Un día antes que la Junta de Control Fiscal (JCF) anunciará la retención de la firma especializada en investigaciones Kobre & Kim para dirigir la propuesta investigación sobre el endeudamiento del gobierno y su relación con la actual crisis fiscal, los abogados de la Junta habían ya informado a la juez Laura Taylor Swain sobre esta acción.

Más aún, mediante una moción radicada poco antes de la medianoche del lunes, la firma Kobre & Kim ya había informado su propuesta de investigación, que aspiran a concluir dentro un periodo de seis meses.

Y como si fuera poco, un comite de acreedores ya levantó bandera sobre uno de los investigadores quien no especificó si en efecto mantiene vínculos con las instituciones financieras de la Isla o los miembros de la JCF.

Aunque los detalles sobre la cuantía del contrato no se especifican en la moción, la Junta sí especifica que desde el 1 de septiembre ya estaban formalmente comprometidos con la firma. Desde ese día la firma analizó el alcance de la investigación, evaluó eficiencias con investigaciones en proceso, determinó el tiempo que durará, y coordinó esfuerzos con el Comite de Acreedores No Asegurados (CANA).

Este último detalle, sin embargo, fue discrepado por el CANA en una moción radicada apenas unas horas antes en las que indicaron que la JCF no se había comunicado con ellos para colaborar en la investigación que ellos solicitaron por conducto de la regla 2004 del código de quiebras, tal como lo ordenó la magistrada Judith Dein en la última vista sobre este asunto. Según esa moción, la comunicación se dio el 7 de septiembre - mediante llamada telefónica - y fue para introducir al investigador principal, John Couriel, quien dijo que estaban trabajando un plan de trabajo, pero no ofreció mayores detalles.

Durante esa llamada increparon a Couriel sobre las conexiones que tenía con instituciones financieras de la Isla y con dos de los miembros de la JCF que estaban directamente relacionados con el endeudamiento del gobierno local - Carlos García y Jose González. Según el CANA, Couriel afirmó en un correo electrónico posterior a la llamada que había conocido a García hace unos años, pero no proveyó detalles adicionales.

Según la Junta, Kobre & Kim y el CANA acordaron en continuar reuniendose en las próximas semanas para refinar el plan de trabajo, a la vez que aseguraron que la intención de este investigador independiente es mantener abierta toda línea de comunicación con el CANA y otros grupos, garantizando la independencia de la investigación.

En su escrito a la jueza Swain, la firma investigadora delineó una ruta de 180 días en la que esperan publicar su reporte final al comite de investigación de la Junta, compuesto por los miembros, Ana Matosantos, David Skeel y Arthur González.

En 21 días solicitarán la entrega voluntaria de documentos; en 30 días la firma proveerá al comite de la JCF recomendaciones para aprobar investigaciones y/o perseguir emplazamientos investigativos según le faculta la Ley PROMESA a la Junta; en 60 días comenzarán entrevistas y deposiciones; y en 180 días esperan publicar el informe final.

Al presente la firma investigadora supone estar en medio del proceso de recopilación de documentos. Según establece la moción, el 15 de septiembre comunicarán al comite investigador de la JCF los documentos que buscan preservar y las entidades e individuos que recibirán notificaciones de preservación de documentos en los próximos días.

Este proceso se espera continúe hasta el 26 de septiembre, identificando potenciales testigos a quienes la JCF enviará notificaciones de preservación de documentos. No obstante, de identificar testigos y documentos adicionales posterior a esa fecha se continuarán emitiendo estas notificaciones dentro siete días de haber identificado la novedad.

La firma además tiene la intención de buscar documentos y comunicaciones relacionadas a las emisiones de deuda, incluyendo aquellas que tienen que ver con consejos profesionales dados al gobierno, como tambien data financiera de los recipientes de los bonos.

De mismo modo, la firma no descarta solicitar a la JCF que invoque los poderes conferidos por la Ley PROMESA para solicitar documentos del gobierno de Puerto Rico o del gobierno federal y sus dependencias. Si se incumple con estos requerimientos de información, solicitarán emplazamientos investigativos.

Kobre & Kim admite en su escrito que el alcance de la investigación y su propuesta duración de 180 días es una ambiciosa, sin embargo, afirman estar comprometidos con completar la investigación de la manera más eficiente y efectiva posible.

Así las cosas, se espera que la contratación de Kobre & Kim, su propuesto plan de trabajo y la manifestada oposición del CANA sea objeto de discusión durante la próxima vista sobre la investigación de la deuda. La misma la presidirá la magistrada Dein el próximo miercoles 4 de octubre en el Tribunal Federal de Hato Rey.