Aunque no confirmó cuántas serán las destituciones en la Comisión para la Auditoria Integral del Credito Público (CAICP), el gobernador Ricardo Roselló Nevares justificó su decisión al argumentar que el organismo requiere funcionarios de su entera confianza.

Esto, a raíz de la polémica revelada por líderes del Partido Popular Democrático quienes denunciaron que el Primer Ejecutivo del país destituyó a varios integrantes del ente creado por la Legislatura durante la pasada administración.

'PROMESA faculta al gobernador y al gobierno a tener responsabilidad para ejecutar un plan fiscal. Cómo un gobierno y un gobernador van a ejecutar un plan fiscal si no tienen las personas que van a correr ese plan fiscal que sean de la confianza del gobierno en esas posiciones?', expresó Roselló Nevares sobre las misivas entregadas a algunos integrantes de esa comisión instituida bajo la Ley 97 de 2015.

'El proyecto está basado en ese concepto, y lo que nosotros hemos establecido que porque hay diferencias de Política Pública que son irreconciliables. Nosotros vamos a dirigir a nuestro gobierno para cumplir nuestra Política Pública y cumplir con el plan fiscal y el plan de Desarrollo Económico de Puerto Rico', agregó el mandatario.

El Partido Popular Democrático (PPD) y miembro de la Comisión, Manuel Natal Albelo, en entrevista radial por Radio Isla, denunció que 'varios miembros han recibido una carta donde el Gobernador les destituye basado en un poder que entiende bajo la Ley que creó el Proyecto de la Cámara 451, que recordarás que tiene una disposición que le permite remover a cualquier miembro de una junta que no goce de su confianza para implementar el plan fiscal requerido por la ley PROMESA', explicó el representante.

Sin embargo, Natal Albelo destacó que la Comisión fue creada por la Rama Legislativa y la disposición que argumenta Rossellóse refiere a la Rama Ejecutiva, por lo cual estaría violando la separación de poderes. Asimismo, apuntó que la presente administración aún no presenta su Plan Fiscal. En dos misivas dirigidas a la Junta de Control Fiscal se hansolicitado 45 días adicionales para presentar el mismo. La fecha límite para someter el plan es el 31 de enero, y el organismo creado bajo la ley federal PROMESA aún no responde a la solicitud de prórroga.

Roselló Nevares aclaró que no será una Ley de Moratoria sino una Ley de Cumplimiento lo que proyecta aprobar su administración con el propósito de capturar el dinero destinado al pago de la deuda y cumplir con los servicios esenciales del gobierno.

'Esta es una de las medidas que nos permiten atajar la situación que se ha venido definiendo, no tan solo por nosotros sino por los asesores del Gobernador, de que no va a haber liquidez en febrero', sostuvo.

'Esta Ley de Cumplimiento lo que permite es que asegurarnos de que tenemos accesibilidad a fondos para seguir operando, toda vez que nuestro objetivo es hacer reformas estructurales que nos van a permitir hacer un gobierno más pequeño, que sea más efectivo, que podamos cumplir, que podamos dar los servicios esenciales y que a la misma vez podamos reestablecer la credibilidad', acotó.

Por su parte,el presidente de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, Roberto Pagán, reaccionó sorprendido por el contenido de la carta enviada por el gobernador Ricardo Rosselló, destituyendo de ese organismo a varios comisionados.

'Creo que la carta dirigida a los comisionados que representamos el interés público debe ser producto de una confusión del equipo de asesores del Gobernador, pues nos equipara a una corporación pública, o instrumentalidad del ejecutivo, que evidentemente no somos pues estamos adscritos a la rama legislativa', declaró Pagán.

'Nuestra misión no necesariamente tiene que alinearse con el Plan Fiscal que debe entregarle el Gobernador la Junta de Control Fiscal, ni debemos 'gozar de su confianza' como demanda en su carta. Esta Comisión se concibió como un cuerpo separado del Gobierno y con autonomía completa para poder realizar un trabajo de auditoría forense, alejado de debates o proyectos político-partidistas', continuó.

'Confiamos que este malentendido se aclarará en los próximos días de manera que podamos continuar, sin demoras, con el trabajo de auditoría que es importante y decisivo tanto para el Gobierno como para el pueblo en general', concluyó.

Asimismo, el expresidente del Senado, Eduardo A. Bhatia, censuró la acción del Gobernador. 'Esta expulsión hostil de distinguidos y reconocidos miembros de la Comisión Independiente de la Auditoría divide más al País. En las circunstancias en que se encuentra Puerto Rico es necesario contar con transparencia y con validadores independientes que miren la situación del País desde justa perspectiva y sin colores políticos', sostuvo el senador.

'Señor Gobernador, le pido que recapacite, eliminemos de una vez y por todas las gríngolas partidistas. Restituya la Comisión independiente para bien de Puerto Rico y de su gente', exhortó Bhatia en comunicado de prensa.

La Ley 97 de 2015 creó la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público. Según dispone la ley, dicha Comisión ha de estar compuesta, entre otros por el líder sindical Roberto Pagán, representante del sector cooperativista, constitucionalistas, el director del Instituto de Estadísticas, el presidente del Banco Gubernamental de Fomento, y profesores de economía y estadísticas, entre otros.

