Por “exclusión categórica”

La Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE) defendió ayer su determinación de emitir una certificación de cumplimiento ambiental por “exclusión categórica” para la construcción de la polémica piscina del condominio Sol y Playa en Rincón por entender que se trata de una reconstrucción, que fue validada por un ingeniero, y que el impacto ambiental fue ya evaluado en el 1996 mediante la consulta de ubicación.

Gabriel Hernández Rodríguez, secretario auxiliar a cargo de OGPE en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), indicó en un intercambio con periodistas que esa evaluación ambiental tomó en cuenta todos los comentarios, incluyendo el anidaje en el área de especies en peligro de extinción.

“Eso está evaluado mediante evaluación ambiental en la consulta original y específicamente te dice que en esa área hay posibilidad de anidaje en cualquier punto”, dijo.

Explicó que en diciembre del 2019 se le presentó a Recursos Naturales un nuevo deslinde en el área de construcción de la piscina del condominio, el cual fue aprobado el 17 de noviembre del 2020.

“Nosotros no estamos entrando en la materia de si está bien o no está bien otorgado. Simplemente hay un deslinde, se establecen las colindancias y de ahí nosotros partimos para trabajar lo que es el proyecto en cuanto a la aprobación del permiso de construcción”, señaló.

Agregó que el 17 de diciembre de 2020 se les presentó una exclusión categórica para la reconstrucción de las facilidades que allí existían. “Para nosotros es sumamente importante que esto no es una construcción nueva. Esta es la reconstrucción de algo que ya existía y está dentro de la misma huella”, expresó.

La posición de OGPE, insistió, es que eso cumple en este proyecto y afirmó que si alguien no está de acuerdo con esa determinación tiene los organismos necesarios para poder impugnarlo.

“Pueden llevar este proceso al foro correspondiente, que puede ser el tribunal o a través de la Junta de Planificación”’, expresó.

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De hecho, el funcionario confirmó que la Junta de Planificación realizó una auditoría sobre las determinaciones relacionadas con este proyecto, que le sometió sus hallazgos a la OGPE y que esperan responder por escrito a los mismos antes de este próximo viernes.

“Mi percepción es que ahí hubo un impacto. No estamos volviendo a reevaluar lo que ya se adjudicó. Para nosotros es una reconstrucción y aplica la exclusión categórica…no se está evaluando nada que no estuvo ahí”, sentenció.

La abogada Edmee Zeidán Cuebas, que también participó del intercambio convocado por el DDEC, insistió en que la interpretación es que no se trata de una nueva construcción, ni de un proyecto nuevo.

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“Es simplemente que son unas obras que estaban allí, que son existentes y a la luz de lo que se dio con el huracán María se destruyeron y las están reconstruyendo. Surgen de una resolución de ubicación. No se está presentando un proyecto por primera vez ante la agencia de permisos», dijo.

Reconoció, sin embargo, que está en manos de la Junta de Planificación decidir si prevalece esa posición. Indicó que esa agencia “hizo unos señalamientos tras su auditoría y nosotros estamos próximos a responder por escrito a esos hallazgos. A la luz de lo que la Junta determine, basado en el expediente, sus hallazgos y las contestaciones de la OGPE, la Junta de Planificación determinará cuál va a ser el curso de acción. Ya sea sostener la validez de las determinaciones, o sea ir al tribunal de primera instancia, que es quien tiene jurisdicción para revocar las mismas”, explicó.