El también exsubsecretario de Educación es objeto de tres querellas, que no solamente fueron referidas al Departamento de Justicia, sino también a autoridades federales.

El Departamento de Justicia se prepara para anunciar hoy el resultado de la investigación de la Oficina de Integridad Pública y Asuntos del Contralor contra el exsubsecretario de Educación, y también excomisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP) para las elecciones de 2020, Héctor Joaquín Sánchez Álvarez.

Después de perder la confianza del secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, el funcionario se convirtió en subsecretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, pero también salió de esa posición. Sánchez Álvarez tiene un nombramiento de carrera como maestro agrónomo asignado a la Escuela Superior Vocacional de Canóvanas (San Isidro).

El exsecretario auxiliar de Asuntos Legales y Política Pública, Nolan Portalarín Cepeda, hizo los referidos antes de que fuera despedido en diciembre pasado por Ramos Parés, en una acción que fuentes atribuyeron específicamente a estas pesquisas contra Sánchez Álvarez. Además de a Justicia, las querellas fueron referidas también a la Oficina del Inspector General del Departamento de Educación federal, a la Oficina del Contralor y a la Oficina de Ética Gubernamental.

Hay tres asuntos por los que Sánchez Álvarez está bajo investigación. Pero solo se ha confirmado públicamente uno, que obligó a los directores regionales de la agencia a discriminar a favor de maestros afiliados al PNP en la entrega de premios de maestros y directores escolares del año en la actividad “Brilla la Comunidad Escolar” que se llevó a cabo en mayo del año pasado. Los premios estaban dotados de dinero que venía de fondos asignados bajo la ley federal CARES (autorizada para atender la pandemia del coronavirus).

Para esta pesquisa, fiscales de Justicia tomaron testimonio a los directores regionales de la agencia y también a la actual ayudante de Ramos Parés, y exdirectora de la región de Caguas, Wenddy Lee Colón Martínez.

Cuando la secretaria de la agencia era Julia Keleher, quien cumplió cárcel a nivel federal, hubo alegaciones de que Sánchez Álvarez facilitó la intervención política de legisladores en la concesión de becas estudiantiles.

La trayectoria del maestro incluye querellas de hostigamiento y señalamientos de auditoría por su gestión, pero La Fortaleza se mantuvo defendiéndolo y, cuando Ramos Parés le retiró la confianza, dejaron que el propio funcionario optara por a cuál agencia quería ser designado. La secretaria de la Gobernación, Noelia García, llegó a ordenar directamente que las pesquisas contra Sánchez Álvarez en Educación fueran detenidas para que se le encargaran a un “ente externo”. Eso sucedió, pero el trabajo de la Unidad de Investigaciones de Querellas Administrativas se reanudó después de que ese ente, hasta ahora no identificado, emitió un informe de hallazgos.

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