Aunque se mantiene vigente una opinión del Departamento de Justicia que declaró ilegal el millonario contrato otorgado por el Departamento de Hacienda a OPG Technologies, el Gobierno justificó que se le otorgara nuevamente una oportunidad a la empresa porque atiende los señalamientos contenidos en la opinión.

La opinión legal emitida en el 2014 declaraba nulo el contrato para el establecimiento y operación del sistema de sellos y comprobantes en Hacienda, recomendando incluso que Hacienda debía recuperar los fondos desembolsados.

Pese a que no se ha emitido una opinión que establezca lo contrario y que el gobierno le llevaba la delantera en un caso judicial contra la compañía, en los primeros meses de la Administración Rosselló se decidió llegar a un nuevo acuerdo con el contratista Orlin P. Goble Colón, de la empresa OPG Technology Corp., que tendrá por 10 años ganancias de hasta 43.8% en un negocio que le deja hasta $400,000 al mes.

'No (No existe una opinión despues de la del 2014). Las preocupaciones que se esbozaron en esas opiniones fueron corregidas en el contrato que se hizo ahora en marzo como dijo el Gobernador, así que aquellas preocupaciones que se trajeron en el 2014 fueron corregidas por el nuevo contrato', explicó la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced.

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Vázquez Garced dijo que el Departamento de Justicia no investiga el contrato a OPG porque se espera por una auditoría que deberá realizar la Oficina de la Contralora. De acuerdo con la funcionaria, los contratos que se encuentran bajo investigación son los otorgados por Hacienda a las firmas Óptima y Virtus.

Aunque la funcionaria dijo que la agencia no tiene información sobre denuncias de fraude con los sellos, a preguntas de periodistas indicó que la exsecretaria del Departamento de Hacienda, Teresita Fuentes, llevó una preocupación relacionada a los sellos pero no así el contratista de OPG. La pasada semana Goble, principal oficial de OPG Technology, Corp., se adjudicó haber alertado sobre un posible fraude con los sellos y comprobantes pero el referido del Departamento de Hacienda a Justicia dice que fue la Policía la que alertó a Hacienda del fraude con sellos en los expdientes de licencias de armas.

'No tenemos ningún tipo de información. No empece a que no tenemos evidencia, sí es importante lo que dijo la Contralora. Esto es una investigación o proceso que tiene que tener una auditoría. Una vez que el auditor o la Oficina del Inspector General haga su evaluación, si hay un hallazgo tiene que ser referido al Departamento de Justicia', sostuvo Vázquez Garced.

La venta de sellos digitales comenzó en 2001 mediante contrato con una compañía privada. En 2006, Hacienda, como dueño del proceso, decidió buscar propuestas para un sello más seguro. Aparecieron Evertec y OPG, llevándoselo OPG en 2007 mediante un contrato de 'agente de venta' que le requería desarrollar una plataforma digital para la compra y cancelación de los sellos.

Según Goble Colón, el desarrollo de la plataforma costó alrededor de $1 millón, pero el desarrollo del sistema no lo hizo el, sino que lo subcontrató a la empresa Phluent, Inc.. OPG se mantuvo cobrando por su servicio, que fue ampliado por el Departamento varias veces, siempre aclarando que Hacienda era el dueño del sistema y que extendía una licencia de uso a OPG como agente de ventas.

En 2014, cuando vio que Hacienda se movía para desarrollar un sistema de venta de sellos, OPG recurrió a la Oficina Federal de Derechos de Autor para obtener los derechos de autor de un programa de computadora llamado 'Sellos y Comprobantes'.

En 2015, Hacienda volvió a abrir un proceso de propuestas para centralizar la venta de sellos porque 'tenían problemas con recibir información diaria del sistema de OPG sobre la venta de los sellos'. Cuando el Departamento inauguró su propio sistema de venta de sellos y alcanzó casi los mismos niveles de recaudos que estaba alcanzando OPG en su plataforma, OPG le envió una notificación de que no podían seguir porque estaban violando sus derechos de autor sobre el programa de 'Sellos y Comprobantes'.

Hacienda demandó a OPG para afirmar su derecho sobre la plataforma digital y OPG ripostó diciendo que el Departamento le afectó su negocio porque le había 'robado' el programa de ventas digital. La empresa pretendía tener la exclusividad de la venta digital de los sellos y que Hacienda, en todo caso, solo pudiera vender los sellos de la forma tradicional en las colecturías.

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En septiembre de 2016 el magistrado federal Bruce McGiverin determinó que OPG no tenía razón en prácticamente nada de lo que alegaba. En el balance, el juez estableció que OPG no tenía posibilidad de ganar en su argumento de violación de derechos de autor mientras que el pueblo de Puerto Rico, a traves de Hacienda, sufriría daños si se le reconocía exclusividad de venta digital a OPG porque eso limitaría las posibilidades del gobierno generar ingresos a traves de ese tipo de venta de sellos 'paralizando aún más la economía de Puerto Rico'.

El caso siguió su trámite hasta enero de 2017, cuando a pocos días del cambio de administración OPG pidió a Hacienda una reunión para transigir el caso, transacción que dio por terminado el pleito en marzo de ese año.

Aunque había ganado todos los argumentos en el tribunal apenas seis meses antes, el entonces nuevo secretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier aceptó a OPG firmarle dos contratos, sin proceso de propuesta o subasta alguno, para transigir el caso porque nunca hubo una decisión del Tribunal Federal.

'Para aclarar, no hubo una decisión del juez. Hubo unas situaciones en específico que el juez sí se expresó. Pero en cuanto al caso no tomó una decisión. De hecho, el juez se expresó para que se le comunicara en marzo si había posibilidades de llegar a un acuerdo', expresó el secretario de la gobernación Ricardo Llerandi.

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Por su parte, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares aseguró que el Departamento de Hacienda solicitó una opinión externa y contó con la asesoría legal de Justicia para entrar en el nuevo acuerdo que corrige, por ejemplo, que la OPG no retenga los fondos que luego le transfería a la agencia.

Sin embargo, dijo que nunca fue informado del acuerdo. 'Mi rol como Gobernador es asegurarme que la política pública se ejecute…No tenía conocimiento, para dejarlo bien claro', acotó.

Mira las explicaciones de Rosselló y Wanda Vázquez: