Ante el litigio incoado por la Junta de Control Fiscal (JCF) para invalidar $6,000 millones de la deuda de obligaciones generales (GOs) emitidas por el Gobierno de Puerto Rico, el grupo Ad-Hoc de bonistas GOs tildó de irreal la intención de tomar esa ruta a la vez que establecen un plan de ajuste.

El abogado del grupo Ad-Hoc, Mark Stancil, insistió que la JCF debería evitar estos litigios costosos e implementar reformas estructurales en el Gobierno de Puerto Rico. Aunque reconoció las decisiones emitidas por la jueza Laura Taylor Swain, Stancil sostuvo que la Junta puede insistir para que el gobierno tome acción a traves del Ejecutivo o la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).

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Por su parte, el abogado de la JCF, Martin Bienenstock, rechazó el planteamiento de Stancil sobre la inacción de la Junta para implantar reformas mientras recordó el intento que llevaron por derogar la Ley 80 sobre indemnizaciones para empleados públicos despedidos sin justa causa. En adición, el abogado de la AAFAF, Peter Friedman, dijo que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares apoyó las reformas propuestas a la Ley 80 e intentó alcanzar un acuerdo con la Junta.

El año pasado, la Legislatura -en particular el Senado- demostró una ferrea oposición a la derogación de la Ley 80 encendiendo una rencilla con el Gobernador, quien se alineó con la Junta. Ya en agosto del año pasado, la JCF desistió de sus planes.

Sobre la objeción que presentaron para invalidar $6,000 millones en obligaciones generales, Bienenstock sostuvo que cuentan con opiniones legales que recomendaron ese curso de acción para beneficio del Gobierno. Sin embargo, el abogado de la Junta rechazó que el litigio se torne costoso y largo, señalando que eso solo ocurrirá si el grupo Ad-Hoc se niega a negociar.

En contraste, Stancil señaló que la poca popularidad que tienen los bonos disputados medió en la decisión de objetarlos. Enfatizó, de paso, que la confección del plan de ajuste no puede tomar como base en este litigio, pues no hay espacio para interacción con los acreedores para resolver el asunto de manera distinta. Ante este panorama, advirtió que la corte no debería dar a la JCF un espacio ilimitado para procesar estos asuntos, pues tendría que decidir si pueden aprobar un plan de ajuste en ausencia de reformas estructurales sin ejecutar.

Además del grupo Ad-Hoc, la aseguradora de bonos Assured Guaranty tambien consignó una posición similar ante sus inversionistas, indicando que la Junta y el Gobierno deben trabajar para pagar sus deudas y no dilatar el proceso de reestructuración.

En su caso, señalaron que la garantía constitucional de esos bonos debería prevalecer o el Gobierno y la Junta se arriesgan a perder credibilidad para retornar a los mercados de capital.