Tras un primer reves al programa de traslado de confinados de Puerto Rico a cárceles estadounidenses, provocado por la denegación de la Junta de Control Fiscal (JCF) al contrato entre CoreCivic y el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), este útlimo se apresta a intentar otro compromiso con la misma empresa.

Según indicó a NotiCel el subsecretario auxiliar de Administración del DCR, Ulrich Jimenez, actualmente contemplan otro compromiso con CoreCivic que al presente evalúa la Junta. En declaraciones escritas, señaló que en la primera fase del programa podrían trasladar un máximo de 500 reos, pero no especificó cuántos manifestaron interes en formar parte de la mudanza.

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'El programa es un mecanismo voluntario muy común utilizado por estados para atender el reto de sobrepoblación penal y altos costos de operar un sistema carcelario. Permite ofrecerle al confinado adiestramiento vocacional en oficios tales como plomería, carpintería, electricidad, y manejo de vehículos pesados, a manera de prepararlos mejor para su salida a la libre comunidad. El impacto fiscal en terminos ahorro se proyecta en unos $7 millones durante la primera fase', leen las declaraciones de Jimenez.

Bajo esta iniciativa con CoreCivic, el DCR pagaría una tarifa per diem de $60.55 por confinado. El programa estaría a cargo de la Secretaría Auxiliar de Programas y Servicios, que a su vez se encargará del proceso de orientación y selección de confinados participantes.

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En junio del año pasado, el DCR había adjudicado un contrato de cinco años por $125 millones a CoreCivic para llevar a cabo un traslado escalonado de confinados a facilidades carcelarias privadas en EE.UU. Sin embargo, la Junta pidió una serie de clarificaciones antes de avalarlo.

Según Jimenez, el DCR solicitó retirar el contrato antes que la Junta pudiese terminar su evaluación. No obstante, indicó ya sometieron otro contrato para revisión, el cual aseguró ya tiene comentarios por parte de la JCF, a los que se aprestan a contestar pronto.

El programa de traslado de voluntarios ha generado críticas tanto en la Legislatura como entre organizaciones cívicas. Desde el legislativo, un informe de la Comisión de Seguridad Pública no favoreció el programa de traslados por no encontrar evidencia de que la iniciativa produzca ahorros al fisco ni beneficios para la población penal.

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Por otra parte, la Sociedad de Asistencia Legal tambien denunció que el DCR incumple con su propio reglamento al promover los traslados a la población penal. Según la entidad, Corrección solo puede efectuar traslados en situaciones que el confinado lo solicite o cuando existe una amenaza a su seguridad. La agencia solamente puede efectuar traslados por su propia cuenta en situaciones de amenazas de seguridad o de hacinamiento.