Washington DC - Ante la certificación el lunes del Plan Fiscal del gobernador Ricardo Rosselló, la comisionada residente, Jennifer González, junto al presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), Jose Carrión III, estarán enfocándose en el cabildeo de mejoras al Plan de Salud en Puerto Rico, que enfrentaría la desaparición de $1.3 millones con el reemplazo del 'Obamacare' propuesto por aCongreso.

Esto representa el 80 por ciento de los fondos federales para la isla en cuanto a salud, el 44 por ciento de los gastos de Medicaid en Puerto Rico, y dejaría a más de 470,000 personas sin ningún tipo de seguro médico, según González. Además, explicó que haría mucho más difícil que el gobierno logre los $300 millones en ahorros en el área de salud que propone el plan fiscal aprobado el lunes por la Junta.

Tras la aprobación del Plan Fiscal de Rosselló, José Carrión III anunció que la JCF va 'a intentar cambiar la conversación e insertarnos en Washington para atender este tema. Vamos a ayudar a la comisionada residente y al gobernador a adelantar este tema. Creo que ya podemos empezar a que nos atiendan', en referencia a que en su experiencia en el Congreso, cada vez que se intentaba traer el asunto, se exigía que comenzaran con el tema fiscal.

De igual forma, la comisionada residente discutió el tema la semana pasada con el representante Paul Ryan, el portavoz de la Cámara de Representantes.

La reestructuración de AEE

Por otro lado, la primera inspección pública del Congreso a la implantación de la ley PROMESA en una vista la semana entrante se enfocará principalmente en el acuerdo hecho hace un año para reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), pero que aún no ha tomado efecto.

Ese acuerdo, finalizado en febrero 2016, mucho antes que el gobernador Ricardo Rosselló asumiera su cargo, establece una reducción de un 15 por ciento de la deuda de esa corporación pública de unos $9 mil millones. Rosselló ha solicitado renegociar el acuerdo con la intención de reducir la deuda aún más e incluir otros términos más favorables para el gobierno.

En la vista titulada 'El Estatus del Acuerdo para Apoyar la Reestructuración de PREPA' el miércoles, 22 de marzo, los congresistas querrán saber más sobre el retraso de este primer acuerdo voluntario con acreedores y explorar cómo se pueden aligerar las negociaciones con los bonistas sobre el resto de los $70 mil millones en deuda pública de la isla.

De no haber acuerdos voluntarios para reducir la deuda, la Junta de Supervisión Fiscal establecida por la ley PROMESA para atender la crisis fiscal de la isla puede autorizar la reestructuración forzada de la deuda en los tribunales.

Enfocarse en ese tema 'es por la preocupación que no ha habido negociación todavía con los acreedores,' afirmó González. Los miembros de la comisión querrán ver 'cómo pueden ayudar a facilitar con la negociación entre el gobierno y los acreedores.'

González es vicepresidente del subcomité de Asuntos Indígenas, Insulares, y de los Nativos de Alaska de la Cámara de Representantes, el cual convoca la vista. No se han anunciado públicamente los deponentes, pero se espera que se citen el gobernador Rosselló o algún representante de su gobierno, y representantes de la Junta de Gobierno de la AEE y de los bonistas. Fuentes aclararon que posiblemente se cite, además, algún representante de la JCF.

El plan fiscal incluye $1.2 mil millones para pagar el servicio de la deuda anualmente, un estimado de Rosselló que algunos analistas y miembros de la Junta consideran demasiado optimista dada las proyecciones de crecimiento económico más reducidas que estima la Junta. Aún la proyección más optimista de Rosselló significa un descuento del 69 por ciento de los $3.8 mil millones que se debería pagar como servicio de la deuda en el próximo año fiscal, lo cual señala que se buscan recortes sustanciales en la deuda.

Dado el enfoque en la vista sobre este primer arreglo con un grupo de acreedores, surge la preocupación de algunos demócratas en el debate antes de aprobarse la ley PROMESA que la prioridad de la Comisión, expresado por algunos de sus miembros republicanos conservadores, era defender los intereses de los bonistas y darle menos importancia a las dificultades que podrían ocasionarle al gobierno y al pueblo la imposición de medidas de austeridad.

González ripostó que ella y otros en la comisión estarán allí para asegurar ese balance en la discusión. Y para atender la crisis efectivamente, González explicó que la comisión debe ver el cuadro completo de cómo se implantó la ley PROMESA y otras medidas que se deben tomar.

Además, en la vista, la representante afirmó que la comisión podrá obtener más información sobre las medidas de austeridad que ha tomado el gobierno para demostrar que se encaminan a una mayor disciplina fiscal, como la reforma laboral y la reestructuración de las agencias del gobierno de Puerto Rico.

'Va a ser un buen foro para que el gobierno explique qué acciones se han tomado en otros asuntos,' explicó. 'Se debe aprovechar la oportunidad.'