Similar a la jornada de ayer, jueves, en la cual la participación del Gobierno se limitó a ser un puro trámite, la Junta de Control Fiscal (JCF) aprobó los planes fiscales que elaboró y publicó a mitad de semana, con la opinión disidente de Ana Matosantos, y esta vez para la Universidad de Puerto Rico (UPR) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

Con la aprobación de cinco miembros, el ente federal dio paso al incremento en el costo de todos los peajes de la Isla, con la excepción de la PR-66, y a una reducción de personal de 15% en la Autoridad de Carreteras.

Matosantos, en cambio, se abstuvo de la votación por entender que necesitaba más información respecto a los costos de construcción y arreglo de las vías públicas.

En esa línea, Matosantos tambien se abstuvo de la votación del plan fiscal de la Universidad del Estado, según desarrollado por el ente federal. Entre los cambios que se avecinan en ese renglón es la duplicación del costo de matrícula para el año fiscal 2019, a toda vez que se trastoca el sistema de retiro de la institución y se consolidarían recintos y sus operaciones.

Al momento, estudiantes subgraduados pagan $57 por credito, pero la JCF exigió un incremento a $115 que continuará en alzada hasta llegar a $157 en el año fiscal 2023. A nivel graduado, en cambio, la matrícula anual con 12 creditos se encuentra en $3,699, pero alcanzará los $7,241 en el 2023 bajo el nuevo plan. A esto se le añaden aumentos en las cuotas de mantenimiento, y la disminución de 11 recintos a cuatro conglomerados, encabezados por las unidades de Río Piedras, Mayagüez, Cayey y Ciencias Medicas.

En cuanto a la consolidación de recintos, el presidente de la Junta de Gobierno de UPR, Walter Alomar, advirtió que comenzarán en el 2020 por lo que no me pudo especificar cómo quedan los programas atleticos ni nada por el estilo tomando en cuenta que aún evaluán.

De igual modo, Alomar divulgó luego en comunicado de prensa que, la Junta excedió su poder al incluir en su plan un modelo específico de consolidación de recintos. 'Enfatizamos que esta decisión es una determinación institucional que depende de muchos factores y requerimientos academicos. Los expertos en asuntos academicos están en la UPR, no en la Junta', afirmó a la vez que insistió que el proceso de consolidación debe ser evaluado, planificado e informado con antelación a las agencias acreditadoras, incluyendo a la Middle States Commission on Higher Education.

Asimismo, insistió en que 'es imperativo aumentar el fondo de becas para ayudar a más estudiantes con necesidad económica', como se propuso en el plan fiscal aprobado por la Junta de Gobierno de la UPR. En este plan, la Universidad crearía un fondo de $39 millones que sería distribuido a los estudiantes según su necesidad económica, mientras que el plan de la JCF reduce este fondo de becas a $9 millones.

Alomar no descartó responder por la vía judicial, de ser necesario, para evitar la implementación de las medidas del plan aprobado por el ente fiscal.

Las decisiones fueron tomadas por seis miembros, dado que Jose Ramón González se ausentó del cónclave, celebrado en el Centro de Convenciones, en Mirarmar. Arthur González participó por vía telefónica.

Tambien dieron paso de manera unánime a los planes de ruta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y decidieron esperar por más datos para considerar el de la Corporación Publica para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC).

Durante su presentación, el presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Walter Alomar Jimenez, se mostró satisfecho con el hecho de que el aumento a la matrícula fuera paulatino, pero difiere en la severidad de los cambios.

Destacó, por ejemplo, que la UPR propuso un recorte en 40% a la cantidad de estudiantes que reciben exenciones, mientras que la JCF 'prácticamente las reduce todas'. Tambien se posicionó en contra de la eliminación del Bono de Navidad, postura que el ente federal ha adoptado a lo largo del resto del Gobierno.

A la hora de hacer preguntas, el presidente de la JCF, Jose Carrión III, requirió la opinión de Alomar Jimenez respecto a la creación de un fondo de becas a costa de un tijerazo a la Legislatura, la Judicatura y a la Junta misma.

'Definitivamente que aumentar el Fondo Dotal [UPR] de $100 millones a $415 millones es magnífico. El dinero hace falta. De dónde sale el dinero, pues eso queda fuera de mi ámbito. El yo decir que se le quite dinero a la Legislatura y la Judicatura pues entramos en conflicto entre una agencia y otra, pero que vaya al Fondo Dotal, estamos cien por ciento de acuerdo', ripostó Alomar Jimenez.

Otro de los cuestionamientos de Carrión III abordó la manera en que la UPR promocionaba sus servicios en America Latina, a lo que Alomar Jimenez aseguró el inicio de conversaciones con el Secretario de Estado y el Secretario del Departamento de Desarrollo Económico, pero concretar esos esfuerzos requieren una inversión monetaria.

Mientras la JCF discutía el plan fiscal de la UPR, un grupo de estudiantes marchó hacia el Centro de Convenciones en contra de los recortes.

Pendiente a NotiCel para ampliación.