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Colegio de Profesionales del Trabajo Social pide a la gobernadora no firmar el Código Civil

Se unen a las múltiples voces de distintos sectores del país que exigen el veto del proyecto.

Mabel Pérez Ortiz, presidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social.
Foto: (Archivo/NotiCel)

Luego de que el Senado aprobara este pasado lunes el enmendado Código Civil y de que ahora se anticipe la aprobación de la Cámara de Representantes, ayer la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, dejó la puerta abierta y no expresó si firmaría o procedería a vetar el documento.

Esta, durante su conferencia con la comisionada residente Jenniffer González Colón, dijo que aún no ha revisado la pieza legislativa, pero que lo examinaría con "mucha rigurosidad".

En contraste a esta tibia postura, han sido muchas las voces unidas en rechazo al documento: desde artistas, hasta organizaciones de base comunitaria, la oposición ha sido férrea al alegar que la medida es excluyente, y que se están vulnerando derechos ya adquiridos en nuestra sociedad.

A estos reclamos se une el Colegio de Profesionales del Trabajo Social.

Su presidenta, Mabel López Ortiz, llamó a Vázquez Garced a no firmar la aprobación de este documento hasta que se inicie un proceso transparente de divulgación y discusión de los cambios.

“El Código Civil es el documento más importante después de la Constitución, en materia de Derechos Humanos en nuestro país. La aprobación de este documento, sin tener acceso a las enmiendas discutidas en el seno de la Cámara y el Senado atenta contra otros derechos importantes en la sana democracia, como lo es el acceso a la información", expresó en comunicación escrita.

Y es que las recientes enmiendas al Código, se hicieron sin vistas públicas y sin asistencia en las gradas en medio de la pandemia por COVID-19.

"En el país arrastramos prácticas gubernamentales que han creado un ambiente de desconfianza en la ciudadanía, que debe denunciarse y señalarse, cuando hablamos de nuestros derechos", añadieron.

"Nos alineamos a las expresiones de representantes y senadores novoprogresistas sobre la importancia y necesidad de un código atemperado a nuestros tiempos, pero no es negociable admitir este curso sin tener pleno conocimiento del documento que va a regir nuestras vidas", continúa el documento.

Asimismo, llamaron a considerar el impacto de la aprobación del proyecto en los derechos humanos y civiles de los puertorriqueños. En el documento, se aprecian cambios drásticos que podrían impactar tanto los derechos adquiridos por la comunidad LGBTTQIA+, así como el derecho al aborto, que existe en Puerto Rico desde el 1973, entre muchos otros.

"El control del estado sobre nuestros cuerpos, los bienes comunes como lo son nuestras playas, entre otros asuntos, violentan el derecho a la libertad y a la defensa de nuestros derechos humanos”, culminaron.

Portavoces de organizaciones como el Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE), también se habían expresado al respecto, y habían solicitado a la Primera Mandataria que reconsiderara la firma del proyecto.

"Le pedimos a la Gobernadora que se tome el tiempo necesario para estudiar el Código Civil que se aprobó y que evalúe desde una perspectiva legal e histórica cómo quedará ella firmando un proyecto como éste", apuntaló Osvaldo Burgos, portavoz de la organización.

"Nada borrará de la historia de este Código Civil el hecho de que se trabajó de espaldas al pueblo, con una agenda conservadora y negando al país la oportunidad de un diálogo sosegado y plural en el cual se pudiera garantizar un instrumento legal que adelante la justicia y la equidad para toda persona sin importar su clase social, su origen, su sexo, identidad de género u orientación sexual”, agregó Amarilis Pagán, también portavoz de CABE.

Se expresa el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Comisión de lo Jurídico de la Cámara

Al llamado, también se unió Luis Vega Ramos, quien solicitó el miércoles, al presidente del colectivo, Carlos “Johnny” Méndez, que posponga la votación sobre el nuevo Código Civil.

“Sería un golpe a la democracia y a la transparencia que la Cámara lleve a votación mañana el proyecto del Código Civil, que fue enmendado profundamente en el hemiciclo del Senado el lunes y cuyo texto final de aprobación no estará disponible hasta el jueves en la mañana. El Código Civil es un documento de cientos de páginas que regula toda la vida desde la concepción hasta lo que se deja en herencia tras la muerte. Votar sobre esto mañana, cuando el Senado alteró la medida sustancialmente en áreas trascendentales y con lenguaje ambiguo, es un acto de deslealtad con el pueblo en momentos donde está confinado en sus hogares y no tiene cómo manifestarse", manifestó Vega Ramos.

"Hago un llamado al Presidente de la Cámara, Johnny Méndez y a la mayoría PNP a que frenen la consideración destemplada de lo que aprobó el Senado de espaldas al país. Publiquen primero lo que se aprobó el lunes, permitan una discusión pública razonable y entonces consideren llevarlo a votación", añadió, mientras instó a tener calma al analizar y proceder a la votación del proyecto.

"No hay fuego que apagar, ni urgencia para votar sobre esto mañana. La sesión legislativa acaba el 30 de junio y ya el liderato legislativo ha anunciado que se propone a extenderla por razón de la emergencia. Por ello, no debe llevarse a votación mañana. Ya discutí informalmente con los miembros de la delegación Popular y comparten esta preocupación", señaló.

También se expresó sobre ciertos términos y vocabulario utilizado en el documento, alegando se pueden coartar derechos de las mujeres y la comunidad LGBTTQIA+.

"Sustantivamente, hay unos problemas de ambigüedad que causan confusión. El lenguaje sobre el concebido pero no nacido, sobre si se autoriza o no la maternidad subrogada y sobre los de derechos de nuestros conciudadanos transgénero a que su certificado de nacimiento refleje su realidad, por mencionar algunos, están escritos en un lenguaje confuso y que se presta a interpretaciones. Aprobar el proyecto así, sin las clarificaciones adecuadas, equivale a una renuncia del poder legislativo a sus facultad de hacer las leyes y pasarle el asunto a la rama judicial para que interprete lo que no se redactó con claridad. Nuestro sistema no funciona así”, expuso Vega Ramos en declaraciones escritas.