Radican cargos contra varias personas que transportaban cocaína a EE.UU. a través del aeropuerto LMM
La investigación permitió descubrir una red con capacidad para traficar más de 3,200 kilogramos de cocaína, con un valor local estimado en 27 millones de dólares, y un potencial de duplicar ese valor mediante lavado de dinero.
Las autoridades federales anunciaron el martes la radicación de cargos por parte de un Gran Jurado contra 17 personas por tráfico de cocaína a través del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en Carolina.
Según el fiscal federal W. Stephen Muldrow, en el primer caso, los acusados Kristian Yadiel Falcón López Chazz David Carter Justiniano y Natalia Díaz García se dedicaban a transportar cocaína a través del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.
“Desde, por lo menos, el año 2023, el acusado Falcón López compraba vuelos para los mensajeros, conocidos como mulas, y les proporcionaba tarjetas de regalo prepagadas para sus gastos. También les proveía transportación al aeropuerto y maletas pre empacadas con varios kilogramos de cocaína y la etiqueta del Departamento de Agricultura, USDA, que se requiere por seguridad en todo equipaje que pasa por el aeropuerto”, dijo Muldrow en conferencia de prensa.
Muldrow mencionó que las “mulas”, en su mayoría mujeres jóvenes, abordaban vuelos para la costa Este de los Estados Unidos y le entregaban la mercancía a Chazz David Carter Justiniano.
En el segundo caso, se acusa a Jonathan “Momia” Ramírez Colón, Ivelisse García Osorio, Stephanie L. Suárez Vélez, Francheska Muriel Quintana, Estephanie Torres Bosa, alias “Fany” y Charitty M. Hernández Reyes de conspiración para poseer con intención distribuir 5 kilogramos o más de cocaína a través del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.
“Según la acusación, la conspiración comenzó por lo menos desde el año 2018. De acuerdo con los documentos públicos del caso, al acusado a Jonathan “Momia” Ramírez Colón, enviaba a las mulas con maletas llenas de cocaína para ser registradas en el aeropuerto y transportadas a los Estados Unidos continentales, donde la cocaína sería entregada a otras personas”, expresó.
La tercera acusación le imputa a Sandy “Guny” Guardiola-Bermúdez Carlos Alberto “Huesito” Cruz-Bonilla, Onix Negrón-Guerrido,Jomar Maldonado-Ríos, Tanyshkaliz Archilla-Rivera, Yarauni Nieves-Rivera, Yairaliz Arzuaga-Díazy y Patricia Ayala-Otero de conspiración para poseer con intención distribuir 5 kilogramos o más de cocaína a través del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.
“De acuerdo con los documentos públicos del caso, los acusados eran parte de una ganga de narcotráfico compuesta por una red de reclutadores, coordinadores y transportistas que viajaban desde Puerto Rico a los Estados Unidos continentales a través de vuelos comerciales con cocaína para su distribución al por mayor. Todo para obtener ganancias financieras significativas”, mencionó.
“Los agentes asignados al equipo de Investigaciones y Tácticas Aeroportuarias, iniciaron una investigación que reveló múltiples organizaciones dedicadas al transporte de cocaína a través del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín hacia los Estados Unidos continentales. Como resultado, se identificaron organizaciones con base en el área metropolitana de San Juan, Cataño, Carolina, y también en estados como Florida, Massachusetts, Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania.
La investigación permitió descubrir una red con capacidad para traficar más de 3,200 kilogramos de cocaína, con un valor local estimado en 27 millones de dólares, y un potencial de duplicar ese valor mediante lavado de dinero. Que sepan estas organizaciones que tenemos presencia constante en el aeropuerto y no permitiremos su uso para el tráfico de narcóticos hacia los Estados Unidos continentales”, añadió Rebecca González Ramos agente especial a cargo de la agencia federal de Investigación de Seguridad Nacional (HSI).
De ser hallados culpables, los acusados enfrentan penas no menos de 10 años hasta cadena perpetua por los cargos de drogas. Los acusados por lavado de dinero enfrentan una pena máxima de 20 años.