El gobernador Ricardo Rosselló someterá el próximo martes un Plan Fiscal que cumpla con los recortes requeridos por la Junta de Control Fiscal (JCF), pero en un termino mayor a los dos años que exige el organismo creado por la Ley PROMESA.

Los recortes recomendados por la junta deben darse a más largo plazo para evitar un efecto adverso que tendría en la economía del país, aseguró el Primer Mandatario en mesa redonda con NotiCel.

'El término va a tener que ser mayor y mi posición es consistente con la posición del proyecto de PROMESA', sostuvo.

En una carta enviada en enero, la JCF delineó las áreas que la Administración Rosselló deberá incluir en su Plan Fiscal para que al año fiscal 2019 el Gobierno logre generar ingresos adicionales y/o ahorros anuales por la cantidad de $4,500 millones.

Las recomendaciones, en aquel momento fueron rechazas por el Gobernador, quien le respondió por escrito que un plan basado exclusivamente en reducción de servicios de salud, recortes y despidos era inaceptable e incompatible con la Ley PROMESA.

Aunque funcionarios del gobierno han planteado que delinean propuestas para contrarrestar los recortes de la Junta de Control Fiscal, el plan pondera cuadrar la caja, pero no en el tiempo que pide la Junta.

'Yo no creo que debe ser un recorte inmediato. Creo que debemos hacer y utilizar toda la plataforma de PROMESA que nos permita una pista más amplia. Ahí tenemos una discrepancia entre lo que la Junta sugiere y lo que nosotros sugerimos', insistió Rosselló Nevares.

Sobre los propuestos recortes opinó que se entienden dentro de una mentalidad puramente fiscal, pero no coinciden con los objetivos de mejorar la economía y mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños.

De acuerdo al Gobernador, los recortes con un impacto fiscal inmediato planteados por la JCF se pueden conseguir, por ejemplo, despidiendo a 45 mil empleados públicos, pero el efecto social, económico e incluso en los recaudos, sería devastador.

'La política pública toma (tiempo) en implementarse. Por ejemplo, la consolidación de agencias; las agencias no se consolidan de la noche a la mañana, pero si tienes una política pública establecida y va a dar resultados por qué ajorarse para algo que, aunque inmediatamente llegues a los objetivos, tenga un efecto tan nocivo social que en dos o tres años estés en una situación peor a la que estás hoy', cuestionó el Primer Ejecutivo.

Aseguró que su meta es que sea el gobierno el que tome las decisiones para ajustar los ingresos y gastos del presupuesto, y no la Junta de Control Fiscal.

'Yo quiero que sea nuestra administración. Yo voy a presentar un plan fiscal', reiteró.

Según Rosselló, la situación se agrava con la imprecisión de la data financiera del gobierno y el retraso de los estados financieros auditados. No fue hasta junio del pasado año que el gobierno hizo públicos sus Estados Financieros Básicos Auditados e Información Suplementaria Requerida para el año fiscal terminado el 30 de junio de 2014 (Estados Financieros 2014).

'Yo estoy de acuerdo totalmente que sin los estados financieros auditados esta data no es tan buena. Dudo que la data que nos está dando la administración sea correcta. Todavía no sabemos cuán profundo este problema va. Si seguimos esa premisa creo que el problema puede ser más oneroso', admitió.

Asimismo, dijo que sería razonable procurar que esos estados financieros estén lo antes posible para asegurarse que lo que sea ese plan se pueda ejecutar apropiadamente. Los datos financieros del gobierno no contienen partidas que se han gastado o que se han transferido de otras áreas, que para todos los efectos son deuda del gobierno no informada.

'A nosotros nos han mentido por muchísimo tiempo en términos de cuántos son los ingresos en el gobierno y cuánto son nuestros gastos', aseveró.

Explicó que particularmente, en los últimos cuatro años, la limitación fiscal del gobierno provocó que este tomara prestado en áreas que no tenía inherencia con el propósito de inyectar liquidez al fondo general, pero sin cuantificarlo.

'Los 580 millones que sacaron del Sistema de Retiro los sacaron sin contabilizarlos y los gastaron sin contabilizarlos. Existe una deuda de 580 millones y existe un gasto que no se está contabilizando. El resultado es que cuando el gobierno dice que gastó 9,000 millones en realidad gastó 15,000 millones y esa diferencia es dramática', aseguró Rosselló.

Pese a este desfase en la data financiera, el Gobernador desmanteló la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público, una entidad ciudadana creada por la pasada administración para auditar la deuda. Esto ha provocado un movimiento ciudadano para reclamar que se reinstale la comisión para que se revise el endeudamiento público como un mecanismo de transparencia sobre las transacciones financieras del gobierno.