Todo parece indicar que los municipios buscarán ser parte del caso de quiebra del gobierno debido al impacto fiscal que tendrá en sus arcas los recortes y reestructuración de la deuda.

Tanto la Asociación de Alcaldes como la junta de directores del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) estudian muy de cerca el proceso en el Tribunal.

En el caso de los alcaldes asociados no descartan solicitar se les constituya formalmente como comité de acreedores; mientras que en el CRIM han contratado abogados para, por ahora, participar como observadores.

El primer paso lo tomó el alcalde de Maunabo, Jorge L. Márquez, que mediante carta solicitó audiencia con la jueza Laura Taylor Swain. Esta rechazó reunirse con el alcalde, pero dejó las puertas abiertas para que Maunabo y el resto de los municipios participen formalmente en corte.

De acuerdo al abogado de quiebras Rolando Emmanuelli, el alcalde no utilizó los mecanismos legales correctos para ser escuchado en corte, por lo que jueza entendió que estaba solicitando una reunión privada para presentarle la situación fiscal de los municipios como secuela de las medidas de recortes tomadas por el gobierno central.

'El error del alcalde fue escribirle a la jueza en lugar radicar un recurso en el tribunal solicitando un remedio. Esta deniega la petición porque lo correcto es acudir a la corte mediante un recurso legal, no una carta', explicó Emmanuelli.

El pasado 30 de mayo, el alcalde de Maunabo solicitó a la jueza asignada al caso de quiebras del gobierno que le conceda una oportunidad para este, junto a los presidentes de las organizaciones que representan a los 78 municipios, puedan presentar las serias repercusiones en los servicios a los ciudadanos del recorte de $350 millones a los municipios.

'Tengo la responsabilidad de explicar el efecto que podría tener la reducción de $350 millones a las municipalidades, de las cuales soy parte', señaló en la carta Márquez, tras reconocer la difícil situación fiscal que enfrenta el país y la necesidad de buscar alternativas económicas que afecten lo menos posible a los ciudadanos.

En la carta, el expresidente del CRIM desglosa algunos temas a discutir incluyendo el recorte de fondos; así como los recursos de los ingresos de los municipios, la distribución y responsabilidades de estos y varias alternativas para ingresar fondos al erario en lugar de la eliminación de los $350 millones.

'Debo declinar su petición porque… podría ser inapropiado que me reúna con alguna de las partes interesadas fuera de los procedimientos en corte. Como los casos continúan en desarrollo, podría haber una oportunidad para usted y sus colegas de expresar sus preocupaciones en una vista en corte', contestó la jueza en una carta el 13 de junio.

Además,Swain le sugirió al alcalde ponerse en contacto con la Junta de Control Fiscal como representante del gobierno y sus instrumentalidades en el caso de quiebra judicial bajo el Título III de PROMESA.

Precisamente, algunos alcaldes exploran las alternativas legales que tienen para llevar a la corte sus reclamos, confirmó a Noticel el presidente de la Asociación de Alcaldes, Rolando Ortiz. Estos se reunieron esta semana y se encuentran analizando junto a sus asesores legales solicitar al Tribunal ser parte del caso de quiebra del gobierno.

No descartan radicar en el Tribunal Federal un recurso para que se constituya un comité de municipios por el efecto devastador que tendrá el recorte de $350 millones en los servicios que ofrecen a la ciudadanía.

También ponderan unirse al caso radicado por la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz en contra del acuerdo (RSA) del Banco Gubernamental de Fomento.

'Conocemos de la petición del alcalde de Maunabo y la suscribimos. Hemos tenido reuniones con bufetes de abogados de Estados Unidos y con bufetes locales. Los alcaldes nos reunimos a discutir todas las alternativas el pasado martes, incluyendo unirnos en el caso de quiebras', señaló el también alcalde de Cayey.

La determinación de unirse al pleito será un remedio para que se les escuche ya que las decisiones atropelladas del gobierno central impactarán a miles de personas que reciben servicios de los gobiernos municipales. 'Se afecta la gente que depende de los servicios de los municipios', insistió.

Por su parte, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera dijo que la junta de directores del CRIM, de la que es miembro decidió este miércoles buscar asesoría legal para determinar si los municipios deben participar o no en el proceso, aunque por ahora entiende los municipios no forman parte de lo que se discute en el pleito de quiebras ya que el recorte se aprobó. Podría depender de lo que ocurra con la reestructuración del BGF.

'Los abogados que vamos a contratar nos van a asesorar y nos van a decir qué es más conveniente; si nos quedamos como observadores o si solicitamos participar del proceso. Eso es algo que se va a estar discutiendo en los próximos días', señaló Rivera.

Los municipios son parte interesada en el caso por lo que podrían solicitar que se les constituya en un comité para ser parte del caso en el Tribunal Federal. La determinación de si es propio que se constituya un comité de municipios le corresponde a la juezaSwain junto a la Síndico de Quiebras de EEUU, Monsita Lecaroz.

'Si deciden participar y lo solicitan es lo mejor en términos procesales y económicos. De constituirse en un comité, los municipios pequeños, en fin, todos estarían representados por un grupo de los municipios', indicó Emmanuelli.

Pero la responsabilidad final recae en que los municipios se pongan de acuerdo, y lo soliciten para convencer a la corte que es necesario que se constituya ese comité de acreedores porque son parte interesada en el caso, independientemente del partido político al que pertenezca cada alcalde.

Son los propios municipios los que tienen que poner en condiciones a la jueza de que se va a ahorrar muchos dolores de cabeza si hace un comité y que la Síndico esté de acuerdo porque la jueza le va a dar deferencia a la Síndico. Esto no es algo ordinario', recalcó Emmanuelli.

Ni el alcalde de Maunabo, Jorge Márquez ni el presidente de la Federación de Alcaldes, Carlos Molina, respondieron las llamadas de este diario para conocer qué pasos tomarán en medio del proceso judicial de quiebras.

Carta enviada por el alcalde de Maunabo y contestación de la jueza Swain_25571