El Capítulo de Puerto Rico de la Asociación de Contratistas Generales de America (AGC-PR) alertó el jueves sobre la demora en el pago a contratistas locales que realizaron trabajos de emergencia tras el paso del huracán María por parte del Gobierno de Puerto Rico, adviritiendo el impacto devastador que esta práctica tiene sobre la salud de las empresas, su capacidad para crear empleos y la continuidad de la obra de reconstrucción.

'¿Que empresa puede estar más de seis meses sin cobrar un centavo? Los contratistas locales fueron los primeros en atender la situación de emergencia tras el paso del huracán María hace casi ocho meses', cuestionó por escrito Stephen Spears, presidente de AGC-PR, al señalar que la industria de la construcción ha puesto todos sus recursos a la disposición del gobierno local y federal para levantar a Puerto Rico.

Spears tambien exigió a los jefes de agencias a identificar y adoptar mecanismos que permitan el pago a tiempo a los contratistas locales. 'El flujo de efectivo devengado por los pagos a tiempo aumentará nuestra habilidad para seguir creando empleos y actividad económica en el esfuerzo de construir un nuevo y mejor Puerto Rico', dijo.

Según explicó, los contratistas locales realizaron trabajos de limpieza y mitigación de daños en puentes y carreteras, así como labores de protección del sistema de acueductos y primeros auxilios a la infraestructura electrica y de telecomunicaciones. 'Las brigadas locales tambien trabajaron en puertos y aeropuertos para reestablecer el transporte marítimo y aereo en la isla', añadió Spears.

Tan temprano como noviembre de 2017, el presidente de la ASG en Puerto Rico, Francisco Díaz Massó, clamó al Cuerpo de Ingenieros del Ejercito de los Estados Unidos (USACE por sus siglas en ingles) por un informe que detallase el rol de los contratistas del país en el plan de reconstrucción.

'Yo lo que quiero es que se defienda la contratación local. Aquí tenemos la experiencia, la diversidad y los recursos para nosotros mismos reconstruir este país. Yo espero que ellos presenten su plan de trabajo, porque yo creo que ninguno de nosotros lo hemos escuchado todavía. Yo lo que quiero es que me presenten el plan e insertarnos claramente. Por lo menos con nosotros no se han contactado todavía', dijo Díaz Massó entonces.

El retraso de los pagos se denunció desde diciembre del 2017, especialmente con los trabajos de reparación del sistema electrico. El trato que experimentaron por parte de la Autoridad de Energía Electrica contrastó diametralmente con el que recibió la controvertible empresa estadounidense, Whitefish Energy Holdings, a la cual la corporación pública pagó $10 millones para su movilización y otros $25 millones facturados hasta finales de noviembre.

Según ha dicho la AEE, las empresas locales aportan unas 60 brigadas adicionales para apoyar a la corporación pública en diversas tareas como la reparación de líneas averiadas, instalación de postes y recogido de escombros. Según datos suministrados por la AEE a NotiCel a finales de octubre, unas 56 empresas locales fueron contratadas.

Aunque la AEE admitió entonces que no habían pagado a los contratistas locales, el director de operaciones, ingeniero Justo González, aseguró entonces que para pagar por las tareas de reconstrucción se esforzaron en documentar los trabajos adecuadamente para presentarlos a la Agencia Federal de Manejo de Desastres (FEMA por sus siglas en ingles). En cambio, FEMA reembolsaría los costos de estas tareas, asegurando el pago por estos servicios.

'Tras el paso de la tormenta la industria de construcción local demostró su capacidad y disponibilidad para asumir un rol protagónico en la construcción de un nuevo y mejor Puerto Rico. No podemos permitir, ahora que tenemos trabajo para crear empleos y capacidad para atraer obreros que se habían visto obligados a emigrar, que el gobierno repita comportamientos pasados y nos estrangule con la falta de pago', indicó Spears, al señalar que las empresas de afuera que contratan con el gobierno federal y el local están recibiendo sus pagos a tiempo.

Para concluir, el ingeniero reiteró que AGC-PR está vigilante para asegurar el cumplimiento con leyes federales y locales de contratación y con los terminos contractuales.

Tras el paso de María, se anticipa que Puerto Rico reciba entre 60,000 millones y 90,000 millones de dólares en fondos federales y pagos por reclamaciones de seguro.