Abonados están expuestos a pagar por decisión de LUMA de contratar personal de su matriz
La agencia federal no autorizó unos $21 millones que LUMA le sometió como costos por contratar a empleados de Quanta Services durante el huracán Fiona.
La Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) señaló al operador privado de la red eléctrica, LUMA Energy, que es una violación a las reglas de la agencia el que contraten a empleados de su matriz, Quanta Services, y también que las tarifas que pagaron por esos empleados no fueron razonables.
La determinación final de la agencia federal que canaliza los fondos de reconstrucción ocurrió el 25 de abril pasado, según está incluido en una carta que el zar de energía, Josué Colón Ortiz, dirigió al operador de la red el viernes.
FEMA había hecho una determinación preliminar de violaciones el 27 de diciembre, pero estaba activo un proceso de apelación de parte de LUMA. Lo que ahora se divulga es que en ese proceso de apelación la agencia federal mantuvo sus señalamientos.
Los abonados quedan expuestos a tener que pagar mediante la tarifa esos gastos en los que LUMA incurrió, pero que no se le pagaron por violar reglamentos sobre compras y contratación. Según la carta de Colón Ortiz, eso suma ya $21 millones, pero puede ser más porque todavía la agencia federal está revisando reclamaciones del operador.
Hasta ahora, de $50.46 millones en reclamaciones que hizo LUMA, el gobierno federal solo le aceptó como “razonables y elegibles” $29.47 millones. De esta manera, decidieron no aceptarle $21 millones. Además, FEMA redujo las tarifas de Quanta Services en 63% porque son “inconsistentes con las normas de la industria”. “El memo de FEMA también señaló que el esquema de contratación de empleados (de Quanta) que usa LUMA es una violación de compra”, consignó Colón Ortiz en su carta, a la vez que apuntó que quedan más hojas de trabajo pendientes de revisión en FEMA, por lo que pueden haber más fondos no autorizados.
Por estas “deficiencias serias” de parte de LUMA en el manejo de fondos federales, se ha establecido un sistema “fast-track” para cada proyecto del operador, en el que participan a la vez representantes de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) para “ayudar a pastorear los expedientes en las agencias locales”.
El contexto de la divulgación de esta determinación de FEMA es que LUMA ha reclamado públicamente que no puede acelerar más el uso de fondos federales por problemas de permisos y burocracia en el gobierno. Con esto, el gobierno les riposta y les dice que es su falta de competencia en esta área la que no permite desplegar más fondos federales más rápidamente, a pesar de que el consorcio se vendió como experto en manejo de fondos federales.
En diciembre, FEMA indicó que el esquema de contratación con Quanta “presenta el potencial para que surjan conflictos de interés” y que el operador no había podido justificar por qué realizó esa contratación sin competencia. En ese proceso con la agencia federal, la defensa futil de LUMA había sido que el acuerdo con Quanta no era un contrato y no conllevaba ganancia porque los costos se someten para reembolso sin margen de ganancia. Pero FEMA no lo aceptó, concluyó que era un contrato y de ahí fluyen las violaciones señaladas.
En su carta, Colón Ortiz también levantó la preocupación de que, en términos de contabilidad, LUMA no ha incluido en sus presupuestos la partida para atender apagones. Esto, añadió, le ha permitido al operador manejar esa cuenta “como un bolsillo oscuro para gastos para los cuales no obtuvo fondos de emergencia de FEMA, fondos que FEMA estaba lista para proveerle”.
Para leer la determinación de FEMA, pulse aquí.
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