Profesor de derecho levanta bandera de posible discrimen contra personas que no están inmunizadas

A pesar de que, en principio, la implementación de una tarjeta de vacunación digital luce como una alternativa eficaz para evitar la falsificación de ese documento y certificar de forma inmediata si una persona está debidamente inmunizada, la medida podría discriminar contra grupos protegidos o personas que no han tenido igual acceso a la inoculación.

Así lo advirtió el profesor de derecho, el licenciado Jaime Sanabria Montañez, quien indicó que, aunque la iniciativa no debe confrontar problemas legales para su implementación, mas advirtió que el gobierno debe ser muy cauteloso en su implementación.

El director de Servicios de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (conocida por las siglas PRITS), Enrique Volckers Nin, adelantó a NotiCel que el gobierno ya le da los toques finales para que toda persona que esté totalmente vacunada tenga acceso de forma gratuita a un pase digital en su teléfono móvil que servirá como documento oficial y que, entre otras cosas, podrá ser presentado como evidencia en lugares donde se requiera a las personas estar inmunizadas.

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“En la medida en que aumente el por ciento de vacunación de la población puertorriqueña, la exigencia de esta tarjeta digital podría ser declarada válida por un foro competente. Si no existe obstáculo constitucional a que se exija la vacuna en ciertas circunstancias, no lo debe haber para que se le pida a la persona que presente prueba de la mismo”, sostuvo Sanabria Montañez.

“Ahora bien, tanto el gobierno como la empresa privada deben ser cautelosos y velar por que el programa de facto que implanten no discrimine sistemáticamente e impacte adversamente ciertos grupos protegidos, a saber, los religiosos y aquellos con diversidad funcional, entre otros”, agregó.

Sanabria Montañez sostuvo que la novel herramienta condicionaría el disfrute de ciertas libertades constitucionales y estatutarias a que la persona esté vacunada como, por ejemplo, moverse libremente, asistir a eventos masivos, entrar a centros comerciales o restaurantes, entre otros.

Ante ello, cuestionó qué pasará con las personas que no hayan completado el ciclo de vacunación, no necesariamente porque no hayan querido hacerlo, sino porque no han podido.

“Debe tomarse en consideración que existe la posibilidad de que un gran porcentaje de la población que no se ha vacunado sea por la falta de acceso a los centros de vacunación, por la falta de transportación, por sus condiciones precarias de vida; es decir, por estar inmerso en una situación de pobreza o, incluso, pobreza extrema. Y se debe tener cuidado con ello porque se estaría privando de libertades constitucionales a personas que no han tenido opción de vacunarse no porque no quieran, sino porque no pueden o el Estado no los ha colocado en posición de que puedan”, advirtió.

Por otro lado, recordó que la tarjeta de vacunación digital ya está en funciones en otras jurisdicciones.

En ciudades como Nueva York, por ejemplo, se implementó un sistema denominado Excelsior Pass, el cual permite a los neoyorquinos cargar un código en sus dispositivos móviles que puede ser escaneado por cualquier empresa o entidad que necesite una confirmación de vacunación o una prueba de COVID negativa.

Volckers Nin adelantó a NotiCel que el sistema que se contempla implementar en la Isla es mu parecido al Excelsior Pass.

En Europa también se puso en marcha un proyecto similar conocido como certificación digital de covid-19 que es utilizado en todos los países de la Unión Europea desde el 1 de julio.

Otra gran preocupación de varios sectores es cómo se manejará información personal de los pacientes. El director de PRITS adelantó que la data personal la trabajará estrictamente el Departamento de Salud.

Sanabria Montañez enfatizó en la necesidad de proteger la intimidad de las personas en todo momento.

“Debe tenerse sumo cuidado a la hora de obtener copia de las tarjetas de vacunación de los ciudadanos, pues se trata de datos personales que identifican a un ser humano y que pueden estar cobijados bajo una expectativa de intimidad. Hay que proteger dicha información para que no se extravíe y se conserve en distintos lugares en que solo gente autorizada y legitimada tenga acceso”, sentenció.