Aunque la Junta de Control Fiscal (JCF) ha recurrido, sin mucha prisa, a las herramientas concedidas en su ley habilitadora, la Ley de Supervisión, Manejo y Estabilidad Económica (PROMESA por sus siglas en ingles), no lo ha hecho de forma proactiva, más bien se ampara en sus poderes y obligaciones cuando confronta presión desde Washington.

Sin embargo, aunque recientemente la Junta enmendó su política de revisión de contratos mayores de $10 millones, lo cierto es que la fiscalización que suponen ejercer en las contrataciones del gobierno es laxa. Desde que entró en vigor está política, que tambien forma parte de la encomienda estatutaria que tiene la JCF según la Ley de Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica (PROMESA por sus siglas en ingles) la Junta sólo ha evaluado un contrato.

Según reveló un rotativo, la Junta objetó partes del contrato que la Autoridad de Energía Electrica (AEE) otorgó a la compañía MasTec para servicios relacionados a la reconstrucción del sistema electrico. Pese a que el detalle no fue publicado en su página web, su objeción fue a los efectos de reducir la cuantía del acuerdo.

En la práctica, sin embargo, esta iniciativa ha estado mayormente ausente, pese a que lo que dio inicio a la revisión de contratos fue el polemico acuerdo que la AEE entabló con Whitefish Energy Holdings por $300 millones. Aunque el coordinador de revitalización de la JCF, Noel Zamot, aseguró que ese acuerdo estaba bajo investigación por la Junta, hasta la fecha ese cuerpo no ha revelado los resultados de esa revisión.

De hecho, fue la contratación de Whitefish que dio paso a la política de revisión de contratos mayores de $10 millones. Pero desde que entró en vigor esa política, la JCF no se ha expresado públicamente ni ha hecho señalamientos -más allá del acuerdo de MasTec- sobre contratos gubernamentales que ascienden a más de $10 millones.

Hasta la fecha, el gobierno mantiene 64 contratos con cuantías que cualifican para la revisión de la JCF, la mayoría de los cuales corresponden a servicios en respuesta a los daños ocasionados por el huracán María.

En el caso del Departamento de la Vivienda, hasta la fecha mantienen 14 contratos y enmiendas a 8 compañías de construcción cuyo monto supera los $832 millones. Mientras que en el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), son 13 los contratos incurridos para inspecciones, recogido de escombros y vigilancia que ascienden los $230 millones.

A eso tambien se suman los más de $2,000 millones que la AEE comprometió con la empresa Cobra Acquisitions y MasTec para fortalecer el sistema electrico.

Y aunque las cinco compañías que proveen servicios para el plan de salud del gobierno enfrentan señalamientos por no desembolsar las tarifas adecuadas a los proveedores de servicios medicos, las compañías mantienen contratos de $1,399 millones con la Administración de Seguros de Salud (ASES). Pese a los señalamientos hechos contra estos contratos, la JCF no se ha expresado sobre los mismos, ni afirmado que están en cumplimiento con el plan fiscal.

Aún con poderes, la Junta opta por negociar con el gobierno

Los poderes que la ley PROMESA confiere a la JCF se concentran en el control sobre el presupuesto y el plan fiscal, documento que supone servir de guía para la elaboración del presupuesto y el plan de gobernanza por 5 años, cómo mínimo. Sin embargo, desde que la Junta entró en funciones hace dos años, el plan fiscal certificado ha sido alterado en tres ocasiones, mientras que los nuevos planes fiscales de la Autoridad de Energía Electrica y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados se mantienen como planes interinos, pendientes a ser enmendados.

La semana pasada el congresista, Rob Bishop, sometió un escrito ante el Primer Circuito de Apelaciones en Boston para explicar el alcance de PROMESA, estatuto federal que el ensambló. Más allá de explicar que la ley persigue el retorno de la Isla a los mercados de capital y que gane un mayor sentido de responsabilidad fiscal, Bishop explicó en ese escrito que la clave detrás del poder de la JCF yace en el control que ejerce sobre el presupuesto.

Bishop estableció en su escrito a la corte que la intención detrás de la creación de la JCF era crear un ente apolítico e independiente, 'empoderado para supervisar las actividades fiscales y gubernamentales, incluyendo la autoridad de hacer cumplir cambios estructurales a traves de presupuestos'.

De hecho, esa aseveración quedó plasmada dentro PROMESA en el Título VII del estatuto, el cual establece que el Congreso cree que toda solución duradera para la crisis económica de Puerto Rico debería incluir reformas fiscales y de crecimiento que demuestren un flujo libre de capital entre posesiones de Estados Unidos y el resto de Estados Unidos.

En lo que va de gestión para la actual administración de gobierno, se han aprobado una serie de reformas estructurales, algunas solicitadas por la JCF, que han alterado el paradigma laboral en la empresa privada. Pero una reforma laboral que limitó las licencias de vacaciones y por enfermedad no fue suficiente, por lo que a principios de este año la Junta recomendó la eliminación de la ley 80 de despido injustificado bajo la premisa de que convertir a Puerto Rico en una jurisdicción de empleo a voluntad (at Will) mejoraría el ambiente de negocios e impulsaría la economía.

Ante la falta de voluntad para eliminar la ley 80, la JCF convirtió el tema en una ficha de negociación con el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares. El acuerdo, tal como trascendió posterior a los primeros llamados del gobernador a eliminar la ley 80, resultó ser la eliminación de la ley 80 a cambio de mayores fondos para el funcionamiento de la Oficina del Gobernador y la Legislatura.

Es decir, la JCF ejerció su poder sobre el presupuesto para forzar una reforma estructural, todo mediante la negociación con el ejecutivo. Pero, sin la cooperación de la Legislatura, la eliminación de la ley 80 no encontró apoyo, por lo que la Junta procedió a ejecutar recortes drásticos a ellos y a la Oficina del Gobernador como resultado directo del incumplimiento del acuerdo negociado.

Sin embargo, el lunes la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, dejó la puerta abierta para futuras negociaciones con el gobernador para enmendar el presupuesto y lograr sus objetivos de política pública. Jaresko además dejó claro que ellos no aceptarán nada menos que la eliminación de la ley 80, que ella confió sería eliminada.

Ese mismo día, el gobernador anunció, en un mensaje televisado, que convocaría a una sesión extraordinaria para someter de nuevo un proyecto para eliminar la ley 80. El martes, esa medida fue atendida y derrotada en el Senado.