El miembro más recientemente expulsado por Trump de la Junta, Andrew Biggs, reafirmó su apoyo a los demás expulsados y llamó la atención sobre el plan de usar fondos del gobierno para deuda AEE.

Andrew Biggs, el sexto miembro de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que el presidente Donald Trump destituyó este mes, advirtió en contra de lo que fue una propuesta de campaña de la gobernadora Jenniffer González Colón, que ahora la mandataria no quiere decir si se sostiene en ella o no.

Cuando Trump destituyó a Cameron McKenzie, Betty A. Rosa, Juan A. Sabater, Luis A. Ubiñas y a Arthur J. Gonzalez, presidente del ente, Biggs, expresó que “me opongo fuertemente a la destitución de mis colegas, la cual creo que es injustificada y será un retroceso para Puerto Rico”.

Luego, cuando lo botaron, el especialista en pensiones y también miembro original de la Junta, dijo en redes que “¡todavía!” tenía esa postura.

Pero, además, abordó lo que parece que será la agenda de los nuevos miembros bajo Trump, utilizar dinero acumulado en el Fondo General para hacer una especie de pronto pago a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), quienes insisten en que se le pague su deuda completa (poco más de $12,000 millones con intereses), en vez de los aproximadamente $2,500 millones que ofreció el ente fiscal en la negociación.

La idea de saciar las peticiones de los bonistas usando dinero que estaría disponible para otras necesidades del pueblo la magnificó la gobernadora durante la campaña pasada, pero ahora esa posibilidad está envuelta en discursos dobles.

Al abordar esta propuesta, Biggs dijo en la red social X que la estrategia que empuja el exmiembro del ente, Justin Peterson, es una admisión implícita de lo que ha dicho la Junta hasta ahora, que la AEE no puede pagar la deuda completa.

La JSF ha dicho que ofreció $2,500 millones porque eso es lo que entiende que la corporación pública puede producir como “ingreso neto” en las próximas décadas. “Ingreso neto” es el estándar que estableció el tribunal de apelaciones federal. Ese foro dijo que los bonistas tienen derecho a que se le pague el máximo que reclaman pero, a la vez, que la única fuente que tiene que usar la AEE para ese pago es lo que se denomina “ingreso neto”, o lo mismo que lo que queda después de que los gastos se restan de los ingresos. Como parte de ese límite, la Junta pidió a los operadores privados de la red eléctrica, LUMA Energy y Genera PR, que sometieran todos los gastos que entienden son necesarios para operar el sistema. Ese es uno de los escenarios que se maneja en el caso en el que el Negociado de Energía (NE) establecerá una nueva tarifa básica.

“Nótese que la deuda de la AEE con los acreedores la debe la AEE, no el gobierno de Puerto Rico. Son entidades legales diferentes. El gobierno no tomó ese dinero prestado ni prometió responder por esa deuda si la AEE no podía pagarla”, argumentó Biggs. Añadió que se ha ofrecido un instrumento de valor contingente (CVI en inglés), que implicaría que los bonistas cobran más deuda si la corporación tiene una posición financiera en el futuro mejor que la que se proyecta. Ese instrumento se usó para negociar la deuda del gobierno central pero, según Biggs, “en mi experiencia, a los bonistas no les importa mucho el CVI”.

La semana pasada, después de que Peterson volvió a la carga con exponer un plan a Trump que incluía pagar deuda con fondos del gobierno, González Colón no fue categórica sobre si sigue apoyando eso que lanzó en la campaña.

“Habíamos hablado en el proceso de campaña de estas ideas. Tengo que ser bien cautelosa con mis expresiones ahora, porque cada vez que hago expresiones sobre este tema, los bonistas acuden al tribunal reclamando. Tengo que ser muy cuidadosa. Yo hice unas expresiones sobre este tema en el período de campaña, de que debíamos llegar a una resolución para salir de esta quiebra. La realidad es que se han hecho intentos y esfuerzos desde que yo llegué y los términos no han sido satisfactorios para el gobierno de Puerto Rico ni para el pueblo de Puerto Rico”, dijo a la prensa.

A la vez, el gobierno, con la aprobación de la Junta, mantiene vigente una reserva presupuestaria que llaman Reserva del Sector Energético (RSE). El balance de esa reserva va por $683 millones y el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando Rivera Berríos, dijo a El Nuevo Día que la autorización de uso de ese dinero es amplia y cubre tanto pago de pensiones como de deuda. Aparte esa reserva, la cuenta del Departamento de Hacienda, la principal del gobierno, tiene dinero que se interpreta como sobrante, pero que la Junta ha argumentado que no lo es porque responde a requerimientos legales y a sana administración financiera.

En un ‘blog’ de mayo pasado, el ente desglosó que los $10,000 millones que tenía esa cuenta en marzo se reducían a $1,800 millones cuando se descontaban todas las obligaciones y bajaba todavía más, a $800 millones, cuando se restaban $1,000 millones de “saldo operacional”. “Este balance mínimo es necesario para que el Gobierno pueda continuar pagando nómina y pensiones si no recibe todos sus ingresos a tiempo, por ejemplo, cuando los pagos de las contribuciones se retrasan porque hubo una falla técnica o un desastre natural”, dijo la JSF. Entre los propósitos que limitan la disponibilidad de fondos están: Fondo de Reserva de Emergencia, Reserva de Incertidumbres Económicas y pago de deuda del gobierno central.

“Si el gobierno quiere tirarles un dinero (a los bonistas) para asegurar una negociación rápida, eso está bien. ¿Pero requerirle al gobierno que pague toda, o casi toda, una deuda que no es de ellos?”, planteó Biggs al reiterar que el gobierno no “responde legalmente” por esa deuda.

A principios de año, cuando todavía tenía sus siete miembros, la Junta expresó a través del Plan Fiscal de la AEE y de su director ejecutivo, Robert Mujica, que el pago de deuda no podría salir de la tarifa debido a la necesidad de asignar más recursos para fortalecer el sistema. La Administración González Colón se mostró sorprendida por esa postura y Mujica no definió de qué otra fuente saldría el repago, si no era de la tarifa.

En los meses siguientes hasta ahora, cuando la Junta está al borde de un cambio completo en su composición, nunca se estableció formalmente de cuál otra fuente se puede pagar la deuda de la AEE que no sea la tarifa o el Fondo General.

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