Las exigencias de la Junta de Control Fiscal (JCF) no siempre han sido bien recibidas por el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, pues aún hay dos elementos que no se han completado de una lista de cinco puntos que afectan directamente a los empleados públicos.

De la versión más reciente del Plan Fiscal certificado se desprende la insistencia de que el Gobierno aún no ha cumplido con la eliminación del bono de Navidad y el control severo de contrataciones de empleados.

La JCF entiende que la cancelación del bono logrará ahorros de $70 millones al inicio del año fiscal 2019, pero tanto Rosselló Nevares como su equipo de trabajo han repetido en numerosas ocasiones que no acataran esa sugerencia.

Sin embargo, ya el Gobierno cedió a algunos pedidos de la entidad financiera al limitar la cantidad de días festivos pagos al año, prohibir la liquidación en efectivo días de licencias en exceso e impedir que esos sobrantes sean acarreados y acumulados al próximo año fiscal.

Los cambios se convirtieron en ley en abril de 2017 con la firma de la 'Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal', o la Ley 26, y se subrayan en el Plan Fiscal, certificado el pasado 24 de octubre.

En el estatuto se hace hincapie en lo siguiente:

Los patronos en el sector público tienen la obligación de reconocer los balances de licencias por vacaciones y enfermedad acumuladas de todo empleado, sea unionado o no, al ser aprobada la Ley, pero no podrán liquidar en efectivo los excesos acumulados antes de la vigencia de la Ley.

Ningún empleado público tendrá derecho al pago de la liquidación de días en exceso por concepto de vacaciones o enfermedad.

Cualquier empleado público tendrá derecho al pago de una liquidación final de los días que tenga disponibles en concepto de licencia de vacaciones menor a 60 días únicamente al momento de desvincularse del servicio público. Según la Ley, el empleado puede destinar el balance o el exceso a su Sistema de Retiro para que sea cotizado como tiempo trabajado.

La manera de maniobrar para hacer valer dichas disposiciones es delegado a cada agencia. No obstante, no queda claro que sucedería si una ola de empleados decide liquidar los días de manera simultánea. La única indicación a esos fines yace en que las agencias deben velar porque no se afecten sus labores diarias.

Como ha quedado demostrado por documentación del propio Gobierno, las agencias aún no han podido consignar la asistencia total de empleados públicos, ni había logrado asegurar el cumplimiento de las dependencias de la entrega de datos que contabilizan estas metricas.

El pasado viernes, Rosselló Nevares firmó una orden ejecutiva para conceder sin cargo a licencias los días 23 de noviembre, 24 y 31 de diciembre, días que no están contemplados en la Ley 27 de 2017.

Por otra parte, tambien extendió por seis meses el período para que bomberos y policías puedan aprovechar sus licencias. El plazo finalizará el 31 de diciembre de 2018.