En blanco y negro, el proyecto de ley que viabiliza la privatización de la Autoridad de Energía Electrica (AEE) confiere a la corporación pública la autoridad de llevar a cabo las transacciones para deshacerse de sus activos, en colaboración con la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP).

En la práctica, sin embargo, la gran mayoría de las personas encargadas de ejecutar esta encomienda y que ostentan puestos claves en la alta gerencia, específicamente en la Junta de Gobierno, han demostrado fidelidad consistente al gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, lo que lleva a cuestionar el grado de influencia que tendrá La Fortaleza con la privatización.

Desde antes de ser electo al cargo, Rosselló Nevares fue claro en su intención de privatizar la AEE y al asumir la dirección del país tambien destacó una serie de propuestas no solicitadas para Alianzas Púbico Privadas (APP) en el sector de energía. Entre estas - anunciadas por el gobernador el 16 de octubre del año pasado - mencionó una APP hidroelectrica, un proyecto de estabilidad energetica para mejorar la eficiencia de generación y un proyecto de diversificación de energía para generar electricidad con gas licuado en el norte.

Igualmente, el Plan para Puerto Rico - plan de gobierno de la administración de turno - deja consignado la intención de utilizar el modelo de APP para desarrollar nuevos proyectos de generación de energía. Cabe destacar que entre los colaboradores que aportaron a la confección del programa de gobierno está el ex director ejecutivo interino de la AEE, Justo González, ahora subdirector de la corporación pública tras la contratación de Walter Higgins III.

En el caso de la designación del nuevo director ejecutivo, en efecto fue decisión de la Junta de Gobierno contratar a la firma Heidrick & Struggles para buscar el mejor talento disponible para dirigir la AEE. Pero según el contrato, el acercamiento a esa firma lo llevó a cabo Nisha Desai, la última integrante de la Junta de Gobierno que fue nombrada por el gobernador y quien no aparenta tener vínculos pasados con los funcionarios de la administración.

'Ustedes han solicitado independencia de este proceso siempre. Se quejan cuando entonces hay intromisión del gobierno y ahora lo que estamos diciendo es que dejamos este proceso', sostuvo el gobernador en rueda de prensa el día que supuestamente se enteró de la designación de Higgins III.

'Ese es el proceso que se llevó a cabo. Y si ya se tomó la decisión por la Junta, presumo que estarán haciendo una expresión hoy, mañana, rápidamente si ya esa ha sido la decisión', añadió Rosselló Nevares. Apenas unas horas despues, el presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Ernesto Sgroi, anunció la contratación de Higgins III.

Pero el asunto no culminó ahí, pues dos días despues el gobernador volvió a ser confrontado sobre la designación, pero esta vez en cuanto el salario de $450,000 anuales que devengará Higgins III. En ese momento el gobernador volvió a requerir respuestas a la Junta de Gobierno, que llegaron horas despues en un comunicado suscrito por Sgroi, quien justificó la decisión.

Tal como se ha reseñado, la relación entre Sgroi y Rosselló Nevares antecede la actual administración de gobierno. Durante el periodo de campaña electoral, fue Sgroi quien ocupó el puesto de tesorero de la campaña electoral de Rosselló Nevares, hasta su designación a la AEE.

Pero esa designación, junto a la de Edwin Irizarry Lugo y Omar Marrero Díaz, se llevó a cabo en un momento oportuno para la administración. El 26 de junio del año pasado, el gobernador convirtió en ley un proyecto que volvió a modificar la composición de la Junta de Gobierno de la AEE para que 3 integrantes sean nombrados 'por el gobernador a su entera discreción', 3 nombrados 'por el gobernador con el consejo y consentimiento del Senado' y uno electo que representará los consumidores.

Ese último nombramiento de representante del consumidor no se ha concretado, mientras que el Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO) supone ser la entidad que organice esa elección.

El 28 de julio el gobernador anunció las designaciones de Sgroi, Irizarry Lugo y Marrero Díaz. Irizarry Lugo fue director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Permisos durante la administración de Luis Fortuño y además donó $1,050 a la campaña de Rosselló Nevares entre el 2015 y el 2017.

Del informe de ingresos y gastos sometido por la campaña de Rosselló Nevares y correspondiente al primer trimestre del 2017, se desprende que el último donativo de Irizarry Lugo fue para la celebración del cumpleaños del gobernador, una actividad que se llevó a cabo en el hotel Ritz Carlton en Carolina y cuyo costo de entrada era $500.

Por su parte, Marrero Díaz posee varios sombreros en el gabinete del gobernador, incluyendo la dirección ejecutiva de la AAPP y ahora la dirección de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción. Fue el único integrante de la Junta de Gobierno de la AEE - siendo el vicepresidente de esa Junta - quien estuvo presente cuando el gobernador supuestamente se enteró de la designación de Higgins III, guardando silencio mientras Rosselló Nevares insistía en su desconocimiento.

El 30 de junio el gobernador formalizó a la Junta de Control Fiscal (JCF) su petición para llevar la AEE al Título III de PROMESA. Esto ante el vencimiento de un pago de deuda de $445 millones.

En el caso de los miembros de la Junta designados con el consejo y consentimiento del Senado - Errol Davis, Rafael Díaz Granados y Nisha Desai - el grado de vinculación con el primer mandatario se limita a su designación y posterior confirmación por el Senado. Aunque sí cabe destacar que Díaz Granados, según su biografía en la página de la Junta de Gobierno, se desempeño como abogado en la firma O'Melveny & Myers, que al presente funge como asesor legal de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) para el caso de Título III.

De hecho, la junta de Gobierno tambien incluyó al director ejecutivo de la AAFAF, Gerardo Portela, como miembro ex oficio. Pero recientemente, su silla fue reemplazada a modo representativo por el principal asesor de desarrollo económico del gobernador, Christian Sobrino Vega - tambien representante del gobernador ante la Junta de Control Fiscal.

Así las cosas, la presente composición de la Junta de Gobierno de la AEE favorece inmensamente la voluntad del primer mandatario, quien ha insistido en la privatización para la corporación pública mediante un procedimiento que aparenta mantenerlo al margen. Lo cierto es que una de las primeras acciones del primer mandatario fue legislar para alterar la composición de ese cuerpo y que en su momento se denunció como un intento para volver a politizar la alta gerencia de la corporación pública.

En blanco y negro, el gobernador está fuera del propuesto proceso de privatización de la AEE. Pero ciertamente, su intromisión directa en la composición de la Junta de Gobierno - incluyendo la participación de Sobrino Vega, aunque sin voto - tambien queda consignado en blanco y negro.

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