A modo de difundir una última alerta a la ciudadanía sobre los riesgos económicos a largo plazo que conlleva el plan de ajuste de deuda de la Corporación del Fondo del Interes Apremiante (COFINA), el economista Martín Guzmán advirtió que la reestructuración de esa dependencia, tal como la Junta de Control Fiscal (JCF), el gobierno y los bonistas acordaron, no responde a la verdadera capacidad de pago necesaria para atender esa nueva obligación.

Más aún, las proyecciones de desarrollo económico que contemplan la entrada de fondos federales para la recuperación post huracán María influyeron sobre los estimados de capacidad de pago que tendrá el gobierno a corto plazo, lo que implicaría que esos fondos sean destinados, de manera indirecta, al pago de deuda.

'De forma indirecta el multiplicador que genera la ayuda federal se está utilizando para acuerdos que les transfieren esos recursos a los bonistas de Puerto Rico. Entonces se termina pagando mucho más de lo que los mismos mercados pensaban que se iba a pagar antes de que llegase la ayuda federal despues del huracán', indicó el economista Martin Guzmán durante una mesa redonda que convocó la organización Espacios Abiertos con los medios.

Este fenómeno, a la mano de medidas de austeridad adicionales que se impongan en el camino, resultaría en menos recursos para la prestación de servicios esenciales para redirigirlos al pago de la deuda. Ante este escenario, el economista no descartó la posibilidad de otro impago en el futuro.

Por otra parte, el tipo de bono que se propone para intercambiar algunos bonos de COFINA opera con una estructura en la que los intereses se calculan previo a su emisión y se pagan de forma global años despues. En el caso de COFINA, esa estructura de pagos -utilizando bonos de apreciación capital- implica una mayor cuantía de deuda a pagar, de manera escalonada cada año y a largo plazo, que dista del valor actual de esos bonos.

El plan de ajuste de COFINA dispone que la deuda de $17,640 millones de esa corporación se recortarán a $12,020 millones. Los bonistas de mayor prioridad de pago -denominados seniors- recibirán un retorno de 93% de su inversión y los bonistas de menor prioridad de pago -denominados juniors- recibirán un 56% de su inversión.

Según explicó Guzmán, aunque existe un ahorro en el principal, la estructura de bonos contemplada conlleva una acumulación de intereses que progresivamente aumentará hasta llegar a $32,300 millones. Para este año -y de avalarse el plan de ajuste en la corte- la reestructuración de COFINA supondrá una obligación de $420 millones en servicio a la deuda.

Guzmán enfatizó que este arreglo sólo tiene sentido si COFINA fuese la única deuda que el estado debe reestructurar, pero al no serlo implica una carga enorme que atenta contra otras obligaciones que aún quedan por reestructurar.

'Si se va a hacer este acuerdo y si a la vez se van a hacer otros acuerdos de forma de darle a PR el alivio necesario para restaurar la sostenibilidad de la deuda lo que quiere decir es que queda prácticamente nada, poquísimo a las demás categorías de deuda', sostuvo Guzmán durante una mesa redonda convocada por la organización Espacios Abiertos.

El economista fue más allá y advirtió que este acuerdo sienta un presente peligroso para los bonistas de Obligaciones Generales, quienes reclaman una cuantía similar a los de COFINA, pues de alcanzar terminos similares de pago se tendría que llevar una ronda de recortes para lograr paga esa obligación.

De hecho, Guzmán señaló que el mercado ha reaccionado de manera positiva a la anticipada reestructuración de la deuda de COFINA, resultando en un aumento en el valor de los bonos de Obligación General, que hoy están valorados a 54 centavos por dólar.