El mercado de prestamos comerciales podría experimentar una sacudida con la propuesta autorización a las Entidades Bancarias Internacionales (EBI) y las Entidades Financieras Internacionales (EFI) para vender este producto financiero, una medida impulsada por la Fortaleza.

A traves del proyecto del Senado 1177, la administración de Ricardo Rosselló Nevares persigue reforzar la oferta de prestamos a personas domesticas para aumentar la inversión local y extranjera y facilitar el proceso de reconstrucción tras el paso del huracán María en Puerto Rico en septiembre de 2017. Según la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), al presente existen 29 EBI y 51 EFI operando en Puerto Rico.

Ayer, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) allanó las oficinas del Banco San Juan Internacional, Inc., una EBI que se cree ha facilitado transacciones financieras ilícitas que violan las políticas del gobierno federal sobre Venezuela. No hay indicio de que la investigación cubra a otras instituciones de este tipo en la Isla.

En Puerto Rico, las EBI no tienen que pagar impuestos para operar, mientras que las EFI están sujetas a una contribución sobre ingresos de 4%. El P del S 1177 no modificaría ese arreglo tributario, pero aumentaría el requisito de capital para obtener una licencia de $300,000 a un millón de dólares, mientras que la renovación costaría $50,000 en lugar de $5,000.

La medida tambien instituye un pago de $50,000 para transferencias de capital entre EBI o EFI que resulte en control de más del 10%.

Según explicó a NotiCel el Comisionado de la OCIF, George Joyner, el alcance del proyecto es muy estrecho y va dirigido principalmente a la oferta de prestamos comerciales. 'No es para garantías, no es para cartas de credito, no es para facilidades de credito. Es para prestamos comerciales, que es una actividad bien específica que ocurre en el sistema financiero', explicó Joyner.

El Comisionado enfatizó que la medida establece que toda EBI o EFI que opte por incursionar en la venta de prestamos no podrán cobijarse en las ventajas contributivas que le apliquen. La medida señala que de una entidad proveer prestamos comerciales, 'la actividad estará sujeta a contribuciones, incluyendo contribuciones sobre la propiedad, patentes municipales y contribuciones sobre ingresos'.

Joyner abundó que la medida buscaría traer a Puerto Rico otra fuente de capital para complementar inversiones en Zonas de Oportunidad, un programa del Tesoro federal que provee incentivos contributivos en lugares con poca actividad económica.

'Con lo que se ha discutido últimamente de los 'Opportunity Zones' pues sí va a haber una necesidad grande, puede haber una necesidad grande de financiamiento, porque el capital de los 'Opportunity Zones' entra al mercado como equidad, como capital. Y el capital se apalanca con financiamiento. Esto es una fuente adicional de capital, pero de capital prestado para ese mercado y para todos los mercados', detalló el Comisionado.

Joyner no pudo precisar el impacto que esto tendría sobre la industria local de prestamos comerciales, reconociendo que la medida abre la puerta a nuevos jugadores en ese campo. Según datos de la OCIF, en el 2017 el total de prestamos comerciales, industriales y agrícolas reportados por la banca comercial ascendía a poco más de $3,919 millones.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo del Senado, Eric Correa Rivera, indicó en declaraciones escritas a NotiCel que ya requirió el insumo de distintas organizaciones y agencias estatales sobre el proyecto de ley. Correa Rivera no opinó directamente sobre la medida, señalando que estaría emitiendo citaciones para celebrar vistas públicas pronto.

'Queremos asegurarnos que esta medida que persigue impactar de forma positiva nuestra economía y nuestro ambiente de negocios no vaya a afectar de forma adversa la banca local. Como siempre estaremos trabajando esta medida con la responsabilidad y celeridad necesaria; y mirando el bienestar de todos los puertorriqueños', expresó el Senador.