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Fiscales claman por un encuentro con la JSF mientras su aumento sigue en el limbo

Una ley del 2023 les reconoce un incremento salarial, pero el ente fiscal no ha autorizado el desembolso del dinero.

A pesar de que la agencia cuenta con el dinero para honrar se segundo aumento legislado y convertido en ley en el 2023, la JSF no ha autorizado el desembolso y tampoco ha dicho por qué se niega hacerlo.
Foto: Juan R. Costa / NotiCel

Los fiscales en Puerto Rico están a la espera de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) finalmente les dé audiencia para atender, de primera mano, sus reclamos salariales con la intención de que el ente fiscal finalmente desembolse el dinero requerido para honrar un aumento salarial legislado en el 2023, dijo Javier Rivera, presidente de la Asociación de Fiscales.

En una entrevista en el programa Primer Round, de Magic 97.3 FM, Rivera recordó que en el 2023 el gobernador Pedro Pierluisi firmó la segunda de dos leyes que le honran aumentos salariales a estos profesionales. La primera ley, según dijo Rivera, se hizo a base de datos que desembocaron en el 2022 en un aumento “ínfimo” para la mayoría de los sobre 200 fiscales con que cuenta el Departamento de Justicia.

Sin embargo, a pesar de que la agencia cuenta con el dinero para honrar el segundo aumento legislado y convertido en ley en el 2023, la JSF no ha autorizado el desembolso y tampoco ha dicho por qué no lo ha hecho.

“La Junta de Supervisión está revisando la ley y próximamente se estará expresando al respecto”, indicó Sylvette Santiago, portavoz de prensa de la JSF.

De por medio, dijo Rivera, están posibles renuncias adicionales dentro de un cuerpo de fiscales ya diezmado a razón de unas 50 vacantes. Hasta el 2022, los fiscales no recibían aumentos salariales por más de 20 años.

“El reclamo de los fiscales siempre fue entablar conversaciones con la Junta, lograr reuniones con la junta y hemos intentado en múltiples ocasiones”, dijo Rivera al reconocer que el encuentro nunca se ha dado.

“Continuamos solicitando a la Junta que nos dé foro. No nos ha dado audiencia”, agregó.

En estos momentos, un fiscal I gana $80,250, o sea, el 75% de $107,000.

Estos salarios palidecen, en algunos casos, con los que se puede ganar un abogado en la práctica privada.

“Ha provocado que compañeros con mucha experiencia se vayan a la práctica privada, se vayan a litigar por parte de la defensa. Ciertamente en Departamento de Justicia es una gran escuela y permite que los profesionales del derecho se desarrollen en el litigio y el derecho criminal. El Departamento de Justicia necesita que los mejores talentos se queden en el departamento”, afirmó Rivera.

“Nuestro llamado es que nos den audiencia. Que se sienten con el Departamento de Justicia y nosotros en la Asociación de Fiscales para que entiendan ese reclamo, entiendan la responsabilidad del fiscal y los peligros inherentes a la profesión del fiscal”, agregó.