Aunque la Junta de Control Fiscal (JCF) ha insistido en utilizar el ejemplo de la bancarrota en Detroit para justificar el recorte a los jubilados, existen otros casos como el de una ciudad en California que cerró su reestructuración sin tocar las pensiones de los trabajadores.

Además, tan reciente como en junio pasado, Susheel Kirpalani, abogado de bonistas de Obligaciones Generales (GO) se había expresado a favor de mantener inalterado el pago que reciben los trabajadores jubilados.

Despues de la resistencia que había mostrado la Administración Rosselló al recorte de pensiones, el pasado viernes la gobernadora Wanda Vázquez tiró la toalla sin siquiera comenzar la pelea de los propuestos recortes a las pensiones incluidos en el Plan de Ajuste de Deudas de la JCF. Esto pese a que existe un análisis preparado por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) en el que se esbozan los argumentos legales y económicos que harían innecesario el corte del 8.5 por ciento a las pensiones.

La constante justificación para el corte a los pensionados es que en un proceso de bancarrota, las pensiones son consideradas como obligación no asegurada, es decir, sin garantía de repago.

Se utiliza de referencia el caso de Detroit donde contrario al argumento del presidente de la JCF, Jose Carrión III, de que se habían recortado en un 22 por ciento, no se tocaron las pensiones de policías y bomberos retirados y solo se recortó en 4.5% las pensiones de los demás retirados. El único cambio en los beneficios que estos jubilados experimentaron fue una reducción al ajuste anual por costo de vida (COLA) de 2.25% a 1%.

Pero ese no fue el caso de la quiebra en Stockton, California, donde, en octubre de 2014, el juez Chistopher M. Klein aprobó el plan para reestructurar la deuda de la ciudad sin que se redujeran las pensiones.

En Stockton, los funcionarios municipales, contrario a Puerto Rico, argumentaron que un recorte en las pensiones sería contraproducente para la recuperación fiscal y económica de la ciudad ya que era muy probable que provocara exodo de trabajadores a otras ciudades.

'Aunque las pensiones pueden, por ley, ser modificadas a traves de un plan de ajuste del capítulo nueve… la elección de la ciudad de lograr ahorros negociando ajustes salariales y de beneficios en lugar de la modificación de los derechos de pensión existentes es apropiada. La compensación total, de la cual las pensiones son un componente, se ha reducido. De hecho, los empleados de la ciudad y los jubilados han entregado más en este caso del capítulo 9 que los acreedores de los mercados de capitales', concluye el juez al aceptar el plan de Stockton.

El juez aprobó el acuerdo de repago planteando que no debía haber mayores recortes a los trabajadores que ya, tras la quiebra, habían aceptado recortes de salarios y la eliminación del seguro medico gratuito que recibían los retirados.

'La ciudad ha tomado una decisión inteligente para proteger las pensiones y encontrar un camino razonable hacia un futuro más sostenible desde el punto de vista fiscal', afirmó tras conocer la decisión, la directora ejecutiva del Sistema de Retiro de Empleados Públicos de California (CalPERS), Anne Stausboll a Los Angeles Times.

No solo el caso de la quiebra en Stockton podría abonar a la teoría de que la quiebra en sí misma no obliga a incluir a los pensionados. A esto se suma las expresiones de Kirpalani a favor de que el Plan de Ajuste de Deudas exima a los jubilados de un corte.

Kirpalani, de la firma Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP, dijo durante una entrevista en 'Bloomberg Daybreak: Americas' que los bonistas de Obligaciones Generales no han solicitado recortar las pensiones y que estos apoyarían un Plan de Ajuste aunque no contemple recortes a este sector. 'Los pensionados son una parte importante de la economía progresiva de Puerto Rico y mantenemos nuestro acuerdo. Buscamos lo que se puede recuperar de la isla. No estamos enfocados en quitarles nada a los pensionados', dijo durante la entrevista el pasado 17 de junio.

Estos argumentos están recogidos en un documento preparado a principios de verano por los oficiales de Aafaf, en un intento por recabar apoyo de economistas y expertos en Estados Unidos que evitara el recorte a las pensiones, supo NotiCel.

Según el escrito, la administración de Ricardo Rosselló establecía que las pensiones son un derecho adquirido de los trabajadores que no puede ser alterado sin justa compensación y que para ello será necesario legislación.

Anticipa que el plan de ajuste sería inviable por la oposición del Gobierno y la Asamblea Legislativa, por lo que la JCF debería abstenerse de perjudicar las pensiones y centrarse en obtener el apoyo de los grupos acreedores y del Gobierno Central para confirmar el Plan de Ajuste.

'El Plan Fiscal Certificado del 9 de mayo tiene aproximadamente $100 mil millones de medidas de gastos, de los cuales $4.2 mil millones (4.1%) corresponde a los recortes de pensiones. Además, los recortes de pensiones equivalen a $125 millones de dólares a corto plazo, lo que representa aproximadamente el 1.4% del presupuesto del Fondo General para el año fiscal 2019. En pocas palabras, los recortes de pensiones no son necesarios desde el punto de vista fiscal para que un plan de ajuste sea factible ni para solucionar la situación financiera de Puerto Rico', lee el documento preparado bajo la administración de Ricardo Rosselló y al que NotiCel tuvo acceso.

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El documento presenta una tabla en la que compara ambos escenarios, uno que incluye y otro que excluye el recorte a las pensiones para argumentar que la diferencia en los flujos de efectivo del Plan Fiscal Certificado es mínima, por lo que el recorte de pensiones 'es irrelevante'.

Fuente: Understanding Puerto Rico's Pension System

La situación económica y el aumento en el costo de los sistemas de pensiones han provocado que en otras jurisdicciones en Estados Unidos (EE. UU.) se esten considerando cambios a los beneficios de los jubilados que dependerá de las leyes de cada estado.

Un estudio hecho por The Pew Charitable Truts sobre los sistemas de retiro estatales en EE. UU. reveló que existen diferencias en los niveles de protección a las pensiones y sistemas de salud a jubilados entre cada estado, por lo que los cambios permitidos a los beneficios de los jubilados dependerán de cada marco legal.

Mientras en unos estados los beneficios a los pensionados están protegidos constitucionalmente o por leyes, en otros se descansa en las decisiones de los tribunales.

Según el estudio publicado en mayo, en el caso de California se provee la mayor protección a las pensiones, por considerarlas un contrato entre el gobierno y el trabajador que se constituye desde el primer día de trabajo y es de duración abierta.

'Por lo tanto, la promesa de pensión protege las acumulaciones de pensiones pasadas y futuras. Esta amplia protección, conocida como la Regla de California, es el nivel más alto de protección de pensiones que se ha establecido mediante sentencias judiciales. Debido a esta interpretación, los beneficios de pensión para los empleados actuales no se pueden cambiar de manera perjudicial, incluso si los cambios son solo prospectivos', lee el documento.

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