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La tecata de la corrupción y de su encubrimiento

[OPINIÓN]
[OPINIÓN]

Hace al menos dos o tres decadas se llamaba comúnmente a la droga ilícita la tecata. Aunque el nombre era generico se refería más concretamente a las drogas fuertes inyectables particularmente a la heroína. Pero decir la tecata portaba una carga muy fuerte, aunque no tan fuerte como el mote tecato que hablaba del adicto. Sería necesario apuntar que los acercamientos al fenómeno de la drogadicción eran por entonces mucho menos terapeuticos y que imperaba todavía con más fuerza que hoy un enfoque punitivo.

El establishment jurídico por imitación o convencimiento, creía puntualmente que había una guerra contra adictos y contra las drogas, y pensaba además, que se podía ganar. Siempre he creído que esos dos espejismos resultaron muy convenientes para la criminalización de esa forma torpe de automedicación, y para el florecimiento de un tráfico multibillonario que resultó en que tambien florecieran otras industrias como la de la multiplicada prisión privatizada, la de la seudo-rehabilitación, la recaída y el retorno, la de la institucionalización, la de la vigilancia y la de la seguridad, la de las drogas legales sustitutas, y la de la práctica legal, por nombrar una cuantas actividades en extremo lucrativas. Por su carácter, el complejo mercatorio de la droga internacionalizado no tardó en encontrar un enorme mercado consumidor en los Estados Unidos. Las prohibiciones desencadenaron en actividades de contrabando, tráfico ilícito, formación de mafias y carteles, narcoterritorios y narcoestados. La historia de esa involución agigantada de penosos perfiles y consecuencias internacionalizadas ocupa páginas trágicas de codicia, avaricia, destrucción del don de la vida y mantiene su terrible huella particularmente en el continente americano.

Rescato del tesoro lingüístico el concepto tecata con toda la carga negativa que portaba por aquellos días para asociarlo al de la corrupción y su encubrimiento. Aclaro, como suelo hacerlo siempre, que la corrupción, distinto a lo que nos quieren hacer creer, no es un asunto individual. Todo lo contrario, la corrupción es un fenómeno ampliamente esparcido y difundido en toda la sociedad, meticulosamente estructurado sistemica y sistemáticamente, a traves de procesos, programas y estructuras por organizaciones o entidades criminales, civiles y gubernativas.

Mientras que el encubrimiento es el eterno acompañante de la actividad o fenómeno corrupto que se vale de sus mismos instrumentos y de conducta individual, grupal o social para nutrirse de la impunidad, mantenerla o instituirla mediante actos, omisiones y tecnicas en la forma de construir los procedimientos jurídicos, burocratizar y mitificar el sistema de justicia, adentrarse en el aparato gubernativo, definir las conductas ilícitas y administrar los procesos de evaluación, fiscalización, investigación y administración de las herramientas gubernativas y jurídicas. Involucra en su dimensión más patológica apropiarse de los instrumentos del gobierno y del sistema de justicia para manipularlos en la empresa corrupta y en la sub-empresa encubridora,

Ambas, la corrupción y su encubrimiento abundan tanto en la esfera pública, como en la privada. Ambas esferas suelen crear extraordinarias sinergías para retroalimentarse y para propiciar, promover, ampliar o tolerar la actividad corrupta y el encubrimiento, resultante en impunidad y en obvia violación a los derechos humanos, al fin público que se supone sea la razón de ser de las instituciones del Estado cuando es este social y aspira a ser democrático, al Bien Común y a la dignidad de las personas.

Afirmo que el proceso político de Puerto Rico --tanto interno como en su entronque colonialista con Estados Unidos-- es uno al servicio medular de la corrupción y de su encubrimiento. Más aún, sostengo que la conducta de la Junta de Supervisión Fiscal y de los aparatos jurídicos creados mediante la Ley PROMESA son emblemáticos e indiferenciables de la corrupción y encubrimiento estructurado mediante el cual opera en el país una empresa criminal llamada gobierno colonial y un enclave de inversionistas políticos intermediarios, que están parapetados en un ordenamiento propiciatorio y permisivo con el cual co-controlan localmente la actividad política, financiera y económica.

Esta simbiosis de corrupción, encubrimiento e impunidad, salvo en casos extremos escasos o de peso relativo menor, explica la brutal anomalía del colonialismo sostenido en Puerto Rico por 121 años por el sistema político-jurídico estadounidense y sus tres ramas de gobierno.

