de enero de 2019: En la vista judicial, tras hora y media de litigio y luego de un receso, el juez Anthony Cuevas Ramos decreta dejar fuera de calendario la demanda radicada por Marazzi-Santiago contra los tres miembros nombrados por el Gobernador. La decisión se basa en que la Junta de Directores del IEPR, según anunciaron los abogados de la parte demandada, aprobó una resolución la para desistir de la demanda. El efecto directo en el IEPR es que los tres nombrados por el Gobernador continuarían su curso de confirmación en el Senado y ocuparían sus puestos en la Junta de Directores de la entidad.