La Administración Federal de Aviación (FAA, en ingles) no ha solicitado ningún tipo de opinión o comentario a la fiscalía estadounidense en la isla, en medio de la transacción de compra venta del principal aeropuerto del país, reconoció la jefa de la fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez.

La FAA evalúa la privatización del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, instalación cuya seguridad recae de forma prioritaria sobre la jurisdicción de las autoridades estadounidenses en la isla.

'No hemos estado en conversación con la FAA sobre eso', reconoció la fiscal Rodríguez, quien sin embargo se mostró en la disponibilidad de entablar cualquier diálogo con cualquier agencia federal que así se lo solicite.

Rodríguez está ajena a la transacción que heredó el presente gobierno de Alejandro García Padilla, de la pasada administración de Luis Fortuño.

'Sobre la administración del aeropuerto, realmente no conocemos detalles adicionales, pero con mucho gusto podemos entrar en conversación con cualquier entidad que necesite estar en conversación para la seguridad del aeropuerto', destacó la fiscal federal.

NotiCel le preguntó a Rodríguez si tienen alguna injerencia en el proceso de evaluación, toda vez que el conglomerado mexicano ASUR ha tenido serios señalamientos y problemas manejando casos de narcotráfico en los aeropuertos que administra y opera.

'Una gran parte de la droga entra por el aeropuerto y sí puedo decir que estamos enfatizando en el aeropuerto, inclusive varias de nuestras agencias tienen asignados agentes específicos al aeropuerto. Es un área que nos preocupa y nos ocupa y ahora en unión a las autoridades del Estado Libre Asociado, pues nosotros entendemos que vamos a poder dar un énfasis aun mayor', destacó la fiscal federal.

Rodríguez elogió la asignación de más recursos del componente de seguridad pública en la instalación aeroportuaria.

'La asignación que ha hecho el Gobernador de poner a cargo de la seguridad del aeropuerto a la Policía, pues nos va ayudar en nuestro trabajo', puntualizó.

Ayer, García Padilla dijo que avala la transacción en aras de darle continuidad y estabilidad a las relaciones contractuales que establece el gobierno con inversionistas extranjeros.

Recordó que si revierte el contrato unilateralmente, el gobierno se expone a demandas por incumplimiento y a pagar sumas millonarias, como le ocurrió al gobierno de Luis Fortuño con el abortado proyecto del gasoducto del sur. El pasado gobierno tuvo que pagar $100 millones por la cancelación del referido proyecto.

'Yo asumí la gobernación el 2 de enero y había un contrato firmado por la pasada administración. Si de algo ha sufrido Puerto Rico en la última década es de inestabilidad, de que el gobernador que llega, no importa de qué partido sea, lo primero que hace es criticar y a detener todo lo que hizo el gobernador anterior, pues yo vengo a darle estabilidad a Puerto Rico', sostuvo García Padilla en rueda de prensa.

La FAA todavía no ha dado el visto bueno final a la transacción. En lo que eso sucede, García Padilla intenta que acojan sus tres condiciones.

'Los tres elementos son mis condiciones. Yo estoy asegurándome que esos tres elementos estén protegidos', insistió ayer a preguntas de los periodistas.

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