Las expresiones del Gobernador se efectuaron durante la ceremonia de colocación de la primera piedra del Hotel Marriot Starwood Aloft en Ponce, evento en el que estuvo presente la alcaldesa María Meléndez, el director ejecutivo de la Compañía de Turismo, José R. Izquierdo, el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy, así como legisladores de la Región de Ponce.

El proyecto agregará 150 habitaciones al inventario actual de hotelería en la Ciudad Señorial, con una inversión de $13.5 millones producto del desarrollador del proyecto, Joel Rodríguez Rivera. Se espera que la hospedería esté lista en unos 24 meses.

Durante su participación, Roselló confirmó su intención de facilitar el desarrollo del aeropuerto Mercedita y el Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago.

‘Estamos trabajando en otra Orden Ejecutiva que nos va a permitir habilitar lo que son los proyectos estratégicos regionales. Más de 500 proyectos ya a través de todo Puerto Rico que han caído en algún eslabón burocrático y que los queremos potenciar para crear actividad, para crear empleo y para desarrollar nuestra economía', reiteró Rosselló Nevares.

'Creo en la regionalización, creo en el poder que cada una de las regiones tiene en Puerto Rico para desarrollar su economía y que sea diferente, que añada valor de una manera particular', afirmó.

De otro lado, el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda reiteró la importancia de una investigación profunda sobre la legalidad de la deuda pública a de recomendaciones de la Junta para realizar una auditoríaforense de la misma.

'Ningún plan fiscal para atender las finanzas de Puerto Rico responde al mejor interés del pueblo si no va de la mano con la auditoría de la deuda según mandata la Ley 97 del 2015. La auditoría de la deuda es indispensable para la recuperación económica del País. La Comisión Integral para la Auditoría del Crédito Público ya ha advertido posibles ilegalidades en las emisiones de mucha de esa deuda. A su vez, el gobernador electo, Dr. Ricardo Rosselló también se ha expresado sobre la posible negligencia en el manejo de las finanzas públicas. No hay negociación de buena fe que se pueda llevar con acreedores, ni se estará protegiendo los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, si no se certifica que esa deuda es legal', expresó la licenciada Eva Prados Rodríguez, portavoz del Frente, en declaraciones escritas.

'Mientras el pueblo y expertos en Estados Unidos y Puerto Rico exigen una auditoría independiente de la deuda pública, como principal herramienta de transparencia y rendición de cuentas, sobre la legalidad del endeudamiento público de la isla nos levantamos hoy con la terrible noticia de que el gobernador Ricardo Rosselló ha enviado cartas de destitución a los comisionados que representan el interés público en la Comisión Integral para la Auditoría del Crédito Público, cuerpo por ley creado para la auditoría', apuntó Prados Rodríguez.

La también abogada añadió por escrito: 'un proceso de auditoría, por su propia naturaleza y cánones que la guían, requiere que quien la haga goce de la mayor independencia y autonomía para hacer su trabajo de investigación sobre las decisiones tomadas por el poder ejecutivo en la emisión de la deuda. La intervención del Gobernador en los nombramientos de los representantes del interés público lacera completamente la independencia que debe tener este cuerpo y por tanto la credibilidad del proceso mismo de la auditoría. Si la persona que va a realizar la auditoría responde a un plan de gobierno existe un claro conflicto de interés'.

Ninguna de las personas destituidas eran de la confianza del anterior gobernador sino personas seleccionadas por su preparación en el tema o representación de un sector como son el Dr. José González Taboada, CPA y decano de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y el Dr. Hiram Meléndez, profesor de derecho constitucional de la Escuela de Derecho de la UPR o Roberto Pagán, representante del sector sindical.

'La auditoría no debe ser hecha ni dirigida por personas de confianza del gobierno, ese no puede ser el criterio, sino todo lo contrario: debe ser hecha por un organismo independiente que garantice absoluta transparencia en su gestión. Por tanto, exigimos al gobernador que se retracte de su acción y le dé su apoyo incondicional a la auditoría de la deuda y a los trabajos de la Comisión como medida básica de transparencia y para devolverle al País su credibilidad ante el pueblo y mercados financieros. Esa es la voluntad del pueblo que se nos ha expresado a favor de la auditoría', añadió la portavoz.

La Asociación de Economistas de Puerto Rico, el Colegio de Abogados y Abogadas, la Cámara de Comercio, la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, el Senado Académico de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, Empresarios por Puerto Rico, la Asociación de Maestros de Puerto Rico, entre otros, han aprobado resoluciones apoyando una auditoría de la deuda y los trabajos de la Comisión.

De igual forma, el Frente en su campaña educativa titulada #AuditoriaDeLaDeudaYA! ha logrado más de 10,000 firmas a favor de la auditoría en una petición al gobierno entrante para que se comprometan con la Ley 97 del 2015 y en apoyar los trabajos de la Comisión. La petición la pueden encontrar en http://www.peticion.auditoriaya.org/. Para más información sobre la auditoría también pueden entrar a https://www.facebook.com/FrenteCiudadanoAuditoriaDeLaDeuda/

NotiCel obtuvo copia de una de las misivas enviadas a José González, perteneciente a la Comisión auditora. La compartimos a continuación.

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