Ya ratificada la Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, medida que condiciona la extensión de la moratoria al cumplimiento de los servicios esenciales, todo apunta a que la administración de gobierno cumplirá con unos pagos e incumplirá con otros.

Lo que resta por ver es qué servicios públicos la administración continuará pagando y cuánto, si algo, tendrán disponible para pagar a los acreedores.

En síntesis, esta nueva medida establece como la política pública la inclinación a pagar las obligaciones de deuda a los acreedores en la medida que se el gobierno pueda cumplir con el ofrecimiento de servicios esenciales – término que vagamente cobija la salud, la seguridad y el bienestar, sin ofrecer mayor detalle.

Qué es un servicio esencial

Elías Sánchez, representante del gobernador ante la Junta de Control Fiscal (JCF) lo explicó de la siguiente manera el pasado miércoles al presentarse la medida: 'Una vez se cumpla (con el pago de servicios esenciales) todo dinero disponible, incluso aquel que logren por recortes, eficiencia y reorganización gubernamental, irá destinado a cumplir con obligaciones como deudor'.

Según indicó Sánchez en ese momento, la definición de servicios esenciales será un proceso que tomará tiempo y que se definirá en el Plan Fiscal, documento para el cual la JCF aceptó extender su entrega hasta finales de febrero.

Sin embargo, el Plan para Puerto Rico, documento que establece la ruta que tomará esta administración, abunda sobre este asunto. Indica que al amparo de la Ley PROMESA solicitarán 'completar una evaluación exhaustiva de sobre los 340 servicios por 118 agencias y los gastos operacionales del gobierno, para entender cuáles son esenciales y deben ser provistos por el gobierno, y cuáles pueden ser descontinuados, consolidados, automatizados o delegados al sector privado, municipios o el tercer sector'.

Más adelante el Plan dice: 'Hemos llevado a cabo este análisis por los pasados 4 años como parte de nuestro Plan para Puerto Rico y los presentaremos al Gobierno Federal como la alternativa viable para transformar a Puerto Rico'.

A preguntas de la prensa durante la reunión del 28 de enero de la JCF, el presidente de ese ente, José Carrión III, sentenció, 'nosotros no somos el gobierno electo de Puerto Rico… El que toma la determinación de qué es un servicio esencial es el gobierno electo de Puerto Rico'.

Así las cosas, será menester de la administración procurar el funcionamiento de las áreas más esenciales del aparato gubernamental, teniendo en mente la estrechez del presupuesto actual y procurando una partida para pagos parciales de la deuda. De esta manera, según Rosselló Nevares, demuestran la buena fe del gobierno para negociar los términos de la deuda.

De 'hay que pagar' a 'hay intención de pagar'

En entrevista con Bloomberg News este mes, Rosselló Nevares explicó que la manera en que procederá para pagar cumplir con el pago de la deuda será mediante un sistema en que pagarán lo que pueden en vez de incumplir por ninguna razón. '[Es un] cambio filosófico de lo que tenemos ahora en Puerto Rico. Tenemos una ley de moratoria cuyo objetivo era no pagar… Estamos moviéndonos a la inclinación de pagar (willingness to pay)', dijo el primer mandatario.

Concluido el proceso de análisis de los informes de transición, la administración, por primera vez, admitió que la situación de liquidez que enfrenta el gobierno es más precaria de lo que vislumbraban, por lo que no descartaron la posibilidad de un cierre de gobierno.

Sin embargo, previo a esa nueva apreciación de la crisis fiscal, los funcionarios que llegaron al poder el pasado mes de noviembre aseguraron que el gobierno podía pagar la deuda y los servicios esenciales por lo que el incumplimiento y la moratoria eran innecesarios. De hecho, el Plan para Puerto Rico anticipó que el gobierno no tendrá suficiente liquidez para financiar sus operaciones a corto y mediano plazo a inicios del 2017 y añade, 'el Programa de Gobierno contempla directamente esta situación y asume el reto'.

Previo a la publicación de este documento el propio Rosselló Nevares aseguró a Bloomberg News el pasado mes de junio que la deuda se puede pagar mediante un plan de pago razonable con los acreedores que acordaría después de tener una idea clara del estado de las finanzas de Puerto Rico. En ese momento tampoco descartó un recorte al principal adeudado (un 'haircut').

Otros funcionarios fueron más allá y aseguraron que la deuda es pagable bajo los términos actuales y sin la necesidad de una paralización de litigios (un 'stay'). En una columna publicada en la revista política The Hill en verano del 2015, la actual comisionada residente, Jenniffer González, rechazó la propuesta para extender el Capítulo 9 de Bancarrota a la Isla y aseguró que mediante la imposición de síndicos en agencias de gobierno y con el establecimiento de Alianzas Público Privadas (APP) podían cumplir con obligaciones de deuda.

Por su parte, el hoy director de la Oficina de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Carlos Mercader, se opuso a la aprobación del entonces proyecto PROMESA por proveer un 'stay' de 18 meses. Según señaló Mercader a The Hill en abril del 2016, la entonces propuesta federal 'proveería una salida fácil al gobierno tras años de sobregastos y mala administración', a la vez que 'desincentivaría la negociación con bonistas'.

Pese a la movediza opinión de los funcionarios de esta administración en cuanto la deuda y si es pagable tal como está, bajo términos modificados o a condición del cumplimiento de unos servicios esenciales que no están del todo definidos, la moratoria al pago de la deuda, para todos los efectos, continua. Al menos hasta que se ejecute el proceso de identificar las cuantías presupuestarias asignadas a la salud, la seguridad y el bienestar público y el restante que corresponderá únicamente al pago de la deuda, según la administración.