San Juan - La Ley de Cabotaje de Puerto Rico, que impide la entrada de barcos que no sean de tripulación, bandera y fabricación estadounidense, tiene efectos adversos para la deteriorada economía local, según estudios que maneja el Senado de la isla.

'Puerto Rico se asfixia' con esta ley, según la presidenta de la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social del Senado de Puerto Rico, Rossana López, que trabaja estos días para tratar de acabar con esta ley.

La difícil situación por la que atraviesa este Estado Libre Asociado a EE.UU., que sufre desde hace más de siete años una profunda crisis económica, ha vuelto a poner de actualidad una ley considerada perjudicial para lograr una recuperación.

En una entrevista con Efe, la legisladora del gobernante Partido Popular Democrático (PPD) explica que esa normativa, que restringe además la entrega a Puerto Rico de mercancía a sólo cuatro navieras estadounidenses, ralentiza el desarrollo económico de la isla por impedir la competencia y mantener altos precios.

López insiste que no se trata de una opinión personal y apunta que su tesis fue corroborada durante un encuentro sobre el tema celebrado este mes en el marco del Foro de Transportación y Logística Marina, organizado por la Universidad Católica de Puerto Rico.

'Se nos asfixia. La eliminación de la Ley de Cabotaje generaría ingresos que nos ayudarían', subraya la senadora, que se remite a doce estudios locales e internacionales destacados durante esa reunión y que revelan que esa ley tiene efectos adversos para la economía local.

La Ley de Cabotaje obliga desde principios del siglo XX a transportar la carga marítima entre Puerto Rico y EE.UU. en barcos fabricados en ese último país, y que sean propiedad y de bandera estadounidense.

Uno de los estudios sobre sus efectos data de 1999 y fue elaborado por la Comisión de Comercio Internacional de EE.UU., que calculó que sin las normas de cabotaje los costos de transporte de productos descenderían más de un 20 %.

La comisión que encabeza López trabaja actualmente para rebatir el argumento de la Oficina de Contabilidad General del Congreso de EE.UU. (GAO) de que la Ley de Cabotaje no afecta a la economía de la isla.

López defiende que ese organismo sólo vela por el interés de la marina mercante estadounidense, sin tener en cuenta el de Puerto Rico, que 'puede estar pagando hasta mil millones de dólares anuales de sobrecargo por transportar mercancía que llega a la isla del exterior y que tiene que pasar por un puerto de EE.UU. continental'.

Subraya que la Ley de Cabotaje pretende, entre otras cosas, defender los intereses de los astilleros de EE.UU., con costes más altos que los de otros países, diferencia que termina pagando el consumidor puertorriqueño.

Desde el pasado enero se celebran vistas públicas en el Senado local para escuchar las opiniones de expertos y diferentes agentes sociales sobre el asunto.

Un informe con el resultado de esas vistas, que se espera terminen en las próximas semanas, será enviado a la Oficina de Contraloría General de EE.UU. y al Congreso en Washington para que se analice la posibilidad de derogar la ley.

En su opinión, es imprescindible que se apruebe una exención a la norma, ya que 'la práctica totalidad' de los bienes que se consumen en Puerto Rico son importados.

El catedrático del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico José Alameda coincide con la legisladora y considera, según explicó en una entrevista con Efe, que la Ley de Cabotaje es 'anacrónica' e 'impide la libre competencia'.

Alameda, que ha llevado a cabo estudios sobre el tema, cree que si abriera a la competencia el transporte marítimo entre EE.UU. y Puerto Rico se abaratarían notablemente los costes de los productos importados.

El experto considera que las autoridades estadounidenses no tienen que ver esa apertura como una amenaza, ya que las cuatro compañías que controlan el tráfico actual mantendrían su posición y habría que ver además si a empresas foráneas les resulta atractivo competir, ya que desde Puerto Rico prácticamente no sale mercancía al exterior.

Para el también economista Eduardo Pagán, vicepresidente para Puerto Rico y el Caribe de la compañía Sea Star Line Agency, una de las compañías que transporta mercancía desde EE.UU., el tema de la Ley de Cabotaje es un asunto político que debe ser tratado de esa manera.

Los estudios dados a conocer durante el encuentro de la Universidad Católica de Puerto Rico apuntan que la norma incrementa el precio de los bienes importados en cerca de un 30 %.

La Ley de Cabotaje se aplica en Puerto Rico desde 1900, cuando el Congreso aprobó la primera ley orgánica, la Ley Foraker, y dispuso que el cabotaje entre la isla y EE.UU. sería regulado conforme con las disposiciones de ley aplicables a dicho comercio marítimo.

Al aprobarse la segunda ley orgánica, la Ley Jones, en 1917, las leyes de cabotaje continuaron en efecto y su vigor prevalece hasta hoy en Puerto Rico.