Ante la juez federal Laura Taylor Swain quedará la decisión final sobre el prestamo de $550 millones que proveerá el gobierno central a la Autoridad de Energía Electrica (AEE) para mantenerla operacional ante la falta de liquidez provocada por la falta de cobro debido a la interrupción de servicio prolongada ocasionada por el huracán María.

Pero a pesar de que decenas de acreedores de la AEE han objetado esa moción, uno en particular se destaca, pues supone ser el más reciente que entró al caso en reclamo de $100 millones adeudados por servicios - de emergencia post María - rendidos entre octubre y noviembre: Whitefish Energy Holdings.

Según reza una de las dos objeciones sometidas por Whitefish para esta moción en particular, la empresa con sede en el estado de Montana indica que la AEE aun le adeuda más de $100 millones de dólares por trabajos realizados bajo contrato. Dicho contrato tenía un tope de $300 millones por 12 meses, pero fue cancelado prematuramente ante señalamientos sobre la manera irregular en que Whitefish fue contratado, su modo de trabajo por subcontratos a otras compañías establecidas en el estado de Florida y las tarifas astronómicas que requirieron por sus servicios, pese a la maltrecha situación económica de la AEE y el recien azote del huracán María.

Inicialmente, Whitefish solicitó a la corte a requerirle a la AEE explicar detalladamente cuáles son las fuentes de ingreso y el uso autorizado de una cuenta segregada que crearía la corporación pública al recibir el propuesto prestamo del gobierno. Dicha cuenta mantiene unos $47.8 millones que se dedicarán exclusivamente para pagar trabajos de alivio de desastre.

Por otra parte, tambien piden aclarar los usos no elegibles para el prestamo, pues señala que gastos relacionados a la recuperación del desastre provocado por el huracán María no son elegibles para el prestamo. En otra moción radicada el pasado viernes 9 de febrero Whitefish indicó que una de las excepciones de pago es por concepto de pagos que FEMA reembolsaría a las compañías que trabajaron en la recuperación del sistema electrico.

'Este lenguaje es demasiado restrictivo y debería ser clarificado para reflejar claramente el proceso que gobierna los pagos de FEMA por costos incurridos por la AEE. Ese proceso es que la AEE paga al contratista (como Whitefish), por facturas sometidas por el contratista. La AEE despues somete las facturas del contratista a FEMA y despues la AEE es reembolsada por FEMA', reza la objeción suplemental radicada por la abogada Ann Marie Uetz del bufete Foley & Lardner LLP.

A finales de noviembre del 2017, con días restando para culminar el contrato, Whitefish levantó una disputa contra la AEE por no pagar unos $83 millones que adeudaban hasta ese momento por servicios rendidos. Aunque la firma terminó retomando labores tras un alegado pago recibido por la AEE, lo cierto es que a mediados de diciembre el director ejecutivo interino de la AEE, Justo González, afirmó a NotiCel que se encontraban en proceso de evaluar las facturas para que puedan ser reembolsadas por la Agencia Federal de Manejo de Desastres (FEMA en ingles).

La entrada de Whitefish al pleito de Título III de la AEE demuestra la intención de esa compañía en cobrar la cantidad adeudada por la vía legal. Aunque en su escrito, Whitefish alega que no fueron contratados para restaurar energía electrica a toda la Isla, lo cierto es que su contratación - aprobada por el ex director ejecutivo de la AEE, Ricardo Ramos - fue acordada días antes del paso del huracán María, además de que no fue hasta 40 días despues del paso del huracán que la AEE formalizó un pedido de ayuda a la American Public Power Association (APPA), que se dedica a este tipo de trabajo de emergencia.

En desventaja numerica la AEE

Según la agenda preparada en conjunto por las partes, se estima que la vista durará seis horas. Por una parte, la representación legal de la AEE - comandada por la firma Greenberg Traurig - y la de la JCF - encabezada por Proskauer Rose - tendrán que justificar la emisión de ese prestamo, ante decenas de objeciones levantadas por la oposición.

Además de Whitefish, los detractores de la moción incluyen al grupo Ad Hoc de Obligaciones Generales, las aseguradoras de bonos National Public Finance Guaranty, Ambac Assurance y Assured Guaranty.

La vista sería la primera celebrada en los procedimientos de Título III que contará con testigos que hablarán a favor y en contra. Estos son Todd Filsinger, principal oficial financiero de la AEE, Gerardo Portela, director ejecutivo de la AAFAF, Dustin Mondell, asesor legal de la firma Rothschild, y Andrew Wolfe, asesor legal de la JCF. Por parte de los bonistas testificará el asesor del grupo Ad Hoc de Bonistas de Obligaciones Generales, Stephen Spencer.

Los procedimientos se llevarán a cabo a pesar de la ausencia del plan fiscal revisado de la AEE que suponía entregarse el pasado lunes. Aunque el director de la AAFAF aseguró en entrevista radial que los planes de la AEE y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados no se harán públicos, 'por ahora', se anticipa que el asunto será uno de los argumentos que esgrimirá la oposición y posiblemente la propia juez Swain, quien requiere el plan fiscal para guiar sus decisiones durante los procedimientos que lleva a cabo.