El nuevo Plan Fiscal a someterse a discusión, y aprobación, en la reunión de hoy de la Junta de Control Fiscal (JCF) asume una reducción en los recaudos que el gobierno recibe de las corporaciones foráneas y proyecta que, una vez termine el flujo principal de fondos federales de recuperación y si el gobierno sigue sin 'voluntad política' para tomar reformas adicionales, los deficits fiscales volverán en 2034.

El plan cubre los años fiscales 2019 a 2023, y proyecta que la isla tendría capacidad para pagar su deuda contractual en esos años. Si se completan las reformas y ahorros en el plan, se proyectan ingresos nuevos por $12,400 millones durante la vigencia del documento.

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La JCF insiste en reformas más profundas en las áreas de: condiciones de empleo (eliminación de la Ley 80), facilitar el hacer negocios, reforma contributiva, imponer un límite en los gastos de salud pública y buscar fondos federales adicionales de Medicaid.

Otros puntos que se derivan del nuevo plan:

10% de la población emigraría en los próximos cinco años, provocando que la población total se coloque por debajo de los 3 millones (2.9) en 2023.

Se asume el 'apoyo sustancial y a tiempo del gobierno federal' en los próximos cinco años.

Se proyecta la entrada de $82,000 millones en financiamiento de recuperación y reconstrucción, tanto de fuentes federales como privadas. ($66,000 millones en asistencia pública, $3,000 de asistencia a individuos, $8,000 de pagos de seguros, $5,000 de otras fuentes federales y $3,400 de financiamiento para sustituir el pareo de fondos locales).

El superávit que se proyecta cambiará a un deficit, si no hay mayores reformas, en la medida en que se reduzca la ayuda federal, se extinga el financiamiento suplementario de Medicaid, se reduzcan los ingresos por el impuesto a las empresas foráneas y aumente el gasto en salud.

De 2017 a 2023, el Departamento de Hacienda estima que se reducirá el 42% de los ingresos que ahora se reciben bajo la Ley 154 (el impuesto a las foráneas) y se erosiona en 12% la retención de contribuciones a no residentes como resultado del efecto de la reforma tributaria federal y el efecto detrimental del huracán en la restauración de las operaciones manufactureras y la exportación. Los ingresos por Ley 154 podrían estabilizarse en $850 millones, de los casi $2,000 millones actuales, en 2031.

Hay un risco fiscal (cliff) en 2020 por la extinción del financiamiento suplementario de Medicaid.

El nuevo plan asume y factoriza que el gobierno va a mantener el congelamiento en la contratación de empleados públicos, la eliminación del bono de Navidad (empezando en 2018) y la reducción en los gastos de planes medicos para ese sector.

Los ingresos por impuestos al alcohol, los cigarrillos, y los ingresos por los arbitrios al ron, se espera que aumenten.

El plan mandata la activación de un Credito Contributivo por Ingreso Devengado (EITC) para enero de 2019 y la implantación de un requisito de trabajo para beneficiarios de asistencia social (PAN) para el 1 de julio de 2019 sin periodo de transición.

El plan cuenta con con la consolidación de las 114 agencias del gobierno en 35.

La Legislatura y los tribunales tendrán que recortar, en conjunto, $43 millones en distintos renglones para llevar sus gastos a legislaturas y sistemas de tribunales comparables en Estados Unidos. Específicamente, el plan resalta que Puerto Rico gasta $34.16 por ciudadano en asuntos legislativos cuando el promedio en Estados Unidos es $10.71.

Hacienda tiene que cambiar de 'Hacienda para servirle' a Hacienda 'se asegura que todo el mundo paga sus impuestos'.

Tiene que mantenerse el nivel de reducción de subsidios a municipios y eliminarse para el 2024. En la transición, hay que consolidar servicios entre los municipios.

Reducción de pensiones se mantiene en 10% con limitación para aquellos pensionados cuyo ingreso combinado entre pensión y Seguro Social no es de más de $1,000 mensuales, lo que implica que 60% de los retirados tienen reducción de 10% o menos, 80% reciben reducción de 15% o menos y ninguno tiene reducción que alcance el 25%.

La JCF tendría una reducción de su presupuesto en línea con los recortes mandatados para otras agencias, lo cual implica hasta un 50% de recorte.

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