¿Habría alguna otra explicación para el inmovilismo del ejecutivo y del legislativo local ante la podredumbre corrupta del sistema gubernativo? ¿Podría explicarse de alguna otra forma la opacidad e intransparencia rampante en las cuentas, finanzas y la contabilidad del gobierno de Puerto Rico y de sus agencias? ¿Tenemos una explicación a la carencia de acción decisiva del Congreso en torno a la lavandería financiera oficial establecida en Puerto Rico desde hace decadas?

¿Que hay sobre la displicencia de los organismos públicos a la hora de recontratar bajo otros nombres a los perpetradores de festines corruptos una y otra vez? ¿Que decir, de la abulia del gobierno local, Departamento de Justicia, a dar seguimiento adecuado e investigar innumerables señalamientos y referidos de otros entes gubernativos? ¿Dónde está la iniciativa investigativa de los entes fiscalizadores? ¿Por que la inmensa mayoría de las comisiones legislativas no ejercen sus funciones y facultades investigativas constitucionales?

¿Dónde queda el interruptor que energiza la evaluación, la fiscalización y la investigación de la actividad del gobierno? ¿Por que no se acusa a los encubridores que vieron, han tenido que ver, o no han querido ver, lo evidente? ¿Por que no se acusa para empezar a los altos funcionarios bajo cuya jefatura --narices-- suceden estos casos de corrupción?

¿Con que propósito se manifiesta una y otra vez, ese hermetico control de las mayorías partidistas de los procesos de nombramientos políticos de jueces, fiscales, y de miembros de juntas? ¿No es acaso este un instrumento adicional para construir un modelo casi perfecto para perpetuar la actitud de permisividad, tolerancia, inacción, pasividad o displicencia ante la corrupción?¿Por que no se examinan, ni revisan las normas jurídicas obsoletas o tan pesimamente construidas que viabilizan la existencia de lagunas que aprovechan y con las que se retroalimenta el sistema de corrupciones?

¿Para que y por que se resiste tanto el gobierno, dejando de hacer pública la documentación y la información gubernamental? ¿Por que no se abren los procesos administrativos, los de otorgar permisos, licencias, concesiones, contratos a una participación pública generalizada que sea real y efectiva?

¿Cómo es que el gobierno puede pactar lo netamente público en secreto? ¿Cómo la privatización se está utilizando para alejar de la mirada y de la fiscalización pública transacciones con propiedad, autoridad y recursos públicos presentes y futuros?

¿Cómo se puede estar gravando el futuro fiscal y económico de Puerto Rico por decadas en cuartos oscuros mediante renegociaciones billonarias y privatizaciones disfrazadas de contratos de administración privada por 30 o 40 años?

¿Cómo se ha condenado a la ruina a cientos de miles de puertorriqueños y a la emigración a otros tantos, y los que faltan, con negociaciones imperiales donde no se toma en cuenta el sufrimiento de la actual y de la futura generación de puertorriqueños?

En el examen de la tecata de la corrupción, del encubrimiento y de la consecuente impunidad de locales y federales, y de sus estructuras y mercado hay claves urgentes que tienen que atenderse. La lacra del colonialismo y de sus corrupciones no puede condenar a un pueblo a la miseria. Apelar al decoro perdido de los cómplices es tarea inútil. Cuestionar y educar de veras sobre esta epidemia debiera ser la razón de ser y el centro de esta campaña política que se avecina, que debe ser una de la sociedad, de la gente y de sus organizaciones honestas aunque haya que romper en frío, aunque haya que pasar vergüenzas ajenas, aunque haya que transitar por el tortuoso camino de ver expuestas en toda su maldad las consecuencias de tanto desatino.

Desenmascarado el corrupto colonialismo, incluso de quienes predicando la anexión imposible, no hacen nada para acabarlo, sino por el contrario conviven y colaboran con su perpetuación; desenmascarada la displicencia y connivencia de los Estados Unidos con el regimen colonial y sus pulgueras de explotación e ilicitud cabe preguntarse: ¿Que esperamos los puertorriqueños para actuar para acabar con la tecata de la corrupción y su encubrimiento político y jurídico?

*El autor es doctor, abogado, profesor y estudioso de los procesos legislativos y reglamentarios. Fue asesor y luego portavoz del PIP en la Cámara durante 24 años.

El licenciado Víctor García San Inocencio. (Juan R. Costa / NotiCel)

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