El 2018 traerá consigo retos fiscales y estructurales para la reconstrucción de Puerto Rico, ya que el paso de los huracanes Irma y María y las decisiones del gobierno de los Estados Unidos trastocaron el estado económico de la isla, uno que ya se encontraba en una fase precaria.

Previo a los fenómenos atmosfericos, Puerto Rico sostenía una deuda mayor de $70,000 millones y el Gobierno ideaba alternativas para lidiar con su futuro fiscal y la de sus agencias, como la quiebra de la Autoridad de Energía Electrica (AEE).

No obstante, ante el atraso en los procesos y el colapso de la red el 20 de septiembre, el camino hacia el 2018 y la posible reestructuración de la isla acarreará obstáculos del año en curso.

Recuperación depende de la AEE

El regreso a la 'normalidad' se ha visto imposibilitado en gran medida por la falta de energía electrica, tanto a nivel residencial como el comercial y en las operaciones acostumbradas del gobierno.

Como es harto sabido, a 100 días del huracán María, la AEE no había producido un 70% de generación energetica y la corporación pública confesó el estimado de que 45% del país continuaba a oscuras. Esto, pese a que para esa fecha se suponía que Puerto Rico contara con 95% de generación y/o personas con energía electrica, de acuerdo a las metas establecidas por el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares.

De acuerdo a comunicaciones oficiales, el huracán impactó "severamente la mayor parte de la infraestructura energetica", por lo que han requerido "reparaciones complejas y reconstrucción extensa". En tres meses, la corporación pública había recibido casi 14,000 postes y esperaba la llegada de 7,000 adicionales.

Empero, la paciencia pareció agotarse, ya que rebasada la marca de 90 días, varios residentes de diversas partes de la isla se lanzaron a la calle para exigir la restauración del servicio. Igualmente, en municipios como San Sebastián se crearon brigadas independientes --en ese caso la Pepino Power Authority-- que lograron encender a las comunidades.

Además, el vacío de refugios del gobierno, el arreglo de las telecomunicaciones y la restitución del servicio de agua potable dependen de un sistema electrico estable y funcional, según han señalado las respectivas agencias.

De cara al 2018, entonces, la AEE tendrá que restablecer el servicio al remanente de la población, a toda vez que reforma su red energetica y atiende su proceso de quiebra.

Nueva ola de planes fiscales

Atado a todos los procesos venideros del gobierno y sus dependencias en el 2018 se encuentra la Junta de Control Fiscal (JCF), ente encargado de las finanzas del país.

Tras el desastre natural, la JCF ordenó una revisión al Plan Fiscal de Puerto Rico, así como de sus agencias, con una fecha de entrega post prórroga del 10 de enero. Ese día deben estar listos los documentos del Estado Libre Asociado, la AEE, y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, con miras a certificarse el 23 de febrero de 2018.

Mientras, los planes fiscales de la Universidad de Puerto Rico, la Autoridad de Carreteras y Transportación, el Banco Gubernamental de Fomento y la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas tendrán hasta el 9 de marzo, con el 20 de abril de 2018 como posible fecha de certificación.

Además de encaminar el futuro fiscal de Puerto Rico, la JCF tendrá a su haber la evaluación de futuros contratos de la AEE y la supervisión y filtración de las ayudas suplementarias provenientes del Congreso a los fines de lidiar con las catástrofes naturales.

Sigue el Tribunal de Quiebras

Por otra parte, la JCF tambien continuará su rol en las audiencias de los casos de Título III, o procedimiento similar a la quiebra, de Puerto Rico, liderado por la jueza Laura Taylor Swain. En parte porque durante la última vista propusieron dejar abierto hasta mayo 2018 el período para que suplidores y contratistas reclamen deudas con el gobierno.

En la última vista del año, la jueza federal ordenó a la Administración de Sistemas de Retiro (ASR) a continuar pagando a sus bonistas y los intereses de sus bonos, cuyo pago fue suspendido a mediados de julio, pendiente a una orden que suponía ser emitida en octubre.

Las próximas vistas están pautadas para el 7 de febrero, 7 de marzo y se extenderán, al menos, hasta el 12 de septiembre de 2018.

El Congreso aún no aprueba ayuda post-huracán

Pocos días antes de Navidad, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la polemica reforma contributiva, a modo de cumplir con promesas de campaña del presidente, Donald Trump. En el estatuto, se establece que Puerto Rico verá un impuesto de 12.5% en todas sus patentes y licencias porque será tratado como un país extranjero.

La medida, altamente criticada por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, la comisionada residente en Washington Jenniffer González Colón, legisladores e incluso algunos congresistas, repercutirá principalmente en el sector industrial que opera en la isla y aporta aproximadamente 70 mil empleos directos y 200 mil de forma indirecta.

La Asociación de Industriales, por ejemplo, al igual que el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, han advertido que el impuesto le restaría competitividad a Puerto Rico y podría redundar en el abandono de múltiples corporaciones foráneas y una baja en recaudos superior a los $2,000 millones.

En respuesta a la determinación, Rosselló Nevares tildó de hipócritas a los miembros del Congreso por aprobar un estatuto tan nefasto. A modo de desquite, anunció que organizará a los puertorriqueños que residen en la nación norteamericana para votarle en contra a los legisladores federales durante las elecciones de medio termino, evento electoral pautado para el verano.

Igualmente, el Congreso dejó pendiente la ayuda suplementaria de desastres para Puerto Rico que suponía ser destinada para la recuperación de la isla luego de los huracanes. En una carta enviada a los funcionarios federales, Rosselló Nevares solicitó la subvención y en que programas serán utilizados.

La sesión congresional está convocada para reiniciar el 3 de enero de 2018.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en ingles), por su parte, ha desembolsado más de $830 millones.

Fuera de los temas fiscales, el gobierno de Puerto Rico tendrá que lidiar con la creciente ola migratoria, una que estiman supera el medio millón, y el exodo profesional, además de las secuelas del huracán.

Entre ellas se encuentran las reformas a la infraestructura y el recuento de las muertes adjudicadas al fenómeno atmosferico.