Se trata de un incremento salarial convertido en ley por el gobernador Pedro Pierluisi en el 2022.

La unión que agrupa a los oficiales correccionales del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) radicó un recurso legal de mandamus contra el gobierno, el DCR, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) para que haga valer la Ley 91-2022 y se otorgue el aumento salarial de $746.67 legislado retroactivo a la implementación de la Ley.

El estatuto fue firmado por el gobernador Pedro Pierluisi el 14 de octubre de 2022. En su sección 6, la ley indica que la OGP, la AAFAF y el DCR tendrán el deber de identificar, separar y garantizar anualmente los fondos necesarios. Sin embargo, la postura del gobierno es que ese aumento se había honrado con un incremento de $500 financiados por la Ley de Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés) y un 15% adicional autorizado por la Junta de Supervisión Fiscal.

“Como el representante exclusivo de los oficiales correccionales, así como de los agentes de investigaciones y arrestos del Programa de Antelación al Juicio, nuestra unión radicó en el Tribunal una solicitud de mandamus en contra del Gobierno, el DCR y entidades presupuestarias. El Gobierno no ha querido reconocer esa ley y nosotros no lo vamos a permitir. El oficial correccional es un servidor público comprometido que ha demostrado que se merece este aumento, que no solo fue avalado por la legislatura, sino convertido en ley por el actual Gobernador. Así que como lo prometimos hoy la lucha se traslada a los tribunales.”, explicó Jessica Martínez Santos, presidenta de la Alianza Correccional Unida Local 3500 y presidenta de Servidores Públicos Unidos de puerto Rico, Concilio 95 AFSCME.

El recurso legal fue presentado el pasado 9 de abril de 2024 en el Tribunal de Primera Instancia en San Juan. La unión señaló que están confiados y esperanzados en que el Tribunal falle a su favor toda vez que la Ley 91 concede un aumento de $746 mensuales a todos los oficiales correccionales y a los agentes de investigaciones y arrestos del Programa de Servicios con Antelación al Juicio que al 30 de junio de 2022 estuviese en servicio activo clasificado como empleado regular de carrera.

Esto aún si estuviese devengando un sueldo igual o superior al tipo máximo de escala o que el aumento excediera este. También establece que el ajuste a la escala salarial autorizado en esta Ley no menoscabará los tipos intermedios, aumentos y ajustes salariales otorgados con anterioridad a la aprobación de este estatuto, que haya sido obtenido por negociación colectiva, la reglamentación interna de la agencia o mediante legislación.

“Entendemos que la Ley nos asiste y lo que queremos es alcanzar la justicia salarial que merecemos los oficiales correccionales en esta Isla. No vamos a descansar hasta lograrla.” finalizó Martínez acompañada de los oficiales miembros de su Junta Directiva.