JSF publicó cartas donde NFE timonea al gobierno sobre contrato de gas a largo plazo desde marzo, pero ahora nadie le quiere decir al ente fiscal cómo fue y qué pasó en esa ‘negociación’.

En abril pasado, cuando el gobierno todavía no había comenzado el proceso formal de búsqueda de suplidor de gas licuado a largo plazo, la empresa New Fortress Energy (NFE) le envió una propuesta no solicitada en la que le decían que podían competir con otros suplidores pero que, como controlan el único punto de entrada de gas en San Juan, eran la única alternativa viable.

Tres meses después, el gobierno apuntó a esa ventaja de NFE para justificar cómo dejaron que la gasífera pusiera los términos de un contrato cuya aprobación la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) detuvo hasta nuevo aviso por considerarlo leonino. En esos tres meses, el gobierno no inició acción judicial alguna para quitarle a NFE el control de los muelles A y B del Puerto Nuevo, y todavía hoy, después de que la empresa suspendió temporeramente el suplido de gas para presionar por el contrato, el gobierno no ha dicho si va a moverse en esa dirección.

Esto quedó expuesto ayer con una carta en la que la JSF incluye comunicaciones que NFE hizo al gobierno y en la que el ente fiscal pide información a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) y a su Oficina de Adquisiciones de Terceros (3PPO) para entender cómo ocurrió la supuesta negociación con la empresa porque, hasta ahora, todas las indagaciones que ha hecho le han producido “más preguntas que respuestas”.

En 2018, el entonces director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Anthony Maceira Zayas, le firmó a NFE un contrato de alquiler sin competencia para uso exclusivo por 10 años de dos muelles en los que ubican ahora las únicas instalaciones que permiten descargar gas licuado en toda la costa norte de la isla. NFE desarrolló esas instalaciones sin permiso del gobierno federal. La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) podría, como hizo en una controversia de 2021 que involucraba a PUMA, recurrir al tribunal para obtener una orden que permita a otros suplidores usar las instalaciones, si es que el inquilino no quiere permitirlo. Pero no lo ha hecho.

Entre los anejos de la carta que la JSF emitió ayer, hay una comunicación del 4 de abril de Wesley Edens, principal oficial ejecutivo de NFE. Esto es antes de que la 3PPO publicara el requerimiento de propuestas (RFP en inglés) que culminó en el contrato bajo evaluación.

“Estamos felices de participar en un RFP, pero debido a nuestra infraestructura existente, creemos que somos la única alternativa viable para este contrato”, afirmó Edens. Añadió que, para asegurar el suplido de gas a largo plazo y a “los precios más competitivos”, tienen la ventaja de que “somos dueños del único terminal de gas natural licuado en San Juan, donde está el grueso de la población de Puerto Rico y de la demanda de energía”.

Entonces, Edens establece los términos para una “negociación bilateral”, los cuales le había entregado a la gobernadora Jenniffer González Colón antes, el 31 de marzo. Los términos son: contrato a 20 años (en vez de los 15 que acabaron en el contrato propuesto), conversión “inmediata” a gas de las plantas termoeléctricas de la AEE, cobrar una tarifa para el uso de gas en esas plantas que venga de algún otro suplidor, y entregar todos los terminales e infraestructura al gobierno por $1.00 al final del contrato. Durante los 20 años del contrato, NFE estaría supliendo una cantidad escalonada de gas y, si Puerto Rico no la consume, se la podían vender de vuelta al suplidor por el precio contratado.

Uno de los cuestionamientos de la JSF a la AAPP y a 3PPO es por qué algunos de esos términos terminaron siendo aún más favorecedores a NFE. Por ejemplo, al final quedó como que la isla tenía que comprarle a NFE todo el gas suplido, lo usaran o no.

“Todavía no hemos encontrado a alguien del lado del gobierno que pueda proveer una justificación convincente para los términos del contrato propuesto o que abogue por su aprobación… Parece que no hay una entidad responsable que explique las negociaciones o el razonamiento detrás de los términos y condiciones propuestos, su impacto en los abonados y el futuro del sistema energético de Puerto Rico”, indicó el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica. La comunicación consigna que la única entidad que apoya el contrato es Genera PR, la subsidiaria de NFE que tiene un contrato para operar las plantas de la AEE.

Parte de la información y explicaciones que la Junta pidió a la AAPP y 3PPO para mañana, jueves, están: diferencias entre los términos del RFP y los que acabaron en el contrato; quién, o quiénes, negociaron y sobre qué base decidieron enviarle a la Junta el contrato propuesto para evaluación; y si el someter el contrato propuesto a la evaluación de la Junta estuvo motivado por las amenazas, y acciones, de no entregar cargamentos de gas a la isla.

La Junta también quiere saber cuál es la versión oficial del gobierno de Puerto Rico sobre el contrato que se revisó después de que el ente fiscal levantara objeciones preliminares el 9 de julio. Esto, porque NFE le sometió una versión revisada por ellos, que remueve la exclusividad que se le había concedido, pero también la 3PPO le envió una versión revisada del contrato que supuestamente discutieron con NFE, aunque la gasífera dice que con ellos no lo discutieron. El trabajo de 3PPO está contratado a la empresa Regulatory Compliance Services, Corp. (RCSC), a cargo del exfiscal federal Osvaldo Carlo Linares. Pero la Junta advirtió que ellos no revisan contratos que les sometan suplidores del gobierno, como RCSC, sino que se lo tiene que someter formalmente alguna entidad de gobierno, como sería AAPP.

El 17 de julio, después de que todo el lío había explotado, NFE le envió una carta a la Junta en la que dio su versión de las negociaciones y justificó los términos del contrato.

Para rechazar que sean un “monopolio”, indican que suplen el 38% del gas usado en la isla y que, si ellos no estuvieran participando en este mercado, entonces sí habría un monopolio porque la española Naturgy supliría el 95%. Dicen que hubo un proceso competitivo y que se adjudicó a dos suplidores (pero no dicen que el otro suplidor, Crowley, solo hizo propuesta para suplir a Mayagüez, por lo que no hubo competencia real entre esta y NFE).

Argumentan que las cantidades escalonadas de gas que estarían supliendo se consumen de forma garantizada con las plantas que ahora usan gas y con las que Genera, su subsidiaria, le ha propuesto al Negociado de Energía (NE) que permita convertir a gas. El NE, de hecho, se ha resistido a permitir todas las conversiones que Genera ha pedido de la manera en que las ha pedido, precisamente por el temor a estar engregándole un monopolio a NFE.

También, y a pesar de que la Junta no encuentra quién en el gobierno se haga responsable de cómo quedó el contrato propuesto, NFE dice que negoció directamente con el zar de Energía, Josué Colón, y con RCSC y provee tres fechas en las que ocurrieron las conversaciones principales.

Para terminar, NFE ata el pago de la deuda de la AEE con que se le conceda a ellos el contrato de suplido a largo plazo.

El contrato, dicen, generaría ahorros de $400 millones en comparación con los costos del diésel y “estos ahorros podrían compensar el 27.5% del aumento de ocho centavos el kilovatio hora que la AEE propone en la tarifa, con la intención de repagarle a los bonistas todas su deuda con intereses”.

Para leer la carta de la Junta, pulse aquí.

Vea:

Gobierno tiene cómo enfrentar a New Fortress Energy, si quieren