El caso de la maestra de música Elimar Chardón Sierra trae a la palestra pública, nuevamente, una discusión para atender hasta dónde cobija a los ciudadanos el derecho a la libre expresión que es garantizado en la Constitución de Estados Unidos.

Chardón Sierra fue arrestada el pasado viernes por las autoridades federales luego de que realizara varias llamadas a la jueza que preside el caso de quiebra de Puerto Rico, Laura Taylor Swain, y le reclamara por su aval al acuerdo de la Corporación para el Fondo de Interes Apremiante (COFINA). En medio de su enfurecido reclamo, la educadora dijo que esperaba que la togada se quedara 'sin plan medico, sin casa y que muriera'.

Como parte de un comentario publicado en su cuenta de Facebook, la maestra cuestionó una visita que recibió de autoridades federales a su residencia, pero expuso que sabía que era posible que llegaran hasta ella 'porque se que la libertad de expresión para las colonias no existe'. Precisamente, ese argumento cobra vida en una comunicación en Kilómetro Cero, organización que se dedica a proteger la libertad de expresión ciudadana.

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'El caso de Elimar Chardón Sierra es el caso de todo Puerto Rico pues nadie en nuestro país tiene poder político, ya que este reside en una Junta de Control Fiscal nombrada por el gobierno de otro país. La maestra ejerció el único poder que tenemos todos en esta situación de extremo acorralamiento democrático en que nos encontramos: el poder de la protesta y la denuncia. En casos como este, es aún más crítico proteger la libertad de expresión, que es un derecho fundamental', sostiene el colectivo.

De igual modo, estos llaman al Estado a que responda y proteja el derecho de la educadora. No obstante, el Gobierno de Puerto Rico bajo Ricardo Rosselló Nevares, se mostró agradecido con la aprobación del acuerdo de COFINA, cuya certificación detonó molestia en Chardón Sierra. El mencionado acuerdo establece que 5.5% del IVU será para los bonistas de COFINA, los bonistas senior tendrán un retorno de inversión de 93% de sus bonos mientras que los bonistas subordinados (juniors) recibirán 56.4% de su inversión.

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'La obligación del Estado es proteger este derecho de forma muy especial, sobre todo cuando es uno de los pocos que le queda al pueblo de Puerto Rico para ejercer colectivamente, despues de haber sido usurpado su derecho a la participación política, a la vivienda, a la educación, a la auto-determinación, entre otros', sostiene tambien el colectivo.

Precisamente, la discusión que planteará hasta dónde las expresiones de la maestra están cobijadas por la Constitución se extenderá a eso de las 9 de la mañana de hoy, cuando se celebre la vista preliminar de este caso en el Tribunal Federal de Hato Rey. Chardón Sierra fue imputada de hostigamiento a la togada.